Gobierno podrido
La tramposería sale en cara. Esta conocida expresión del refranero popular venezolano expresa con claridad lo que le ocurre al gobierno del comandante. En momentos en los cuales el teniente coronel, por razones electorales, arrecia su campaña contra la propiedad privada y los empresarios particulares, sobre la base de trampas, calumnias y mentiras, la insondable incompetencia y corrupción del chavismo sale a flote para que el país las vea en todo su esplendor. Las 70 mil toneladas de alimentos perdidos, más los contenedores de medicinas vencidas descubiertas en Táchira y las miles de toneladas de semillas de papas descompuestas, muestran la radiografía de un régimen dedicado a imponer el comunismo y a apuntalar un Estado que durante once años se ha dedicado a vender pollos, comprar cementeras, adquirir fábricas de acero, telefónicas y compañías de electricidad, mientras mueren 16 mil personas cada año producto de la violencia, la infraestructura se encuentra en condiciones calamitosas, las escuelas bolivarianas no funcionan, en los hospitales públicos se ruletea a los pacientes, la seguridad social es precaria y la pobreza no cede. El Gobierno no se ocupa de lo que debe, y atiende aquello que debería ser tarea de la sociedad. El cubanismo del siglo XXI plantea que el Estado es más competente que el sector privado en la producción de bienes y servicios. Los resultados están a la vista: se pierden millones de kilos de comida importados por el sector público, mientras en los anaqueles de los mercados y supermercados populares hay escasez de productos básicos. Se confiscan haciendas, fincas y fundos en plena producción, y, en contrapartida, ahora el país depende en más de 60% de alimentos importados, cuando en muchos de esos rubros éramos autosuficientes. El cubanismo, según el discurso oficial, es superior en el plano ético a la economía de mercado y a la empresa particular. Lo que muestran los contenedores putrefactos es que la corrupción ha perforado todas las capas de la burocracia chavista. Por allí han apresado a unos funcionarios de menor jerarquía, pero a los jefes máximos, a esos sin cuyo consentimiento los negocios no habrían prosperado, la justicia no los toca ni con el pétalo de una rosa. El comunismo encapsula y ampara a los altos jerarcas. Al trapiche solo son llevados los tallos de caña más delgados. Imaginemos lo que le habría ocurrido a Lorenzo Mendoza si fuese la Polar la que hubiese incurrido en el desafuero. Los calabozos del SEBIN le habrían parecido un paraíso. El régimen acusa a modestos comerciantes, como los mayoristas de Quinta Crespo y del mercado de Coche, de acaparadores, pero resulta que los vivos vinculados con el gobierno bolivariano, se enriquecen con los suculentos negocios propiciados por la cúpula gubernamental. Como parte de este montaje importan millones de kilogramos de productos que luego no distribuyen, por la sencilla razón de que entre sus cálculos financieros no entra el paso que viene inmediatamente después: la distribución de esos bienes. Los genios de la planificación no son capaces proyectar más allá del interés que les despiertan sus bolsillos insaciables. Resulta que los acaparadores y especuladores -dos términos en desuso desempolvados por los jerarcas del régimen- son los comerciantes, mientras que los responsables gubernamentales del desastre se lavan las manos y aparecen acusando a la “burguesía” del colapso que ellos mismos han provocado. Los maestros de la planificación central -los que han acabado con la descentralización, recentralizando los puertos y los aeropuertos- dejaron que se descompusieran las decenas de miles de toneladas de alimentos que se importaron con recursos de la nación. Cuando el puerto de Puerto Cabellos estaba en manos de la gobernación del estado Carabobo, los buques que entraban en la rada eran descargados en poco tiempo y las mercancías entraban en circulación rápidamente. El puerto era administrado con criterios gerenciales, incluido el análisis de costos. Ahora el gobierno revolucionario permitió que las mafias se entronizaran de nuevo. La red delictiva es tan espesa que puede suponerse que las complicidades comienzan en la base de la pirámide y se extienden hasta la cúspide. El comunismo del siglo XXI ha resultado un fraude: incompetente, autoritario, voraz y corrompido. Es un régimen putrefacto. El comandante no intenta revertir los rasgos de su modelo, sólo se preocupa por sus efectos negativos. En él no hay propósito de enmienda. Su huida es hacia delante. No existen razones para suponer que su actitud cambiará desde ahora hasta el 26-S. No detendrá los ataques a la propiedad privada ni reconocerá su importancia para el desarrollo del país. La polarización la agudizará con más denuestos contra los empresarios y la economía de mercado. Lo que debemos hacer es impedir que imponga la agenda, que acorrale al país, que siembre el miedo. La Constitución proporciona suficientes herramientas para destacar la importancia de que convivan en sana paz el mercado y el Estado.
