La arrogancia de una minoría
La Iglesia Católica, los medios de comunicación, sectores universitarios, sindicatos, empresarios y organizaciones de la sociedad organizada, como CEDICE, han expresado su preocupación por el giro totalitario, de corte comunista, que el gobierno de Hugo Chávez emprendió desde el pasado 26 de septiembre, cuando perdió la mayoría de los votos populares.
El Gobierno tomó como excusa las lluvias de noviembre y diciembre, que afectaron a una parte del territorio nacional, para continuar atacando a los productores agropecuarios. Utilizó a los diputados de una Asamblea Nacional que expiraría el 4 de enero –la mayor parte de los cuales fueron electos con menos de 1.000 votos, además de que 90% de ellos no repetiría en la nueva legislatura- para aprobar un conjunto de leyes que socavan la democracia, debilitan la acción del Parlamento, acaban con la independencia de los poderes y concentran el poder de forma abusiva en el comandante. La Ley Habilitante convirtió al autócrata en el gran legislador nacional, minimizando el papel de los representantes electos el 26-S y desconociendo la voluntad popular. Si el pueblo hubiese querido que el jefe del Estado gobernase por decreto, en esa ocasión le habría concedido la mayoría de los sufragios.
Una minoría fanatizada y enceguecida por la doctrina marxista y por su afiliación al modelo cubano, intenta imponerle a toda la nación un esquema basado en el atropello a las instituciones democráticas: el Parlamento, la descentralización, la autonomía universitaria, los medios de comunicación, la propiedad privada, la libertad de pensamiento, la propiedad privada. La destrucción causada por los torrenciales aguaceros y la tragedia que aún embarga a miles de familias venezolanas, en vez de haber sido aprovechada para unir todo el país en torno a un objetivo compartido, ha sido aprovechada para ahondar aún más la brecha que separa a nuestros compatriotas. Se enarbola de forma irresponsable la tesis de la lucha de clases para alimentar el resentimiento y la confrontación, incluso sin respetar el período navideño, cuando la mayoría de los pueblos del mundo entran en una etapa de paz y fraternidad. Con un discurso altisonante se agrede y amenaza a parlamentarios, autoridades y dirigentes gremiales y empresariales que han defendido con valentía e inteligencia la autonomía de los sectores que representan.
El amplio paquete de leyes aprobado de forma atropellada e inconsulta por la Asamblea Nacional saliente, con el único fin de complacer el voraz apetito de poder del Presidente, mina los fundamentos del sistema democrático nacido el 23 de enero de 1958, basado en la pluralidad, la inclusión de la disidencia, la tolerancia, la propiedad privada, la libertad de expresión y el perdón. Esta embestida contra el sistema de libertades busca desmoralizar a los venezolanos. Sembrar dudas acerca de la importancia insustituible del voto como instrumento para propiciar los cambios políticos que la mayoría demanda. Atemorizar e introducir el miedo en la fibra más íntima de los ciudadanos con la finalidad de que sientan que ningún esfuerzo vale la pena, ninguna elección tiene sentido, ninguna victoria es transcendente. Que el único e imperecedero poder es el del jefe de Estado.
Frente a este objetivo dictatorial, los amantes de la libertad debemos mantenernos fieles a nuestros principios: creemos en el Estado de Derecho y en la independencia de los poderes, en la democracia y en la unidad en medio de las diferencias; en la libre iniciativa, en el sufragio como herramienta para modificar de forma pacífica los sistemas políticos, en la protesta civil y constitucional, tal como lo establece la Carta Magna.
Además de vulnerar la democracia, el Gobierno anuncia un conjunto de medidas que golpearán a los venezolanos más pobres: informa que continuarán las estatizaciones, las expropiaciones y las confiscaciones, política que ha llevado a la ruina a Venezuela. Hoy el país es más pobre y más dependiente del exterior que doce años atrás. A pesar de las penurias del pueblo, el caudillo se niega a suspender inmediatamente las ayudas millonarias a Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, y a paralizar la compra de armas inútiles e innecesarias, que solo representan un costo muy alto para la nación. Prefiere castigar a los más pobres antes que abandonar su proyecto hegemónico de expansión continental.
El año 2010 cerró con un balance negativo para el país en tres dimensiones esenciales: la democracia, la libertad y la propiedad privada. La presencia del Bloque Democrático en la Asamblea Nacional y victorias como la alcanzada por la universidades al lograr el veto de la Ley de Educación Superior, permiten suponer que 2011 puede ser el año en el que comience la recuperación sostenida de la nación..
