Inseguridad: ¿Sorprendidos?; pero, ¿por qué?

“… El oficio se ve invadido por los ‘chapuceros’ que sustituyen a los expertos…”

Hoy Venezuela registra una de las cifras más altas de homicidios, en todo el territorio nacional, más de sesenta muertos por cada cien mil habitantes año; en la ciudad sede del gobierno central, Caracas, más de 100 muertos por cada 100.000 habitantes año.

Estos diez años

Esto de la seguridad, o más bien, de la inseguridad pública en Venezuela no viene siendo más que el resultado, el derivado directo de un proceso sostenido por más de cuarenta años, e incrementado exponencialmente en el último cuarto del período objeto de observación, luego que, voluntariamente, el gobierno asumiera el delito y a la acción de los delincuentes como un arma política para el control social: “… quien tiene hambre o tiene un hijo enfermo, tiene que robar…” (04/02/1999).

De vieja data

Dinámica de la inseguridad que si bien se inicia a principio de los años sesenta, tiene, de aquella época, su más importante y trascendente punto de inflexión en la necesidad y voluntad política de un puntual momento, manifiesta en las expresas órdenes emitidas por el Ministro de Justicia Ramón Escobar Salóm para la ejecución de la, por él denominada, “Operación Silenciosa”, y ejecutada por el órgano policial a su mando, el CTPJ (PTJ), en aquella noche del sábado 31 de enero de 1965. Ejecución material referida por los medios de comunicación, como la “Operación Oriente”.

Es decir, el problema de la inseguridad en Venezuela, es de vieja data, tiene abultados antecedentes, pedigree, no sólo en el ámbito político (en la voluntad de hacer y de dejar de hacer), sino también y especialmente en el espacio de lo administrativo (con la anulación y luego derivada inexistencia de una estructura jerárquica de acción, supervisión y control); con los gravísimos efectos y determinantes en el campo jurídico (manifiesto en la consciente, permanente, sostenida y voluntariamente expresa violación de las normas y de los procedimientos vigentes en cada época); de forzosos derivados en el desempeño técnico (con la derogación de hecho de los procedimientos regulados y la ulterior anulación absoluta de unos estandarizados limitantes, requerimientos e imperativos en los modos de proceder); y, evidentemente, su más importante y trascendente materialidad en lo social, con la imposición del terrorismo como el casi excluyente modo de expresión del Estado en su relación con la ciudadanía en lo general, y con el ciudadano en particular.

Desmantelamiento

A partir de aquella fecha, donde se da inicio a lo que se califica sin temor a errar, como el continuo y sostenido proceso de desmantelamiento de todo el complejo de seguridad y de administración de justicia en Venezuela, que tiene su más gráfica, permanente y publicitada materialidad en los mecanismos de evasión de responsabilidades que, pensados o no, fueron en cada momento de ocurrencia de eventos criminales que escandalizaron a la opinión pública, la voluntaria expresión oficial en boca de los responsables al frente de ministerios, cuerpos policiales, tribunales, fiscalías, cárceles y cualquiera fuere otra la entidad ante la cual acudieran los profesionales de los medios de comunicación en busca de información, o de noticias.

Las “… huellas imposibles de esconder…”

Recordemos a este tenor algunas de esas publicitadas expresiones –de ayer y de hoy– en boca de unos y otros responsables, o –más bien de irresponsables– que en una u otra, o alguna vez han estado al frente, en gobierno, sea como jefe policial, sea como vice ministros, ministros o como voceros de los despachos expresamente responsables por la determinación de políticas, la toma de decisiones, la disposición, implementación, supervisión y control de las Operaciones Materiales de Policía en el ámbito nacional, regional o local.

Pensamiento y acción

Comencemos por citar a uno de los más creativos y prolijos jefes policiales y ministro luego, Juan Martín Echevería. Quizás haya sido él, uno de los más publicitados en toda la historia policial venezolana, filosofo, abogado, poeta y columnista; por cierto, tremendamente afectado por los derivados de la “Operación Oriente”. A él en expreso se deben por lo menos cuatro de las más viejas, brillantes y más certeras expresiones de huída, de incumplimiento, de evasión de conflicto, previstas todas para manipular descaradamente la información que –personalmente o por caminos verdes– suministraba a los medios de comunicación. Geniales expresiones derivadas de los secretos conciliábulos con su socio, también filósofo, abogado y poeta, Elmer Szabbo, y a quien le acuño el epíteto del “Filósofo del crimen”. Con esas expresiones escurría el bulto, dejaba –como ha sido la sostenida conducta de todos sus sucesores en esos cargos en los últimos cuarenta años– o pretendía dejar a salvo las ineludibles responsabilidades políticas, jurídicas, administrativas, profesionales y técnicas. Definitivamente, queda en, y por, los hechos comprobado: La corrupción no es invisible.

