¿Indisciplina militar o ataque político?

El pasado lunes 10 de abril, la periodista Dubraska Romero del vespertino Tal Cual, nos informó que un supuesto grupo “de unos cuarenta oficiales de la Guardia Nacional, representados en su mayoría por tenientes, capitanes, dos mayores y un comandante”; quienes se autodenominan “Frente de Reserva Moral”, entregaron en la redacción del mencionado diario, una copia de una carta abierta que desde ese día supuestamente recibían en forma camuflada los hombres y mujeres que integran la Guardia Nacional. En dicha carta, conforme a lo informado por la periodista, se hacen acusaciones muy serias y preocupantes. Supuestamente; los oficiales de baja graduación estarían reuniéndose desde hace dos meses para “realizar un llamado a la cúpula de generales de la Guardia Nacional”, sobre quienes en forma generalizada y no específica, emiten juicios señalándolos entre otras cosas, de no poseer liderazgo; de ser carentes de valores morales y espirituales; de anteponer sus intereses personales sobre los institucionales, dando importancia a la riqueza material; de estar identificados con partidos o ideologías políticas; finalizando su carta con una amenaza en forma de extorsión al afirmar que “…de no observar cambios profundos, darán a conocer casos de corrupción en medio de la Guardia Nacional, donde oficiales exigen ciertas cantidades de dinero semanalmente a sus subalternos».

Al siguiente día, el 11 de abril, la periodista Dubraska Romero, informa la respuesta del Comandante General de la Guardia Nacional ante el hecho descrito; éste afirmó que: “Yo creo que puede estar metida la mano de gente con intereses en este grupo de oficiales. Si tienen pruebas en contra de algún oficial, sin importar su grado, que las traigan”.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela, son una institución de la República con muy claras y específicas funciones y responsabilidades, y desde siempre han contado en su organización con despachos específicamente organizados y equipados debidamente; para monitorizar la disciplina, la moral y el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias e institucionales –tanto las normas que rigen a sus integrantes como miembros de la institución armada, como las que los rigen como ciudadanos venezolanos-.

Las Fuerzas Armadas son también un pilar fundamental del sistema democrático que por voluntad de los ciudadanos rige en Venezuela desde el derrocamiento del dictador Marcos Evangelista Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Pero la institución castrense no es un institución democrática, y no puede serlo.

Democracia significa “gobierno del pueblo”, “gobierno de la masa”. Una institución que tiene a su resguardo las armas de la República, no puede ser dirigida por la masa, por el pueblo; tiene necesariamente que ser conducida, por calificados oficiales de la más alta graduación, que ocupen los diferentes mandos, luego de décadas de preparación y de aprobar las contínuas y regulares evaluaciones del desempeño individual de cada uno de ellos. El grado militar de general no puede adquirirse antes de haber permanecido activo por lo menos 23 años contínuos. Esto tiene que ser así, porque las armas de guerra de la República no son sólo fusiles y ametralladoras; abarcan sofisticados sistemas de destrucción masiva, como los misiles operados desde navíos, aeronaves y unidades terrestres; hasta los conjuntos de vehículos blindados y piezas de artillería, poseedores de un enorme poder de fuego.

Esto no quiere decir que los altos mandos militares –de todas las fuerzas- no escuchen los planteamientos y las ideas de la oficialidad subalterna. En toda la estrutura militar existen abundantes planas mayores y estados mayores, -no existe unidad militar que no posea uno de estos- conformados por una amplia variedad de dependencias asesoras de las unidades de mando y de apoyo logístico y administrativo; las que recogen constantemente, verbalmente y por escrito, las opiniones y puntos de vista profesionales de todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, sin distinción de grado.

Los numerosísimos institutos de educación militar poseen amplísimos archivos que recogen en apreciaciones, informes, proyectos, tesis de grado y otros documentos; las ideas y planteamientos de la oficialidad. Los militares –de cualquier graduación- y cuando quiera que lo deseen, pueden expresar sus puntos de vista y planteamientos a cualquiera de sus superiores, a través del antiquísimo camino llamado órgano regular, que describe la cadena de mando de toda unidad castrense. Adicionalmente, existe tanto en el Ministerio de la Defensa, como en cada uno de los Comandos Generales de Fuerza, una Inspectoría General, con la específica función de conocer y substanciar cualquier desviación de las normas que rigen a los militares de tierra, mar y aire; y a los guardias nacionales. Y con total independencia autonómica existe el Servicio de Justicia Militar, integrado por Consejos de Guerra y encabezados por la Corte Marcial.

