Inhabilitaciones: miedo y “juego sucio”
Salvo en el caso del “milagro” inesperado de una decisión del Tribunal Supremo que garantice el derecho a ser elegibles de los candidatos inhabilitados, parece que el régimen está decidido a “jugar sucio” en las próximas elecciones regionales, eliminando de la contienda electoral candidatos de oposición con fuertes posibilidades de victoria, siguiendo así los pasos de sus “amigos” Lukashenko y Ahmadinejad. Esto demuestra, una vez más, que el caudillo tiene miedo de perder en Estados y Alcaldías importantes, lo cual significaría el inicio del fin de un régimen mesiánico, que basa su legitimidad y estabilidad sobre el apoyo mayoritario de las masas, como los caudillos plebiscitarios, Mussolini, Hitler y Napoleón III (Le Petit). Considero que el presidente Chávez está calculando mal los costos, tanto internos como externos, de las inhabilitaciones. Internamente, si la oposición mantiene, como parece, la unidad y presenta candidatos sustitutos, que tengan el apoyo de los inhabilitados, la indignación, por el evidente “juego sucio”, fomentará la movilización y la participación de sus electores. En cambio, estoy seguro que muchos chavistas honestos preferirían jugar y ganar limpiamente y podrían protestar absteniéndose. A nivel internacional, las reacciones negativas son cada vez más fuertes. Las inhabilitaciones además de inconstitucionales, violan evidentemente, entre otros tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático del MERCOSUR, reforzando la imagen de un gobierno arbitrario, cada vez menos respetuoso del Estado de Derecho, sustento indispensable de toda democracia. Efectivamente, el principio fundamental del Estado de Derecho se puede sintetizar en la conocida máxima de Henri Bracton, que se encuentra parcialmente inscrita en la fachada de la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard: “Rex non debet esse sub homine, sed sub deo et sub lege, quia lex facit regem.” Está clara la primacía de la ley frente a la voluntad del rey, en efecto no es el rey que hace la ley, sino es la ley que hace al rey. En la actualidad, se podría “traducir” el apotegma de Bracton, con la afirmación de que el soberano hace la ley sólo si ejerce el poder supeditado a una norma del ordenamiento jurídico, y por eso es un soberano legítimo. Ejerce el poder de hacer las leyes en el marco de los límites establecidos por las normas constitucionales. El Estado de Derecho, el “Rechstaat”, es el Estado que tiene como principio inspirador la subordinación de todo poder al derecho, a través de aquel proceso de legalización de toda acción de gobierno que ha sido llamado, desde la primera constitución escrita de la edad moderna, “constitucionalismo”. En el Siglo XXI, los países que tienen el más alto nivel de desarrollo humano son democracias, Estados de Derecho y economías de mercado. El antiguo debate de filosofía política entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, magistralmente sintetizado por Norberto Bobbio, con las siguientes palabras:” Buen gobierno es aquel en el cual los gobernantes son buenos porque gobiernan respetando las leyes o es aquel en el cual hay leyes buenas porque los gobernantes son sabios”, ha sido definitivamente ganado por el Estado de Derecho. Ya no hay duda que el buen gobierno es el gobierno regido por leyes generales y abstractas que reducen el privilegio, la discriminación y, sobretodo, la arbitrariedad. En la actualidad, las naciones civilizadas se caracterizan por vivir bajo el imperio de la ley y no de la voluntad del gobernante de turno. Venezuela va al revés, “por ahora”.