Expresiones Oficiales:

“Resuelto policialmente”:

Para cualquiera es perfectamente conocido, si no comprensible, que ningún caso criminal por grave o sencillo que parezca, tiene otra solución distinta a la que se expresa en una sentencia judicial. Independiente del caso criminal –y paralelo o independiente de la denuncia que pudiere hacer la víctima o afectado–, éste, como caso criminal, la mayoría de las veces o eventualmente, se inicia con la presencia oficial de la policía y su acción, sobre el terreno de los hechos: la escena del crimen. Allí, en tiempo y en espacio, con el Acto Administrativo que inicia y ejecuta la policía –en cualquiera sea una u otra de sus especialidades–, se abre el procedimiento ejecutivo que, luego de satisfechos los términos pautados por los procedimientos vigentes y en manos ya del Ministerio Público y ejecutadas por éste las diligencias por ante la jurisdicción, el caso criminal adquiere para siempre y definitivamente la categoría de causa penal. Y esa causa penal, ni antes ni ahora, ni en tiempos del Código de Enjuiciamiento Criminal (CEC) ni ahora con el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en cualquiera sea una de sus tres o cuatro reformas –y las que vengan–, tiene solución policial. La única y exclusiva solución de un crimen, de una causa penal: ha sido, es y será jurisdiccional. Por tanto, no existió, no existe ni es aplicable en cualquiera sea la circunstancia y el delito del cual se trate; no existe la expresión: Resuelto Policialmente.

“Retenido”

Como derivado de las operaciones de hostigamiento sobre la población civil, que eufemísticamente denominaban “redadas”, cantidades significativas de ciudadanos eran limitados o privados de su libertad de circulación por las vías públicas, cuando no definitivamente privados de su libertad absoluta y trasladados en jaulas a los cuarteles policiales; luego de supuestos “chequeos” de antecedentes, ya tarde en la noche o en la madrugada y si estaban “limpios” –sin antecedentes policiales– quedaban en libertad. Tómese en consideración que en las redadas subsiguientes a la fecha de esa primera “retención” de un determinado ciudadano, esta primera ya constituía antecedente, por tanto y sin fórmula legal alguna, el “retenido” se exponía a ser mantenido en los calabozos por semanas y en los extremos llevado ante una autoridad civil “competente”, y ésta podía condenarlo “ejecutivamente” y enviarlo a las Colonias Móviles de El Dorado. Bastaba para que eso sucediera, que reuniera las condiciones sociológicas de un marginal. De esa ilegal y aberrante práctica “antidelictiva” ejecutada por órdenes de ministros y jefes policiales, ante los derivados excesos, nació la necesidad de edulcorar, de reducir los nocivos efecto de la expresa arbitrariedad de estas detenciones ilegales por ante los medios de comunicación y la opinión pública. Y allí un hábil, justamente, experto en el manejo del lenguaje como lo es un poeta, inventó el término.

“Aprehendido”

Una variante de la expresión anterior y dentro de la misma dinámica, pero que derivó hacia la identificación de aquellos ciudadanos que, a voluntad expresa de presidentes, ministros, jefes policiales y hasta de “opinadores” de oficio, sin pruebas ni evidencia alguna en su contra sin embargo eran privados de su libertad para luego ser señalados como sospechosos, como supuestos indiciados o como autores intelectuales en uno u otro escandaloso crimen en proceso de investigación. En definitiva, cualquiera sea la explicación que se pretendiera, sólo existen, en cuando a las normas y procedimientos vigentes –en ese ayer y ahora– y en cuanto a las libertades ciudadanas, sólo y exclusivamente dos mutuamente excluyentes términos aplicables: estás en libertad o estás privado de ella, y si estás privado de la libertad, estás detenido. En fin, en aquel momento, fueron expresiones de las habilidades del Poeta del Crimen en el manejo del lenguaje escrito y, por supuesto, de la prosa.

“Quiero sangre este fin de semana”

Conste que no fue ni es una expresión de Drácula o cualquier otro vampiro conocido o no. Cuando el escándalo público y la presión de los medios adquiría ribetes dramáticos, se disparaba, se alteraba, se descomponía o simplemente desaparecía la sindéresis en Miraflores y Carmelitas, y entre ajos y carajos, de viva voz demandaban a los jefes policiales más acción contra los delincuentes; con el “rabo entre las piernas” salían éstos del Palacio de Gobierno a sus cuarteles y de allí a la expresión ante sus cuadros de mando subalternos. Más que opinión ligera, era, fue, y sigue siendo a los ojos del personal de calle: una orden.

Otras expresiones de similar origen y efecto, se materializarían luego en la “Operación Vanguardia” en la época de Leonardo Rojas Chaparro. Con posterioridad, “Los Pozos de la Muerte” en el Zulia, donde el gobernador de la época Omar Barboza, ante las insistentes preguntas de los periodistas, visto las evidencias y una osamenta humana correspondiente a uno de los primeros restos de cadáveres ubicados y sacados del aljibe, les declararía olímpicamente: “… esos son huesos de vaca…”. Cuando en la ocasión de una de las tantas masacres el periodista Víctor Manuel Reinoso en rueda de prensa, le afirma al director de la PTJ en funciones Jorge Sosa Chacín, “… esos muchachos fueron fusilados…”, Sosa Chacín le responde: “… en todo caso ‘pistolados’ porque allí no habían fusiles…”. “Redadas Selectivas” y “Puntos de Control” fueron las expresiones más usadas por Manuel Molina Gásperi, como respuesta al cuestionamiento por las detenciones masivas de ciudadanos.

