Exclusión lamentable
En la educación superior venezolana hay medio millón de estudiantes abandonados por la responsabilidad financiera del Estado. La vigente Ley de Universidades dice que en las universidades nacionales “los estudios ordinarios son gratuitos” (art. 11). La Constitución Bolivariana afirma que la educación es obligatoria “hasta el nivel medio diversificado” y que “la impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario” (art.103). En la realidad varios millones de jóvenes están fuera de la escuela.
Hay cerca de 600.000 estudiantes (unos 380.000 en institutos y 240.000 en universidades) en instituciones privadas de educación superior. Sus familiares pagan sus estudios, en la mayoría de los casos con grandes sacrificios.
La mayoría de estos jóvenes -sobre todo si vienen de liceos oficiales- tiene un doble obstáculo para proseguir sus estudios: la escasa preparación para el éxito en los estudios superiores y la gran dificultad para pagarlos. Dos obstáculos para los que no hay ni ayuda, ni estímulo oficial.
Conozco la realidad de los estudiantes de la UCAB, que está mucho más allá de cualquier simplismo demagógico que los desecha luego de clasificarlos como “hijos de ricos”. De unos 15.000 estudiantes cerca del 25% estudian con programas de ayudas financieras de la propia universidad. Un número similar trabaja y se paga sus estudios. 30% lo puede hacer gracias a un gran esfuerzo económico de su familia. Finalmente, queda 20% cuyas familias pueden pagar sin dificultades. En los institutos de carreras cortas el cuadro es más grave, pues ahí no encontramos hijos de ricos, ni de diputados, ministros, generales y magistrados; la mayoría son de sectores de bajos recursos, bachilleres de liceos oficiales que no pudieron entrar a universidades financiadas por el Estado; ello les obliga a estudiar en institutos de carreras cortas o en universidades privadas. El Estado no tiene respuesta ni se ocupa de ellos. Pareciera que sólo los que entran en las universidades del Estado son hijos legítimos con derecho al presupuesto público para sus estudios.
Es una vergüenza nacional que, ni los gobernantes anteriores, ni los actuales, tomen en serio el problema y no busquen soluciones de financiamiento, razonables y sostenibles. Venezuela necesita con urgencia crear un sistema público de crédito educativo y de becas al cual puedan acudir centenares de miles de estudiantes al año. Del sistema público recibirán hoy crédito como estudiantes y lo devolverán mañana como profesionales con su trabajo. Devolución que va a engrosar un sistema rotativo de solidaridad intergeneracional que seguirá financiando a otros.
Esa política tiene que ser pública y masiva, con un fondo rotativo financiado principalmente por recursos del Estado, que en parte se recuperan, mientras que la otra es subsidiada. El ideal es que el sistema funcione en combinación con entes financieros privados, con criterios especiales de administración de bienes públicos de finalidad social.
El otro elemento importante para acceder a la educación superior con posibilidades de éxito es el refuerzo sistemático (las universidades pueden jugar un papel importante en esto) para mejorar la educación básica y diversificada en las instituciones oficiales, sobre todo en los sectores más pobres. La falta de preparación no se resuelve forzando la entrada.
No hay que empeñarse en la uniformación de toda la educación superior. La respuesta es muy variada, en modalidades y calidad. Ésta no se impone por decreto; es difícil que una universidad recién nacida, con 200.000 estudiantes logre la misma calidad que otra que en 100 años ha llegado a ser capaz de atender bien a 50.000 alumnos. Hay universidades estatales buenas, regulares y deficientes; así son también las privadas. De esa realidad tenemos que partir para mejorar.
Tanto en el nivel de estudios, como en el financiamiento, hay que admitir la variedad y apoyar planes de mejoramiento y mayor capacidad de repuesta, sin restringir la atención del financiamiento educativo sólo a quienes estudian en instituciones estatales.
Los enfoques dogmáticos poco ayudan para dar soluciones a los estudiantes de la educación superior que en los próximos años oscilará entre millón y medio y dos millones de estudiantes.
