Homicidios: enero 2012
El Ministro del Interior y Justicia ha revelado por fin algunas cifras sobre la violencia y, en particular, sobre los homicidios en Venezuela durante lo que va del año. Los números son aterradores: 1.347 homicidios en el mes de enero, como si estuviéramos en guerra. Pero lo más grave es que, según lo que revela el funcionario, los mayores índices están en Miranda, Zulia y Carabobo, como si esto pudiera extrañar, siendo así que la mayor población está allí, a excepción del Municipio Libertador que al parecer se ha vuelto la sucursal del cielo, gracias a la política criminal del Estado. Evidentemente la responsabilidad en esos Estados queda en manos de los gobernadores que son todos de oposición ¡Vaya coincidencia!
Por otra parte, el análisis de esta cifra no es menos asombroso. Entre otras cosas, el 68% de los homicidios fue por «ajuste de cuentas» (950 muertos). Esto es, casi el 70% de los homicidios ha sido por un pretendido arreglo de cuentas que nadie ha definido y que significa, pura y simplemente, que un número importante de muertes ocurre por aplicación de una pena capital de facto o por la decisión de grupos armados que toman la justicia en sus manos y deciden la muerte de otros con las consecuencias que ya sabemos de balas pérdidas que acaban con vidas inocentes.
En otras palabras, en un mes, más de 1.000 muertos, la mayoría en estados opositores y en ajuste de cuentas.
No parece extrañar que con la cifra señalada pueda llegarse a unos 16.000 muertos, o más en 2012; que todo indica que los gobernadores opositores tienen la culpa de ello; y que el ajuste de cuentas forma parte de la «rutina delictiva».
Solo cabe, ante esto, algunas preguntas: ¿ese número de muertos al año no es aterrador?; ¿tienen los gobernadores el manejo de la justicia penal en sus etapas de investigación, juicio y ejecución de penas?
Es necesario reaccionar ante estas afirmaciones que carecen de todo sentido. El drama de la violencia es extremadamente grave; más grave aún la impunidad -de la que no habla el Ministro- y que alcanza más del 90% de los homicidios; e igualmente gravísimo, que hayamos regresado a la etapa de la venganza privada -anterior a la ley del talión- por lo cual bandas armadas se enfrentan y liquidan entre sí, ante un Estado impotente que no administra justicia y que se muestra incapaz de controlar la violencia desatada, de la misma manera que reconoce que las cárceles están bajo el control de los llamados «pranes».
Lo que ocurre en Venezuela es la muestra más evidente de la ineficacia del Estado para cumplir su tarea fundamental de garantizar la vida de sus ciudadanos y de la absoluta inexistencia de un sistema de justicia penal que proporcione una respuesta coherente, oportuna al problema de la criminalidad.
Una vez más, no se trata de promulgar nuevas leyes, sino de la efectiva aplicación de las que tenemos a cargo de órganos que actúen con celeridad y con respeto absoluto a los derechos humanos, recordando lo que decía Bolívar: más que leyes, que pueden ser obra muerta, necesitamos hombres virtuosos que son lo que constituyen las repúblicas.
