Inseguridad y desarme
El diálogo que se ha establecido entre el Ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres y otros altos representantes del gobierno con gobernadores y alcaldes para buscar una solución al grave problema de la inseguridad que afecta a la mayoría de los venezolanos, y que ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre la sinceridad del Poder Ejecutivo, que atraviesa una peligrosa crisis económica, por lo que persigue ganar tiempo hasta superarla, tiene que extenderse a otros factores de la vida nacional, para despejar las dudas que expresan muchos ciudadanos. Por ejemplo, además de las medidas policiales que han puesto en práctica, hay depurar el Poder Judicial, porque algunos jueces corruptos tratan a los delincuentes como clientes, y en pocos día o meses son puestos en libertad. Igualmente debe reformarse el régimen penitenciario, porque las cárceles se han convertido en el centro de operaciones de los delincuentes, que dirigidos por los llamados pranes, planifican y ejecutan la mayoría de los crímenes que se producen en el país. La mayoría de los expertos en esta materia afirman que la Ministra Iris Valera ha fracasado, porque desconoce el rol correctivo que deben cumplir las cárceles en cualquier parte del mundo civilizado.
Si no se le da un tratamiento integral al problema de la inseguridad de las personas y de los bienes producto del trabajo creador de los venezolanos, seguiremos caminando hacia un abismo caótico y mortal.
El toque de queda que imponen los malandros desde las primeras horas de la noche hasta el amanecer, contra la mayor parte de la población que no posee armas ni guardaespaldas, especialmente en los barrios más humildes de las principales ciudades del país, tiene en la corrupción de algunos sectores policiales y judiciales sus mejores aliados, sin descartar que el desempleo y el hambre impulsen a muchos jóvenes a delinquir.
Muchos policías honestos y conocidos por los vecinos, se quejan de la impunidad de que gozan algunos delincuentes que ellos detienen y a los pocos días son liberados por jueces venales. De allí que la depuración de las policías y del Poder Judicial anunciada por altos funcionarios gubernamentales, tiene que realizarse con urgencia y sin retaliaciones políticas contra quienes hayan podido ingresar antes o después del ascenso al poder de Hugo Chávez. Los jueces deben ingresar por concurso, cuyos jurados deben estar integrados por profesionales solventes moral e intelectualmente.
La profesionalización, unida a la asignación de altos sueldos del policía y del juez, ha sido fundamental en aquellos países en los cuales se ha logrado reducir substancialmente los niveles de la delincuencia. Y si acudimos a la experiencia mundial hay que despolitizar la policía y la judicatura, para que éstas no sean utilizadas por intereses partidistas y hasta personales. Lo que quiere decir que para mejorar la seguridad del ciudadano, no se les pueden entregar armas a personas de confianza de los jefes policiales, sin la debida preparación para cumplir con sus funciones de servicio público a la sociedad; ni se deben nombrar jueces sin calificación profesional.
En la Venezuela de nuestro tiempo se ha agudizado la violencia entre grupos juveniles y no tan jóvenes, con saldo de miles de muertos por año, no sólo por ajuste de cuentas entre delincuentes, sino también por la facilidad para comprar y hasta alquilar armas a funcionarios corrompidos. Y si a todos estos factores sociales, políticos y morales que corroen la sociedad venezolana, se une la entrega de armas a militantes del partido de gobierno, sin mayores controles por los órganos competentes, podríamos estar al borde de la anarquía, de la violencia, que sólo un desarme total de la población civil podría subsanar. Los primeros en entregar las armas deben ser los colectivos armados por alcaldes y gobernadores gubernamentales, que actúan como grupos paramilitares que aterrorizan a la población civil y reprimen a manifestaciones pacíficas de la oposición.
Y por último, tal vez la más difícil operación que deben enfrentar estos esfuerzos combinados del poder central con los poderes regionales y locales, para garantizarles la seguridad a los venezolanos, puede ser la lucha contra el narcotráfico, poderoso delito cuyos capos han penetrado importantes sectores de la Administración Pública, civiles y militares, y extienden sus ramificaciones a escala internacional, según denuncias formuladas por organismos especializados en la investigación y seguimiento a este flagelo que genera y cobra víctimas en todos niveles sociales de la población.
