Es Hipócrita la lucha contra la corrupción

“…necesitamos un Juez honesto, con sensibilidad social y humana, que con amor, pasión y dedicación, brinde un servicio de justicia de excelencia, de primera categoría, con humildad, sin prepotencia, pero sobre todo con transparencia, ese es el compromiso que nos pide la Patria…”

Omar Mora Díaz
Presidente del TSJ

ES HIPÓCRITA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Los hechos demuestran que la lucha contra la corrupción en Venezuela no es más que una comedia mal montada. Ayer leímos en la página 16 de Últimas Noticia unas declaraciones del Ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, que nos confirman que en el caso de las denuncias contra el jefe de la DEM y Magistrado de la Sala Constitucional, Luís Velázquez Alvaray, no va a pasar nada. El periodista Ernesto Villegas Poljak le preguntó al ministro Chacón ¿Qué pasó con el caso Velázquez Alvaray? El denunciante simplemente se limitó a contestar: “Ya entregué las correcciones que solicitó el Consejo Moral”. Es evidente que el Ministro sabe que el chantaje de Velázquez Alvaray surtió efecto y que por eso el Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez; el Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín y el Contralor General, Clodosvaldo Russián, integrantes del Poder “Moral” de Venezuela, están ganados para absolver al denunciado. Es decir, que el desencanto y la desesperanza siguen haciendo estragos en la población, la cual observa con estupor, como la lucha anti corrupción no es más que una maniobra gatopardiana, es decir, que se denuncia para que todo cambie, pero todo sigue igual en el campo de los corruptos, En este gobierno ellos siguen anotándose más puntos a su favor. Sobre este mismo personaje hemos denunciado que engañó al Parlamento con su titulo chimbo de DOCTOR y nadie ha levantado su voz para que eso se averigüe. Es increíble.

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A JUICIO PENAL CONTRA SOCIOS DEL FALLECIDO FILIPPO SINDONI. Un destacado abogado de la región, por cierto bien conectado con Gobierno Nacional, acaba de descubrir haber sido victima de una estafa, presuntamente cometida por unos socios del fallecido empresario Filippo Sindoni. Según la información recibida, estos personajes, valiéndose de artimañas, procedieron a vender por 40 millones de bolívares una impresionante porción de terreno propiedad del abogado, ubicada en la Intercomunal Turmero-Maracay. No se sabe como hicieron para hacer el traspaso. Lo cierto es que el costo real de ese terreno es de miles de millones de bolívares. Ya los recaudos están listos, para que arranque un proceso penal contra los estafadores. Es decir, que para evitar que hagan asambleas ficticias, ya el abogado tomó todas las previsiones. Este caso podría ser el inicio del destape de una olla podrida, relacionada con el Imperio del difunto Sindoni. Estaremos atentos.

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¿Y LA VENGANZA EMPRESARIAL QUÉ? Y hablando de Filippo Sindoni, la marea de su muerte bajó totalmente, sin que aun el pueblo venezolano conozca la verdadera causa de su secuestro y posterior asesinato. Lo último que se le dijo al país es que simplemente se trató de un secuestro atípico. Nadie se ha comido ese cuento, debido a que los personajes claves en la solución de este caso, extrañamente también fueron asesinados, como para garantizar el silencio. En los corrillos judiciales de Aragua se comenta que el móvil de este sonado caso tiene que ver con la negativa de Sindoni de pagar una comisión a unos funcionarios de un organismo gubernamental, del sector alimento. Se dice que después de comprometerse a pagar esa comisión, por un negocio con pastas Sindoni, el empresario se negó a honrar el compromiso y hasta amenazó con elevar la denuncia de que lo estaban extorsionando, a nivel del Presidente Chávez. Allí habría firmado su sentencia de muerte. Advertimos que todo esto, no es más que una versión no confirmada que anda de boca en boca en Maracay y que debería ser investigada, sobre todo porque el viernes 07/04/2006 el Fiscal General de la Republica Isaías Rodríguez aseguró en rueda de prensa que “ya el caso se encuentra totalmente resuelto y el perfil que se maneja como causal del hecho es la venganza empresarial.” ¿Lo recuerdan? Desde entonces, no se dijo más nada de eso, lo que indudablemente general suspicacia y hace presumir que en este crimen se impondrá la impunidad.

