Intervención de la PM: inconstitucionalidad inútil, suicidio chavista
El intento de sustituir a las autoridades rectoras de la Policía Metropolitana por parte del Poder Ejecutivo no sólo se constituye en una violación flagrante del principio de división de poderes establecido en el Artículo 18 de la Constitución Nacional sino que, además, nos permite entender la desesperación gubernamental por detener un proceso de progresiva pérdida de legitimidad y consiguiente disolución de su poder real.
En efecto, la resolución interventora emanada del Ministerio del Interior desdeña la facultad municipal de la elección independiente de sus autoridades (en este caso, el Director de la PM) (Art. 168 CN) y pretende abrogarse las funciones de protección del orden público, designadas al poder municipal, conforme al texto constitucional (Art. 178).
Pero más allá del análisis de la obvia falta de validez constitucional de la orden ejecutiva lo que sorprende es la irrelevancia de la misma. El desconocimiento de la autoridad impuesta en reemplazo del Comisario Vivas por la mayoría de los efectivos policiales evidencia la ingobernabilidad creciente y el aumento del caos generado por la equívoca conducta gubernamental. En lugar de reforzar la base de poder del gobierno, la intervención, dado su carácter provocatorio, se ha convertido en el catalizador de un posible paro general indefinido. Aun cuando era previsible que la falta de sustancia ideológica y la ausencia de arraigo popular del chavismo hubiesen sido contrarrestadas con una represión creciente, no es explicable que los personeros del gobierno hayan podido concebir medidas tan contrarias a sus propios fines tácticos.
La poca legitimidad del gobierno chavista aportada por un triunfo electoral ya caduco, hubiera podido seguir asentándose en el aparente respeto del Estado de Derecho, además apuntalado por la participación en las sesiones de negociación con Gaviria. Pero el decreto ejecutivo, dada su patente inconstitucionalidad, da al traste con cualquier intento de justificación del proceder gubernamental.
A pesar de la ventaja que esto representa para la oposición, lo que si es preocupante es el ciclo de acción irracional -deterioro- acción aún más irracional, en el cual ha entrado el gobierno y del cual no parece encontrar salida. Las escenas de Chávez bailando al son de las bombas lacrimógenas el pasado martes confirma el nivel de evasión de la realidad que aqueja al gobierno.
Este ciclo va a llevar al chavismo a asumir posiciones cada vez más radicales y violentas. El desplome de su frágil edificación ideológica crea un vacío que sólo puede ser llenado por un aferramiento obsesivo al poder. Esta obsesión, que también tiene raíces en el falso mito revolucionario, dificulta la implementación de una salida institucional, la cual se hace más urgente en la medida en la cual continúa la implosión social y económica. Sólo por un sentido de supervivencia básico debería el chavismo proceder a una reformulación íntegra de sus postulados o a permitir una reconstrucción nacional a través de la elección de nuevos representantes del Estado. Pero, la dificultad con la cual se encuentra es que tales postulados solo fueron expresados en términos negativos (crítica unidimensional a las gestiones gubernamentales anteriores) sin haber propuesto alguna vez un proyecto viable de país más allá de las referencias vacías y populistas a la “revolución de la V República”.
En alguna ocasión argumenté que el chavismo parecía practicar el culto a la muerte cuando solo buscaba asociación con regimenes tiránicos e ideologías deshumanizantes. Lo que no era imaginable es que también practicase el del suicidio. Sus acciones no pueden ser calificadas de otra manera.