Inhabilitaciones: la complicidad de los poderes
Cuando se introdujo la figura del Poder Moral y del Poder Electoral en la Constitución de 1999, las mentes más avispados advirtieron que los fulanos poderes podrían convertirse en unos Caballos de Troya, cuyos cascos servirían para aplastar la oposición. Dicho y hecho: ambos poderes se han dedicado a avalar todos los caprichos y abusos del teniente coronel. La única y honrosa excepción fue el 2-D, cuando la olla de presión que había en la calle obligó a Chávez a aceptar la derrota.
Los órganos del Poder Moral han mantenido entre sí unos nexos estrechos para asegurarle el poder al jefe de Estado. La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría se alinearon desde el comienzo con los intereses del primer mandatario y de esa línea no se han apartado ni un centímetro. Cuando Isaías Rodríguez estaba al frente del Ministerio Público, su obsesión consistía en darle visos de legalidad al régimen autoritario que comenzaba a formarse. Germán Mundaraín se convirtió desde el comienzo de su gestión en el defensor del gobierno, sin que el pueblo, al menos el que no participa del proyecto chavista, le importara un bledo. El campeón de la complicidad y la obsecuencia es Clodosvaldo Russián, quien en premio a su servidumbre se ha mantenido como Contralor desde tiempos que ya parecen inmemoriales.
Las inhabilitaciones que este funcionario ha aplicado contra los dirigentes políticos que aspiran a optar por cargos de representación popular en los comicios del 23 de noviembre próximo, constituye una clara violación de la Constitución Nacional. Este atropello -que en teoría debía ser encarado por las otras instancias del Poder Moral, obligadas a respetar la vigencia de la Carta Fundamental- ha encontrado en ellas el cómplice ideal.
En ese combo de instituciones dóciles hay que mencionar la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral, que resolvió acatar la medida del Contralor como si se tratase de un ucase; como si fuese un mandato divino inapelable. Los representantes del Gobierno en el CNE -instancia que debería llamar a capítulo a Russián para que modere sus actuaciones, las cuales usurpan esferas que pertenecen al Poder Electoral- han salido a apoyar los desmanes del Contralor y, por añadidura, con tanto entusiasmo que uno siente nostalgia por aquella época en la que dentro del entonces Consejo Supremo Electoral se tomaban medidas para favorecer a los partidos minoritarios para así diversificar el panorama político institucional y teñir de múltiples colores el Parlamento. Eran otros tiempos. Los de la convivencia.
La violación que está perpetrando Russián con el apoyo del Poder Moral, del Poder Electoral y, desde luego, del Poder Legislativo, se lleva a cabo tanto contra la libertad de las personas que están siendo inhabiltadas, como contra la libertad de los electores de las gobernaciones y alcaldías en las cuales los líderes sancionados desean presentar sus candidaturas para que los ciudadanos puedan votar por ellos.
En el caso de los dirigentes inhabilitados, se les está negando un derecho político consagrado en la Carta Magna, sin que ningún tribunal de la República haya emitido alguna sentencia condenatoria firme y, en muchos casos, sin que los afectados sepan cuál es el delito específico que se les imputa, ni hayan podido defenderse frente a las acusaciones. Este tipo de prácticas dirigidas a liquidar adversarios políticos a través de procedimientos seudo legales y arbitrarios, sólo se observan en regímenes autoritarios y en dictaduras totalitarias que irrespetan el Poder Judicial y que se valen de disposiciones caprichosas para atentar contra el Estado de Derecho. Ese es parte del espectáculo ofrecido por Robert Mugabe en Zimbawue y por Ahdmenidejad en Irán. Si se hurga un poco en la historia de los regímenes totalitarios, se encuentra que entre las primeras disposiciones que adoptan se halla la supresión de los grupos de oposición, ya sean partidos, sindicatos o individualidades sobresalientes. Ese fue la ruta seguida por Lenin y Stalin, Hitler, Mao, Castro. El camino al partido único y al pensamiento único tiene como antesala la inhabilitación de los opositores más destacados.
Condenar al ostracismo a los líderes inhabilitados cercena los derechos políticos de esos ciudadanos. Sin embargo, este no es el único campo que se ataca con minas explosivas. En lo que concierne a los electores, las inhabilitaciones representan una violación del derecho que tienen todos los ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades públicas. La elección directa de gobernadores y alcaldes, al igual que la elección nominal por circuitos electorales de los diputados de los Consejos Legislativos regionales, constituyen una conquista de la sociedad democrática alcanzada hace casi dos décadas. Contra esa victoria conspira la decisión del Contralor, ratificada por los demás poderes. No existe otra interpretación de los hechos, cuando los ciudadanos de una entidad federal se ven imposibilitados de votar por aquellos aspirantes a quienes consideran más aptos y que no han sido enjuiciados por ningún Tribunal de la nación.
Las inhabilitaciones quebrantan principios constitucionales y democráticos esenciales. Esperemos que la exhaustiva ponencia de Pedro Rondón Saaz haga reflexionar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se les presentó la oportunidad de restituir plenamente el Estado de Derecho, mediante un dictamen que garantice los derechos políticos a todos los ciudadanos que el Contralor busca decapitar.
