La amenaza totalitaria contra el pensamiento libre
¿Qué es el totalitarismo?
El totalitarismo es un régimen que somete al individuo al Estado en nombre de un bien común. Pero éste no se deriva de los intereses y aspiraciones compartidos por los miembros específicos de una sociedad sino de mitos fundacionales acerca de la esencia y fines trascendentales del pueblo o colectivo en cuyo nombre se ejerce el poder. A través de una propaganda incesante, éstos se convierten en “verdades” que “justifican” la sumisión de toda persona a la prosecución de ese bien común. Los “intereses superiores” de la “revolución” que habrán de plasmar el ideal proclamado, avasalla con los derechos individuales de la población consagrados en la constitución y las leyes, y hace desaparecer el ejercicio de la ciudadanía para transformar a los habitantes en un colectivo indiferenciado cuya única razón de ser es el de consumar el destino manifiesto así esbozado, sirviendo a los dictados del Estado, es decir, del líder. El ideario totalitario necesariamente se traduce en un recetario moralista sobre el “deber ser” conque cada individuo debe conducir su vida, al suprimir toda independencia y autonomía de intereses. Este ideario se transforma, en palabras de Jean Francois Revel, en una “religión de Estado” cuyo máximo sacerdote es, por antonomasia, el líder o caudillo. De esta manera, asume la responsabilidad de “guardián” de los valores y actitudes que gobiernan cada detalle de la vida de los dirigidos y que deben caracterizar al “Hombre Nuevo”, la encarnación más acabada de ese destino manifiesto. La imposición de una ideología totalitaria, única y excluyente representación de la realidad, se convierte en la herramienta suprema para controlar a las personas y someterlas a las ambiciones de poder absoluto del líder y de su claque, pues el control se ejerce en la propia mente de éstas. Como lo expresara el historiador galo, Francois Furet, con relación a Hitler, éste “supo, por instinto, el más grande secreto de la política: que la peor de las tiranías necesita el consentimiento de los tiranizados y, de ser posible, su entusiasmo”.
“¿Para qué necesitamos la socialización de los bancos y las fábricas?” –le dijo Adolf Hitler a Hermann Rauschning, entonces presidente del Reichstag-. “¿Qué sentido tiene eso si ya he impuesto firmemente a las personas una disciplina de la que no pueden librarse? (…) Nosotros socializamos a las personas…”
Fascismo y comunismo
La historia del siglo XX recoge dos fuentes de totalitarismo: el comunismo estalinista y el nazi fascismo. La historiografía que emerge de la II Guerra Mundial los ubica como polos opuestos, enemigos antagónicos e irreconciliables, incapaces de convivir el uno con el otro. De hecho, sus imaginarios se inspiraron en orígenes diferentes: el fascismo a partir de las frustraciones y resentimientos contra el agotamiento de las expectativas acerca de la certidumbre del progreso y de la segura mejora en el bienestar de la humanidad, que había alentado el pensamiento racionalista de la Ilustración en las sociedades europeas occidentales, junto al atractivo del romanticismo de finales del siglo XIX y principios de siglo XX en diversas esferas de la vida y, en particular, en la exacerbación de sentimientos nacionalistas. Ello dio lugar a la búsqueda de respuestas redentoras, más inspiradas en las pasiones y en representaciones místicas de la realidad que en la razón, y en las cuáles el ejercicio de la violencia se exhibió como prueba de su supremacía respecto a otros proyectos. El comunismo, por su parte, alegó plasmar las leyes que supuestamente gobernaban el devenir de las sociedades según el materialismo histórico, descubiertas por Carlos Marx, e invocaba más bien el carácter racional y científico de su proyecto político. No obstante, ambas concepciones planteaban ofertas de un nuevo orden definidas en términos de una totalidad que refundaba las relaciones entre los integrantes de una nación o de la humanidad en general, y que planteaba una ruptura drástica con el pensamiento liberal sobre el cual se edificaba la institucionalización de la democracia representativa. Tanto por la similitud de sus procedimientos para concentrar el poder y doblegar a sus “enemigos”, como por el papel central que en ello juega la ideología, entendida ésta en su forma extrema como una representación social sectaria y excluyente que reemplaza aprehensiones menos sesgadas de la realidad, así como por el hecho de que el comunismo mostró estar divorciado de toda noción de progreso y de libertad para quedar reducido a pretensiones de legitimidad con base en mitos, hace que hoy sea simplemente un fascismo con ropaje “de izquierda”. Esta novedosa forma de “justificar” prácticas fascistas recibe el nombre de fascismo del siglo XXI o neofascismo.
