La Celac y la democracia
Algunos de los noveles miembros aspiran recrear el antimodelo de las democracias populares
El hecho de evitar la Celac comprometerse con la forja de estructuras que le den solidez y aliento en sus propósitos, indica que los mismos gobiernos no están seguros o contestes al respecto y sobre los caminos para su realización; optan, sensatamente, por el ensayo y error, a pesar de que la indicada comunidad es heredera de dos esfuerzos anteriores de concertación intergubernamental,
El nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y la apelación de Felipe Calderón, presidente de México, para que proteja a la democracia, muestran un camino interesante para la recomposición de las relaciones internacionales dentro de la región. Sus frutos cabe apreciarlos a mediano plazo.
En una hora en la que las instituciones multilaterales de la posguerra del siglo XX -ONU, OEA, UE- se revelan incapaces, tanto como sus Estados miembros, para asumir con eficacia los desafíos del tiempo en curso, dominado por las comunicaciones y el final de las fronteras, la iniciativa representa un intento válido para el encuentro de caminos diversos si no distintos. Poco cuenta, pues, la manipulación barata que hace del asunto nuestro dictador enfermo, tanto como en su momento lo hace el dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1954, anfitrión de la Conferencia de Caracas que organiza la OEA para dar vida a las Convenciones sobre Asilo. Ayer como hoy, cabe señalarlo, los venezolanos escapan al extranjero víctimas de la persecución por ambos inquilinos de Miraflores.
El hecho de evitar la Celac comprometerse con la forja de estructuras que le den solidez y aliento en sus propósitos, indica que los mismos gobiernos no están seguros o contestes al respecto y sobre los caminos para su realización; optan, sensatamente, por el ensayo y error, a pesar de que la indicada comunidad es heredera de dos esfuerzos anteriores de concertación intergubernamental, el Grupo de Contadora y su grupo de apoyo, el Grupo de Río, que nacen en 1983 y 1986, durante las presidencias venezolanas de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi.
Entonces como ahora -Calderón dixit- la preocupación es, en palabras del finado y llamado por sus pares Canciller de las Américas, Arístides Calvani (1969-1974), establecer la democracia donde no existe, fortalecerla donde es débil, y consolidarla donde está presente. De modo que razón tiene Brasil al plantear que el consenso, ab initio, es lo conveniente. Antes que todo cabe redescubrir y obtener acuerdos en cuanto a los paradigmas que marcan la existencia de la Celac y su capacidad de inserción en los espacios inéditos de la globalización. Esos consensos determinan su vida o su muerte.
Es evidente que algunos de los noveles miembros de la Celac, tanto como su anfitrión, aspiran recrear el antimodelo de las democracias populares, que entierra sin posibilidades de resurrección el siglo pasado. Es la máscara que disimula, a ritmo de BlackBerry, la dictadura comunista. Pero requieren la unanimidad de sus pares, y todos suman 33. Y las realidades no cambian así nomás, menos entre países de tradición nominalista como los nuestros, donde los códigos marchan a contravía del quehacer de sus pueblos y gobiernos; por más que los cultores del parque jurásico que denominan socialismo del siglo XXI se repitan en su catecismo, para convencerse a sí mismos y arrastrar a los incautos.
Un dato si cabe tener presente y su diagnóstico es obra anticipada de la Cumbre de las Américas que en 2001 dispone la redacción por la OEA de la Carta Democrática Interamericana. No bastan las elecciones -siendo esenciales- para tener democracias verdaderas. Ellas reclaman de los gobiernos un ejercicio consistente con la democracia, que se resume en el respeto y la garantía de los derechos humanos, de acuerdo a leyes democráticas, asegurados por recursos judiciales efectivos, atendidos por jueces independientes. La democracia, en fin, deja de ser mera forma de los gobiernos o medio o procedimiento para que estos se constituyan; es ahora y en lo sucesivo, como cabe repetirlo, un fin, un derecho humano transversal, el derecho a la democracia.
Al respecto no es ocioso señalar que tal convicción colectiva en las Américas acerca de la democracia no es el producto del azar. Es consecuencia de una larga decantación que se inicia en 1826 con el Congreso Anfictiónico de Panamá, tiene su escala en 1948 en Bogotá cuando nace la OEA, y a la caída de las primeras dictaduras militares en 1959 fija, en Santiago de Chile, sus paradigmas; que sólo remoza y actualiza, en Lima, la mencionada Carta Democrática.
Más allá de las nuevas formas y estructuras constitucionales que demanda el tiempo por venir, lo sustantivo sigue allí y mal puede desfigurarse a manos de traficantes de ilusiones o gendarmes de nuevo cuño. Bien dice recién la Corte Interamericana que «la sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto… de los derechos humanos»… cuya protección «constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías».
