Gobernaciones y guarniciones
1. Chávez y los gobernadores
La actual pelea de Hugo Chávez con los gobernadores es un nuevo capítulo de una relación que siempre ha sido tensa, incluso con los mandatarios regionales que formaron parte del desaparecido Polo Patriótico. Los conflictos con Patria para Todos (PPT) tienen su origen en las continuas agresiones de Chávez a los gobernadores de Anzoátegui y Vargas, Alexis Rosas y Alfredo Laya, respectivamente
Esos conflictos tienen varias fuentes nutrientes. La primera es la vocación autoritaria del Jefe de Estado. Como todo autócrata que se respete, Chávez ve con recelo a los gobernantes regionales. Éstos le restan capacidad de maniobra al Gobierno Nacional. Le roban protagonismo al Primer Mandatario. Impiden que el Ejecutivo Nacional se lleve todos los laureles de la gestión pública. En el mejor de los casos, el Presidente de la República está obligado a compartir con los gobernadores los méritos de una obra bien edificada. En el peor, el gobernador es la única autoridad pública que recibe los aplausos cuando una gestión resulta exitosa. En los estados, el Presidente de la República puede quedar relegado frente al carisma y la capacidad gerencial y de liderazgo de un gobernador. El protagonismo de la autoridad regional no puede ser visto con beneplácito por un Presidente como Chávez, que disfruta de la sobreexposición pública; que siente un placer infinito con el vedetismo.
Un segundo factor tiene que ver con el hecho de que Hugo Chávez exige incondicionalidad total. El gobernador, dentro del esquema de Estado vertical y autoritario que maneja el comandante, tiene que ser una especie de procónsul romano; un representante sumiso y con fidelidad perruna al Emperador, en este caso a su equivalente, el Presidente de la República. En realidad Chávez añora el método de la IV República que permitía que el Jefe del Estado nombrara y removiera a su libre antojo a los gobernantes regionales. En el ancien régime (antes de 1989) los gobernadores eran exclusivamente representantes del Poder Nacional en sus respectivos estados, y en cuanto tales vasallos del Primer Mandatario. Con la elección directa de las autoridades regionales, éstas pasaron a ser básicamente representantes de las regiones ante el Poder Nacional. Es decir, la relación se invirtió. En la actualidad la norma es que los gobernadores se comportan con autonomía de criterios ante el Presidente y sus ministros, cosa que a Chávez no le simpatiza.
La tercera razón de la discordia es que muchos de los gobernadores actuales apoyaron a Henrique Salas Romer en las elecciones de diciembre de 1998. Los mandatarios regionales, violando una disposición oficial que establecía que los funcionarios públicos no podían hacer campaña por ningún candidato a cargo de elección popular, se cuadraron con el ex gobernador de Carabobo. Esta toma de partido selló la suerte de ellos con Chávez. A partir de ese momento el comandante les hizo la cruz. Los gobernadores han padecido un calvario. Los recursos por concepto de Situado Constitucional no se les transfieren o se trasladan tardíamente. Los recursos por la Ley de Asignaciones Especiales tampoco se les otorga. El Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) no financia los proyectos de las gobernaciones. El cerco económico es total.
2. El gobierno central y la descentralización
El ministro de Finanzas, José Rojas, ha sido la punta de lanza que Hugo Chávez ha utilizado recientemente para agredir a los gobernadores y, por su intermedio, a la descentralización. Rojas ha dicho de forma insistente que las gobernaciones no saben elaborar proyectos de inversión, razón por la cual el FIDES no les otorga los recursos financieros para ejecutar los proyectos que esas dependencias presentan. La razón que esgrime el ministro parece de lo más sensata: no puede financiarse un proyecto cuyos objetivos, cronograma de ejecución y metas por tramos, se desconocen o están mal planteadas.