Las amenazas del neofascismo a la libertad
En los movimientos fascistas clásicos el bien colectivo que fundamentaba sus aspiraciones de poder se construyó a partir de una mitificación del pasado histórico del pueblo, a partir de la cual brotarían sus energías vitales, sus rasgos definitorios como sujeto y objeto de la Historia (con mayúscula). Se destaca una génesis épica, en lucha contra un enemigo mortal por un bien común trascendente –la supremacía de la nación o de la etnia-, que forja a un conglomerado, hasta ese momento inconsciente de sí mismo como protagonista de la Historia, en Pueblo (también con mayúscula). De manera que el Pueblo deviene en sí mismo en mito en la retórica fascista, pues sólo existe como símbolo de las virtudes patrias, como de los augurios de una “edad de oro” de su propia hechura, que este imaginario le endilga. Sin la disposición al sacrificio por la causa –“Patria, Socialismo o Muerte”-, se diluye en un conglomerado atomizado e incoherente en sus propósitos e intereses, y deja de ser Pueblo. Invocar el heroísmo de epopeyas y glorias pasadas es por ello crucial para el fascismo, ya que rescata las identidades en torno a las cuales la masa amorfa asume su rol de Pueblo. De ahí el líder extrae el “interés colectivo” que sirve como excusa para legitimar sus ansias de poder, en tanto que es su auténtico y exclusivo intérprete. Se trata, en definidas cuentas, de una construcción circular según la cual el “verdadero” interés colectivo sólo emerge al quedar al descubierto la naturaleza intrínseca del Pueblo, su esencia, pero ésta sólo es discernible por quien tiene la visión privilegiada para descifrar las claves que definen esta naturaleza, invocando las epopeyas que le dieron su razón de ser. Arribamos así, a verdades tautológicas, indiscutibles e indiscutidas, cuyo cuestionamiento sólo puede entenderse como la negación del objeto mismo, es decir del Pueblo y, por ende, del bien común superior que lo identifica. Quien no comulga con esta verdad es, por ende, un enemigo con el cual no puede haber consideración alguna.
Lo novedoso del fascismo del siglo XXI o neofascismo es que incorpora a sus alegorías fundantes el bagaje de mitos de la izquierda comunista. Pero ya no hay pretensión de que éstos resultan de una interpretación científica de la realidad: se invocan ahora como fundamentos de una realidad alterna propuesta, enfrentada a la que sirve de referencia a los valores de la democracia liberal. Es decir, conforman una construcción ideológica que encierra un “deber ser”, un recetario moralista para la edificación de una sociedad nueva, “socialista”, que, por antonomasia, es expresión de los intereses del Pueblo, en contraposición a los valores de la civilización capitalista moderna, propia de los países avanzados. Así, desde una retórica izquierdista, se justifica el atrincheramiento de la “revolución” en nacionalismos atávicos frente a la amenaza representada por la globalización: en nombre del “progreso” y de la redención social se termina reivindicando los mismos valores ancestrales de pueblos y etnias que sirvieron de origen de las prédicas fascistas. Nuevamente, es sólo el líder –ahora Comandante en Jefe- el llamado a descifrar este malabarismo ideológico de manera que exprese un “interés colectivo” que justifique como necesidad su permanencia en el poder.
El fascismo moviliza a las masas porque sus ansias de poder deben legitimarse en nombre del Pueblo. Para eso es instrumental la falsa realidad construida a partir de la propaganda ideologizada que proyecta al líder y al movimiento o partido, como su expresión genuina. La repetición machacada de falsedades y/o medias verdades derivadas de los mitos fundantes define un escenario maniqueo entre patriotas y enemigos de la patria, que alimenta una retórica de odio contra éstos y “justifica” su represión. Una vez en posesión de las palancas del Estado, el líder pasa a representar, por antonomasia, al Pueblo. La Revolución, ergo, el Estado, ergo, el Gobierno, ergo, el líder indiscutido, no tiene por qué rendir cuentas de sus ejecutorias al pueblo pues, por definición, expresa la voluntad del Pueblo. Esta construcción cerrada es inexpugnable a toda crítica realizada desde una perspectiva independiente, ya que ésta encubriría intereses que, por fuerza, son contrarios al los del Pueblo en tanto se contraponen a la verdad del Líder. Se comprende, entonces, que el discurso no puede admitir fisura alguna y tiene que imponerse a como de lugar para evitar que se vulnere el dominio totalitario. Por eso arremete contra las libertades de expresión, opinión y comunicación, pues la autonomía de criterio necesariamente lleva a cuestionar las verdades establecidas. Se instala el culto a la personalidad y se regimienta a los partidarios –uniformados ahora de “rojo-rojitos”- como símbolo de su incondicional sujeción a las órdenes del Comandante.