Los venezolanos no debemos dejarnos engañar; y debemos utilizar nuestra sentido común para ver que esto luce como un orquestado ataque a la institucionalidad y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas; para reemplazarlos por “frentes” colectivos de dirección que siguiendo concepciones ideológicas particulares, proponen establecer nuevas reglas de organización y funciones para la institución militar; y que probablemente no provienen del seno de las Fuerzas Armadas, sino de otros lugares.

¿Cómo puede autodenominarse “Frente Moral” un grupo de supuestos militares que dice tener pruebas de que “…oficiales exigen ciertas cantidades de dinero semanalmente a sus subalternos»; pero que sólo las harán del conocimiento público –no de los órganos de disciplina o de justicia militar- si no se cumplen sus exigencias?. Esto no se diferencia en nada de las prácticas de los politiqueros cuando se atacan entre sí en sus pugnas por acceder al poder.

El país es testigo de las averiguaciones y sentencias dictadas por los Consejos de Guerra y la Corte Marcial, en contra de militares hallados incursos en irregularidades en el ejercicio de sus cargos; porque las individualidades militares al igual que las civiles, no están exentas de errores y desviaciones. Los venezolanos civiles podrían conocer la verdadera solidez de los sistemas de justicia y disciplina militares, si visitasen las dependencias del Ministerio de la Defensa o de cualquiera de los comandos del Ejército, Marina, Aviación o Guardia Nacional; e inquiriesen sobre cuales son las tareas que cumplen –y las estadísticas recientes que recogen las diarias actuaciones- de las Inspectorías Generales, los Comandos de Personal, las Juntas Permanentes de Evaluación, y los Consejos de Investigación, existentes desde la creación de las Fuerzas Armadas Nacionales hace muchísimos años. ¿No será esta sólida estructura castrense a la que se desea atacar políticamente?.

El grupo de supuestos oficiales que se escuda en un inconstitucional anonimato, está deliberadamente manipulando el desconocimiento de la población civil sobre la organización y normas de las Fuerzas Armadas, para crear corrientes de opinión adversas a los altos mandos militares; porque aunque las denuncias mencionadas, son referidas en este caso exclusivamente a la Guardia Nacional, éstas pueden extenderse –en la mente del público- a otras ramas militares, por simple asociación mental; y particularmente en el momento actual, cuando un ex-Contralor General de la República, hizo recientemente, públicos señalamientos sobre irregularidades halladas en el “Plan Bolívar 2000” conducido por oficiales de todas las fuerzas.

El transfondo político de la actuación de este grupo de supuestos militares denunciantes, sobresale cuando utilizan la palabra “cúpula” (de generales); demonizada en Venezuela, donde ya sólo posee un significado despectivo; y que no se corresponde con el sector militar estructurado en comandos, estados mayores, y unidades asesoras de planificación y de apoyo.

La palabra “frente” utilizada para denominar al grupo de supuestos oficiales denunciantes, es casi una marca registrada de organizaciones políticas bien conocidas en Venezuela y el resto del mundo.

Debería llamarnos la atención también, que todos los grados militares del supuesto grupo son identificados correctamente, excepto el de Teniente-Coronel, que es llamado “comandante”.

También es esto evidente, en la vía escogida para canalizar la denuncias: apelan a la opinión pública, y nó a las instituciones y personas que tienen el mandato legal, el poder y lo medios para corregir las denuncias. El objetivo es claro: atacar políticamente a la Guardia Nacional y por mampuesto a la institución armada en general. El objetivo es claro: una invitación a los ciudadanos a juzgar a las Fuerzas Armadas sin que previamente se les suministren las pruebas de las supuestas deficiencias e irregularidades.

Estas nada ocultas intenciones hacen dudar sobre la verdadera fuente de las denuncias, ya que si como dicen las informaciones de prensa, el supuesto grupo de oficiales estaría integrado por militares “que ocupan los primeros puestos en sus promociones”; es una total incongruencia que ellos, que probablemente ocuparían en el futuro los altos cargos de la institución armada, se dediquen hoy a destruírla dándole “justificación moral” a la existencia de grupos de subalternos cuestionadores de las actuaciones de los altos mandos usando a los medios de comunicación como instancia de apelación.

Los altos mandos militares no deben caer en esta trampa política, que intenta; por una parte “motivarlos” a iniciar investigaciones dirigidas a toda la oficialidad subalterna; y por la otra a crear en la mente de la oficialidad subalterna la sensación de que todos serán investigados. Deben responder a este ataque político, como acertadamente lo ha hecho el Comandante General de la Guardia Nacional: con mesura y contundencia. El resto de los venezolanos, tampoco debemos aceptar este menosprecio a nuestra capacidad de discernir.