Gobierno fuera de línea
La fundamental justificación del llamado gobierno en línea consiste en la simplificación, rapidez y eficacia de la tramitación de los inevitables servicios que ha de prestar el Estado. Sin embargo, las páginas de la ONI-DEX, CADIVI u otras dependencias oficiales, están colapsadas a semejanza de lo que ocurriría en el mundo real.
La solicitud de los pasaportes o de los dólares que se necesitan, saben de una muy paciente exposición interneteana hasta que pueda arrojarnos una humilde clave, con la cita o concesión que correspondan, frecuentemente a altas horas de la madrugada y luego de varios días o meses de febril empeño ciudadano. En un sentido, ocurre algo distinto a los servicios que dispensa la empresa privada, pues, por muy complejo y demandado que pueda ser el producto o el servicio, incluyendo a grandes transnacionales, las empresas tienden a satisfacer al consumidor o usuario con el cuidado que amerita una amplia y dura competencia.
Se dirá del acecho constante de “jáqueres” que impiden el normal desenvolvimiento de los servicios gubernamentales, pero – convengamos – ellos obligan a una permanente actualización, como parte misma de la naturaleza virtual. Por lo demás, el empleo de las todavía nuevas herramientas no debe orientarse exclusivamente a los afanes propagandísticos y publicitarios del oficialismo, ya que – proliferando – sus portales constituyen un adefesio electrónico al impedir – precisamente – la interactividad.
No tardan los “ideólogos” del régimen en defender al Estado, diciendo de sus capacidades para atendernos a todos, y también despotricar de la inevitable aparición de “gestores” que cobran por realizar las diligencias digitales a los que carecen de tiempo y de paciencia. En otro sentido, bien reglado, la iniciativa privada puede ayudarlo a un mejor desempeño reconociendo, aceptando y estimulando actuaciones que no constituyan delito: bastaría con ejemplificar que un formidable desempeño de IPOSTEL es el que pondría en aprietos y haría desaparecer los servicios privados de correspondencia, en lugar de un terco capricho “nacionalizador”.
Finalmente, recordando un poco las apreciaciones de Humberto Njaim sobre la corrupción, la agigantada demanda por los servicios electrónicos del Estado lleva a una elevación de sus costos, reapareciendo quellos funcionarios que puedan de algún modo satisfacerla lo menos ortodoxamente posible. Por consiguiente, estar “fuera de línea” también posibilita las consabidas argucias del caso.