El presente régimen lleva años reprimiendo e intimidando a los medios independientes, bien a través de acciones violentas de sus fuerzas de choque camisa-roja, o bien a través del terrorismo judicial. Como no hay debate político, pues la “voluntad del Pueblo” es una sola, los disidentes u opositores no tienen razón de ser. En vez de dialogar con ellos, se les descalifica y degrada moralmente. Ello lleva a su discriminación política y civil –la infame “Lista Tascón”-, y a la negación de sus derechos fundamentales. En este orden, se judicializa la lucha política, inventando delitos para anular a los dirigentes democráticos y/o a personalidades opositoras “incómodas”. Los espacios para la acción pública independiente son reprimidos, como lo revela la ofensiva contra las gobernaciones del Zulia, Táchira, Miranda y el vaciamiento de las potestades legítimas del Alcalde Mayor, Antonio Ledezma. Se asiste, asimismo, a una campaña de intimidación destinada a disuadir la denuncia de los atropellos del Estado contra los ciudadanos. En esta fase de profundización de la revolución fascista se requiere, por ende, de un manejo de lo jurídico totalmente subordinado a los dictados del líder. Una Asamblea Legislativa monocolor obsecuente y unos poderes judicial y moral, serviles, vienen cumpliendo vergonzosamente este cometido. Desaparece así el Estado de Derecho y se va instalando progresivamente el terror a través de la arbitrariedad y la discrecionalidad con que son aplicados los instrumentos represivos y penales contra personalidades democráticas, líderes sindicales, reporteros o empresarios de la comunicación social, en nombre del interés colectivo, expresado –por antonomasia- en las órdenes del Comandante en Jefe. Los fines superiores de la Revolución, machacados por la propaganda, barran toda restricción moral, ética o legal que pueda interponerse a sus ambiciones. La confiscación de empresas productivas se hace también sin miramiento por las consecuencias económicas, sociales y de empleo directo e indirecto, porque todo debe ser colocado bajo el control directo del líder, quien “es el Pueblo”. Las penurias económicas que sobrevendrán en términos de desempleo, inflación y escasez –a no ser que el precio del crudo vuelva pronto a niveles estratosféricos- serán presentadas por la propaganda oficial como virtudes, pues significarán una ruptura con la civilización consumista del capitalismo y el regreso a una vida austera, sencilla, bajo el cuido paternal del Estado. En prosecución de tal “utopía”, debe desaparecer la autonomía de las organizaciones sociales intermedias, por lo que éstas son colonizadas políticamente para convertirlas en expresión del “interés colectivo” enunciado. Se va conformando así el Estado Corporativo, en el que organizaciones creadas para representar los intereses de sus afiliados ante el poder se trastocan en organizaciones que representan al poder ante sus afiliados: un Poder Popular que es expresión cínica de la impostura de tal “revolución”. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs), por su parte, son un contrasentido para este arreglo y deben reprimirse.
En esta ofensiva totalitaria, no es extraño que Chávez haya decidido entre sus próximos pasos eliminar a Globovisión, luego clausurar los medios impresos independientes, para finalmente apoderarse de la universidad autónoma. En esta idea, Diosdado Cabello anuncia la regulación de la televisión por cable y el cierre de centenares de radiodifusoras, y su condiscípulo, Jesse Chacón, interviene la gestión de la ciencia. Más allá, un proyecto de cable submarino con Cuba levanta temores sobre intentos futuros de controlar a internet y a nuestras llamadas telefónicas desde la isla. En el camino los sindicatos son desplazados por un Frente Socialista de Trabajadores que, en su nombre, regulará las relaciones obrero-patronales, siempre a favor del Estado ya que éste, por antonomasia, es el Pueblo. Las demás organizaciones sociales habrán de correr suerte parecida. Se asoma nuevamente la propuesta, derrotada por el pueblo el 2 de diciembre de 2007, de crear un poder comunal que desplace los poderes locales legítimamente constituidos a través del sufragio.
El pensamiento y la acción independiente, autónoma, es incompatible con las pretensiones hegemónicas del neofascismo venezolano. La prosecución de unos “intereses superiores” de la Revolución es justificación moral más que suficiente para atropellar al Estado de Derecho y, con ello, las libertades civiles que garanticen el desenvolvimiento ciudadano. Y así, cobijado en una retórica que levantaba antes banderas de libertad, justicia y de progreso material y espiritual de la humanidad, se busca retrotraer a Venezuela a un pasado premoderno, regido por una ideología fanática, oscurantista e intolerante, que aplasta al individuo para convertirlo en tropa disciplinada y obediente de un caudillo. Nace, así, el ansiado “Hombre Nuevo”, tan caro a la prédica fascista, que ahora pretende esgrimirse como conquista “revolucionaria”.
