Estabilidad y gobernabilidad en la dimensión bolivariana
Los conceptos tradicionales de estabilidad y gobernabilidad vienen siendo sometidos a prueba desde que se inició el llamado proceso revolucionario democrático y pacífico que aparece en la escena política vinculado al culto bolivariano que promueve incansablemente el jefe del Estado.
Ahora, de acuerdo a las opiniones sobre el particular vertidas por voceros del oficialismo, una acción cívico-militar es la única capaz de garantizar al país tanto la estabilidad como la gobernabilidad requeridas para asegurar el desarrollo armónico e integral de los diversos sectores de la población en un ambiente de paz que favorezca, entre otros, el ejercicio de la democracia participativa y protagónica que contempla la Constitución Bolivariana (1999).
Es así que tal respaldo conceptual reanima el Plan Bolívar 2000 que, hasta ahora es, quizás, la única propuesta concreta que el gobierno ha estado en capacidad de presentar en el área social y que, a no dudar, es una destacada muestra del más rancio populismo que, apropiadamente, luce emparentado, en ciertos aspectos, con el Plan de Emergencia que fuera adoptado en 1958 por el gobierno provisorio que entonces se constituyó a raíz del derrocamiento de la dictadura.
Por otra parte, el principal componente político del oficialismo (MVR) no es una típica organización de masas ni tampoco de cuadros, sino un movimiento cívico-militar, como expresamente lo identificó en recientes declaraciones el vicepresidente ejecutivo de la República. Quiere esto decir que en Venezuela, hoy día, el régimen está obligado, por su misma naturaleza, a privilegiar las políticas de alcance y contenido militarista que, indefectiblemente conducen hacia el autoritarismo. Es una ilusión pretender que una acción de carácter cívico-militar, como lo propone el oficialismo, vaya a otorgar mayor participación al poder civil sobre el poder armado, pues de lo que se trata es de procurar debilitar al uno para fortalecer al otro y, en esa situación, no debe caber duda alguna que el poder militar se impondrá en definitiva.
Por supuesto, las apariencias democráticas se mantendrán en la medida en que la sociedad civil se adapte al régimen, lo cual es previsible en un lapso razonable si se toma en cuenta el comportamiento del electorado en los comicios efectuados en 1998, 1999 y 2000, cuyos resultados mostraron nítidamente el respaldo popular del que disfruta el primer magistrado. ¿Por cuánto tiempo? No resulta fácil adelantar vaticinios en ese sentido, sobre todo por que las consecuencias de las políticas populistas no siempre pueden establecerse con sujeción a un período determinado. Y si a ello se añade el factor militar, que puede estimarse como un imponderable, debido a su aceptación o rechazo por parte de sectores diversos de la población, tal como aparece en la generalidad de los estudios de opinión pública, habrá que concluir que la experiencia venezolana, en cuanto compete a la estabilidad y a la gobernabilidad, despertará el mayor interés en todos quienes están comprometidos con un proceso democrático que conduzca a la vigencia del poder civil sobre el poder armado y al ejercicio efectivo de los derechos y libertades que garantiza el estado de derecho.
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