La burla
“Sólo falta el visto bueno de la Presidencia de la República para iniciar su ejecución”, declaraba a El Nacional el 19 de febrero de 2009 la Directora de Texne, la empresa universitaria contratada un año antes por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para elaborar el Plan Maestro del Parque La Carlota; tres años después se desconoce el destino de ese Plan, pero ahora se lo pretende sustituir por otro, formulado en secreto por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales para Caracas, un engendro concebido para burlar a las autoridades legítimas de la ciudad.
La tomadura de pelo empezó diez años atrás, en septiembre de 2001, cuando Hugo Chávez ofreció sacar a la Fuerza Aérea de La Carlota para transformar la base aérea en un parque; sin embargo, un año después la estrangulaba decretándola Zona de Seguridad, situación que se mantiene hasta la fecha. Luego, en una seguidilla de improvisaciones típicas del régimen, se amagó varias veces con la construcción de viviendas y de un “polo tecnológico”, terminando por último con la instalación, sin razones que lo justificaran, de una ensambladora de equipos electrónicos.
En una suprema demostración de improvisación, paralelamente a un supuesto proyecto de Parque Científico Tecnológico Bicentenario de la Independencia, iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 2006 se comenzaron movimientos de tierra cuya finalidad ‑la construcción de 620 viviendas por parte de otro ministerio- sólo pudo conocerse gracias a una acción del movimiento vecinal ante el Tribunal Supremo de Justicia, pues las dependencias correspondientes se negaban a informar. Fue esa presión ciudadana la que finalmente condujo a que el MCT contratara el citado Plan Maestro de 2009, pero, pese a las promesas, ya se vio el resultado: el visto bueno de la Presidencia nunca se produjo y ahora, siempre bajo la batuta del ubicuo ministro Sesto, se ofrece un nuevo plan que nadie conoce.
Para terminar con la burla es fundamental que el Gobierno Nacional deje de hacer promesas y proceda a derogar el decreto de Zona de Seguridad que impuso a La Carlota. A partir de ahí la responsabilidad deberá ser asumida por las legítimas autoridades de la ciudad: las alcaldías Metropolitana, de Chacao y de Sucre y el Gobierno del estado Miranda. Que no deben abocarse a redactar otro plan, sino a convocar el concurso público al que tanto temen el autoritarismo militar y sus mujiquitas.
