Inquisición electoral
Torquemada renació: la Inquisición se ha adueñado del referéndum
revocatorio. Los nuevos inquisidores están confiscando la presunción de
inocencia y la buena fe de los ciudadanos. Los derechos humanos están en
la picota.
Con la decisión unilateral de un grupo de los rectores electorales de
mandar a «reparar» centenares de miles de firmas en las que se solicita el
referéndum revocatorio del Presidente de la República, se ha violado el
derecho de petición y el derecho a la participación ciudadana.
En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
consagra y garantiza tales derechos ha sido violada de forma flagrante y
contundente. De la misma manera, ha sido herida la Convención Americana de
los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, los que establecen las formas de preservar los derechos humanos.
La democracia es la única vía conocida para ese fin.
La reparación de la firmas está enfilada a que quienes han sido indiciados
como «pillos» (más de un millón) ratifiquen o no que sí firmaron y pusieron
su huella digital, aun cuando otro llenó los datos relativos a su nombre y
cédula. Eso es ilógico. Los únicos que deberían ir a reparo son aquellos
que fueron incluidos o excluidos falsamente, sin autorización. El resto,
que son la gran mayoría, no debería ser llamado a ratificar nada. Sus
firmas son válidas al 100%, salvo que se pruebe lo contrario.
La buena fe e inocencia de los solicitantes no se discute ni negocia. Es
irrevocable. En caso de objeciones, corresponde al CNE demostrar los
defectos. Bajo ningún supuesto, los señalados están obligados a demostrar
su inocencia y buena fe. Eso sería invertir la carga de la prueba y aceptar
la presunción de culpabilidad, aparte de violar el derecho a la defensa y
el debido proceso, tal como se hacía en el campo penal antes del COPP.
Los inquisidores necesitan «indiciados», presuntos culpables. Eso justifica
una visión del mundo y una forma de de ejercicio del poder autoritaria,
contraria a los derechos humanos y a la esencia de la democracia.
Frente al retroceso inquisitorial, se impone la lógica de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales. Es
la única solución. Es el desafío que deberá afrontar Torquemada.