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LA REGISTRADORA DE CALABOZO DEBE SER INVESTIGADA. Desde Calabozo, estado Guarico, recibimos llamadas y correspondencia de amigos y lectores de esta columna, quienes denuncian arbitrariedades que a diario comete la registradora Mercantil III, Carmen Cristina Acosta Montes. Dicen que casi nunca va a trabajar y que el trabajo se lo hace la abogada revisora Rosa Pérez Gallardo, quién además, muchas veces con pena, da la cara por su jefa. También afirman que Acosta Montes, en muchos casos se niega, sin fundamento jurídico, a registrar las actas de empresas. En otros casos cobra muy altos “aranceles” y luego de negarse a registrar las actas, se apropia del dinero, pues no lo reintegra, y en este caso no estamos hablando del arancel de 15, 20 o 25 mil bolívares que se le paga al Fisco, sino el que ella cobra por registrar, es decir los 500, 600 ó 700 mil que van a su bolsillo. En otros casos, cuando decide registrar, obliga a las personas a modificar sus escritos de solicitud, con la intención de incrementar sus ganancias. Actualmente tiene en sus manos un caso en el que está obligando a una empresa a pagar cinco (5) millones de bolívares, por registrarle un acta, mediante la cual se está presentando la copia certificada de un expediente. ¿Eso no es extorsión? En conclusión, el Ministro de Justicia debe meter la lupa en este Registro Mercantil de Calabozo.

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SIN LUGAR RECURSO DE NULIDAD EN CASO DE JUEZ PROVISORIO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VICENTE AMENGUAL. La Sala Político Administrativa del TSJ declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensiones de condena y amparo cautelar por Vicente Antonio Amengual Sosa, contra la decisión contenida en el oficio dictado por la Comisión Judicial del TSJ, en la cual se dejó sin efecto la designación del cargo que venía desempeñando como Juez Provisorio Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay. DECISIÓN.- La Sala Político Administrativa señaló entonces que resultan improcedentes las pretensiones de condena, contenidas en el libelo, relativas al pago de los sueldos caídos y demás beneficios dejados de percibir, respecto a las cuales el accionante además incumplió con la carga de estimar y especificar los mismos. Indicó que no puede pasar inadvertida la circunstancia de que mediante diligencia de fecha 1° de diciembre de 2005, la parte accionante haya pretendido hacer valer un supuesto estado de indefensión derivado de la circunstancia de que le fue imposible estructurar apropiadamente su defensa, debido a que los alegatos presentados por la Procuraduría General de la República y por el Ministerio Público fueron formulados «…casi al final del juicio…». Al respecto, indicó que el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para tramitar los recursos de nulidad contra un acto administrativo, no contempla una actuación procesal como la relativa a la contestación a la demanda, lo cual en parte se justifica debido al carácter objetivo que se predica de este tipo de procedimiento. Para finalizar observó que en el caso los alegatos respecto a los cuales el recurrente fundamentó indefensión se formularon en el acto de informes, al cual éste compareció pudiendo con ello ejercer su derecho de palabra y defensa. De ahí que mal puede dicha representación judicial denunciar indefensión con relación a los planteamientos que en dicho acto efectuó la Procuraduría General de la República. (Exp. Nº 2002-0698. Sentencia Nº 01225 de fecha 16/05/2006. MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO)
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AQUÍ LE MANDA JUAN BARRETO. Agentes policiales uniformados, pertenecientes a la Policía de Aragua, visitaron esta semana bufetes, hogares de abogados y despachos públicos, repartiendo entre los profesionales del derecho unas 400 invitaciones para que asistieran a una reunión política que se celebró en el Hotel Plaza de Maracay. Esas invitaciones estaban firmadas por el “Doctor Juan Barreto”. En conclusión, de los 400 invitados, solo acudieron unos 30, y eso porque realmente porque creyeron que efectivamente estaría allí el Alcalde Metropolitano de Caracas, pero no fue así, pues resulta que el firmante, quién se llama igual al burgomaestre capitalino, es decir, Juan Barreto, es un abogado, ex adeco él, que ejerce la Coordinación de Prefecturas de la Gobernación de Aragua. Este Barreto, ahora aparece en la filas del oficialista partido PODEMOS, y sus convocatorias son para tratar de armar una plancha, para participar en las gremiales elecciones del Colegio de Abogados del estado Aragua. A su reunión solo asistieron algunos abogados al servicio del “Estado”, es decir, jueces, fiscales, notarios y registradores, y, sin embargo, no llegaron a treinta. Todos ellos ex copeyanos y adecos, entre ellos el juez de menores Rafael Quileli, la jefa de la DEM en Aragua, Gertrudis Muñoz, el Notario Alfredo Matute, (este fue el que le levantó la mano a Luís Alfaro Ucero, cuando este fue nominado candidato a la Presidencia de la República por AD. La prueba está en la 1º página de El Nacional en aquel momento). Hasta Jesús Gil, aspirante a la Presidencia del gremio, estuvo entre esa jauría de chavista/oportunistas. Así andas las cosas