En el caso de que la denuncia de Rojas fuera cierta (William Dávila, gobernador de Mérida y presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, cifras en mano, dice que el ministro miente), el Gobierno Nacional y el propio FIDES tendrían una cuota de responsabilidad muy alta en esa falla. De acuerdo con la Ley Orgánica de Descentralización, al Ejecutivo Nacional le corresponde ser el órgano rector de la descentralización. En virtud de esta obligación, el Gobierno Nacional debe asesorar a las gobernaciones para que éstas dependencias superen las fallas institucionales que les impide presentar proyectos de inversión de acuerdo con la metodología establecida por el FIDES. Más aún, este fondo incluye entre sus funciones la asesoría a los gobiernos regionales en el campo del fortalecimiento institucional. Este componente se previó, pues antes de crearse el Fondo en 1993, ya se sabía de las enormes limitaciones que tenían algunas gobernaciones para formular los proyectos de inversión. Al igual que el FIDES, otros organismos y programas que dependen del gobierno central están comprometidos a brindarles apoyo técnico a las gobernaciones. Este es el caso del Fondo de Inversión Social, FONVIS, ahora adscrito al Fondo Único Social (FUS) dirigido por William Fariñas, y del PROINSOL (Programa de Inversión Social Local). El fortalecimiento institucional a los gobiernos regionales y municipales es una obligación del Gobierno Nacional con la cual el gobierno de Hugo Chávez no está cumpliendo.
3. El Plan Bolívar 2000 y la descentralización
A los gobernadores se les ataca y descalifica porque supuestamente no saben elaborar proyectos de inversión. Esta agresión oculta el propósito real de la maniobra de Hugo Chávez: acorralar la descentralización y crear las condiciones para regresar a un régimen centralista y presidencialista a ultranza, tal como el que existía en el país antes de diciembre de 1989. El mecanismo no ha sido nada sutil: se restringen los recursos de las gobernaciones, mientras se les da dinero a manos llenas a los coordinadores del Plan Bolívar 2000.
A los mandatarios regionales se les exige presentar proyectos de inversión elaborados de acuerdo con una metodología rigurosa, que contempla establecer montos precisos, metas temporales, inversión por tramo, indicadores de gestión, etc. Este procedimiento no tendría nada de objetable si el Gobierno Nacional a través del FIDES, del Ministerio de Planificación o de cualquier otra instancia, brindara la asistencia técnica que por ley está establecida. Tampoco tendría nada de criticable si a los ejecutores del P-B 2000 se les exigieran los mismo requisitos. Sin embargo, ocurre que mientras a los gobernadores se les niegan recursos financieros, a los comandantes de las guarniciones que instrumentan el Plan, se les da dinero en abundancia, especialmente para adelantar la política social del régimen. Mientras a los gobernadores se les piden proyectos que son examinados con una lupa, a los comandantes del P-B 2000 no se les exige ningún proyecto previo, ni existen controles posteriores del gasto ejecutado. Se aplica la ley del embudo: ancho para los comandantes y angosto para los gobernadores.
El modelo que intenta instrumentar Hugo Chávez luce bastante claro: la meta es desacreditar y torpedear a los gobernadores. Dentro de este marco, el Gobierno Nacional no concertará con los gobiernos estatales; la inversión en los estados no se hará a través de las gobernaciones, sino de las guarniciones (P-B 2000); la relación del Presidente de la República con los mandatarios regionales se dará sobre la base de una subordinación total de los gobernadores a los designios de Miraflores, a los gobernadores se les tratará de sitiar financieramente, se les crearán condiciones inhóspitas para forzarlos a capitular ante el Presidente de la República. La guerra será sin cuartel. El modelo de Chávez no admite competidores en los estados.
No es casual que durante la vigencia de la Constitución del 61, el presidente Chávez nunca convocara la Convención de Gobernadores, ni durante los meses que ha regido la Bolivariana, el Vicepresidente Rodríguez haya convocado el Consejo Territorial de Gobierno. Es en esos órganos donde deben negociar y concertar el Ejecutivo Nacional y los gobiernos estadales. Es evidente que a Miraflores le gustan mucho más las guarniciones que las gobernaciones.