Amenazas a la libertad
La consolidación de las prácticas neofascistas trae las siguientes amenazas al venezolano:
1. A sus derechos y garantías procesales para un juicio imparcial (artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -CRBV);
2. Al respeto a su integridad física, psíquica y moral, consagrado en el art. 46 de CRBV y a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación (art. 60), violados reiteradamente por el Presidente de la República y por sus allegados;
3. Al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones privadas, en todas sus formas (Art. 48), transgredido constantemente por voceros oficialistas que buscan elementos para desprestigiar a personalidades opositoras;
4. Al libre tránsito (Art. 50), puesto en entredicho con las restricciones al acceso de dólares de CADIVI y el acoso a que se viene sometiendo a algunas personas para obtener su pasaporte y/o cuando éste le es retenido al salir o entrar al país;
5. Al derecho de obtener oportuna y adecuada respuesta por parte de funcionarios públicos al presentar ante ellos una petición sobre asuntos de su competencia (art. 51);
6. Al derecho de reunión pública, asociación política y de manifestación pacífica (art. 53, 67 y 68), claramente quebrantado de manera discriminatoria por las fuerzas represivas del régimen;
7. Al derecho a la protección y seguridad ciudadana (art. 55), vulnerada crecientemente por policías malandros y/o funcionarios de seguridad pública corruptos o indolentes;
8. Al derecho a expresar libremente su pensamiento y los dictados de su conciencia (art. 57 y 61), y a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, mediante la comunicación libre y plural (art. 58);
9. A sus derechos políticos, en general, consagrados en la sección 1ª, del Capítulo lV de la CRBV;
10. Al derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias (art. 82);
11. A la salud y la educación pública de calidad (art. 83, 84, 102 y 103), y a una seguridad social integral (art. 86);
12. Al derecho a un trabajo digno (art. 87), cercenado por las infames prácticas de discriminación política en la contratación de empresas y dependencias del Estado;
13. Al derecho de asociarse libremente en el sindicato que estime conveniente (art. 95) y a la negociación colectiva y voluntaria de sus convenios de trabajo (art. 96);
14. A la libre creación cultural, científica, tecnológica y humanística (art. 98), puesto en entredicho por la discriminación política ejercida a través del Ministerio de la Cultura y en dependencias como el IVIC e IDEA;
15. A disponer de universidades autónomas, garantía de que la formación de talentos profesionales y la prosecución y divulgación del saber estará al servicio de los mejores intereses del país, y no de alguna parcialidad política, económica o religiosa (art. 109); y
16. A dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia y de disfrutar del derecho de propiedad (art. 112 y 115), vulnerados permanentemente con confiscaciones e intervenciones arbitrarias, amparadas en leyes inconstitucionales (violatorias del art. 116).
A lo anterior debe añadirse la burla descarada a los artículos 141:
La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
143:
Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular….
145:
Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política. quien esté al servicio de los Municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley.
Y 328:
La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional…
Se evidencia de manera palmaria, con la reseña anterior y ante la desaparición de la autonomía y del equilibrio entre los poderes públicos, la inexistencia de un Estado de derecho y, con ello, el incumplimiento flagrante del artículo 7º, dejando en el desamparo al ciudadano ante los abusos de quienes controlan el poder ejecutivo:
La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
Por último, la concentración cada vez mayor del poder en manos de quien se cree ungido por la Historia para reglamentarles la vida a los venezolanos e instrumentar, en su nombre y sin consulta alguna, decisiones que los perjudican, hace una ficción de lo dispuesto en los artículos 4º:
La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado…
5º:
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
y 6º:
El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
El venezolano se enfrenta a una amenaza que nunca pensó iba a asomarse en su país, pero que se coleó camuflado de revolución “bolivariana” y ahora, de socialismo. Esta amenaza se nutre del resentimiento, el odio, la discriminación, el culto a la personalidad, la arbitrariedad y la violencia. Dice ser una revolución pacífica, pero, ojo, armada. La única forma de contener esta amenaza y revertir sus designios es defender todos los días, en cada situación, los espacios para el ejercicio de la ciudadanía, la participación activa en la defensa de los derechos inalienables del ser humano, y organizarse para que éstos no sigan siendo vulnerados. Derecho que no se defiende, se queda en el papel: se pierde. Corresponde a los partidos políticos darle articulación a esta lucha en la forma de una alternativa de poder creíble, sustentado en la defensa del Estado de Derecho, base de la democracia, y desplegar este esfuerzo en todo para conquistar una mayoría decisiva que permita maniatar al neofascismo en las próximas elecciones parlamentarias y desplazarlo del poder en 2012.