Correspondió al general de la Guardia Nacional y director de la Policía Metropolitana, Landys Ferreira, la creación de dos expresiones: “Enfrentamientos con la Policía” y “Ajustes de Cuenta”. Más recientes: “Montesinos está muerto”, “No es un homicidio, es un ajuste de cuentas” “No es un homicidio, es un enfrentamiento entre delincuentes” Ramón Rodríguez Chacín; “Direct TV nos está espiando” Pedro Carreño.

Sin olvidar por cierto, otras expresiones destinadas a evadir la respuesta debida ante una u otra sea la pregunta o cuestionamiento: “Autosuicidio”, “Ni lo uno ni lo otro sino, todo lo contrario” (sic) Carlos Andrés Pérez; “El imperio nos está espionando” (sic) Hugo Chávez Frías
El resultado

Quizás la resultante más ejemplarizante de los efectos directos de estas expresiones y sus variantes en boca de un jefe policial ante sus subalternos –sea en el antes, en el durante o en el después de la ejecución de la Operaciones Materiales de Policía, de aquella época y de la que está en curso–, lo constituyan dos ilustrativos crímenes, uno de antes y otro de ahora: La “Masacre de Valencia” y la “Masacre del Barrio Kennedy”.

Registran los anales del crimen en Venezuela en los últimos diez años, aparte de los numerosos desaparecidos, el asesinado de más de seis mil ciudadanos que han muerto en supuestos enfrentamientos armados con los cuerpos policiales. Y éste, y en su momento cualquiera otro fuera el gobierno, guardaba y guarda silencio.

No puede sorprender entonces a nadie, habitante o no de este territorio, la situación actual de inseguridad de Venezuela, son los lodos de aquellas aguas, y eso tiene una directa explicación.

Historia

Muy pocos recordarán el afán demostrado por el estamento político, económico, militar, eclesiástico y social en momentos ulteriores a la caída de Marcos Pérez Jiménez; cuando ya fuera del cargo Pedro Estrada, el coronel activo José Teófilo Velazco, “Teofiludo”, quien fuera designado director, y luego de tomar el efectivo en caja, secretamente negociaría la entrega de los archivos criminales de la Seguridad Nacional; y sobrevino, luego, la poblada y el asalto al Cuartel Central de la Seguridad Nacional en la Plaza Morelos. Muchos fueron los expedientes quemados , otros muchos desaparecidos y otros bastantes, los negociados con algunos interesados habitantes de lo que Pedro Estrada refirió alguna vez –en una de sus múltiples reuniones en París y ante el requerimiento de publicar sus memorias– como: “… la cloaca del Country Club…”. De esa experiencia quedó un imperativo en la reminiscencia de las élites del país, y, sobre todo, para quienes ejerzan o aspiren ejercer funciones de gobierno, o que se vinculen en sus negocios: Los graves peligros que asoman en sus futuros y a los cuales se enfrentarán ineludiblemente, de existir y permitir que funcione un cuerpo de policía profesional.

Allí está la clave de la destrucción del emergente cuerpo profesional que se iniciaba y ya comenzaba a solidificar sus bases. Policía es y será siempre: Tradición, información y método. Y eso es lo que se evita, en los extremos, se destruye.

La Escuela de 1936 y sus derivados el Cuerpo de Investigación Nacional, la Guardia Nacional y la Identificación Nacional, apenas si subsistieron dentro de sus originales objetivos, organización y misión, hasta la caída de Marcos Pérez Jiménez; la PTJ original sobrevivió hasta mediados de 1965, y de allí en adelante, toda expresión de tradición, de información y de métodos, fueron el objeto de definidos y definitivos empeños, voluntades políticas, para su erradicación absoluta.

De no haber sido por la caterva de errores de la “Inteligencia” venezolana; de no haber existido una amenaza expresa sobre uno de los principales actores –Antonini Wilson–, de no haber éste acudido por ante una oficina federal norteamericana, el FBI, a exponer el asunto y de no haber este organismo iniciado sus operaciones hasta culminar el asunto en un tribunal y un juicio oral, puede alguien imaginar que los venezolanos nos hubiésemos enterado de cómo se trafica con el dinero del presupuesto nacional en beneficio de los intereses particulares en cada circunstancia de la vida de este país. El caso de “El Maletín” no existiera puesto que hasta representantes de alto nivel de la misma policía venezolana están involucrados en el affaire.

La expresión material resultante de todo esto lo tenemos a la vista: donde no hay tradición, no hay información ni existen métodos, la ignorancia impera y la incompetencia sustituye a los profesionales. Por qué entonces sorprendernos por los resultados si: estamos en manos de chapuceros.