En defensa de la descentralización
La embestida de Hugo Chávez contra la descentralización forma parte de la construcción del comunismo del siglo XXI y de la sustitución de la democracia representativa, tal como este modelo aparece dibujado en la Constitución, por el esquema ceresoliano que a lo largo de diez años del proceso bolivariano, se ha ido implantando en el país bajo la conducción del comandante. El caudillo busca establecer un vínculo directo con las masas mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas. Construir la democracia directa es la consigna.
En esta operación el comandante Chávez Frías intenta unir el nexo caudillo-masa, prescindiendo de los gobernadores y alcaldes, instancias y autoridades intermedias electas a través del voto popular y con una base de legitimidad similar a la del Presidente de la República. Chávez Frías, al despojar a los gobernadores de las competencias exclusivas que les asigna la Carta Magna en el artículo 164, los está convirtiendo en unos fantoches; en figuras folclóricas y pintorescas sin ninguna posibilidad de cumplir con las tareas y responsabilidades para las que fueron electos por el voto popular el pasado 23 de noviembre. Si al caudillo se le permite que continúe recentralizando el país, las próximas elecciones de gobernadores habrá que efectuarlas en Carnaval, cuando se elija al Rey Momo, pues ambos personajes tendrán las mismas funciones: animar las fiestas carnestolendas.
El envilecimiento de los gobernadores persigue acabar con el voto como instrumento para elegir los poderes públicos e ir minimizando la esfera de la democracia representativa, hasta convertirla en una ficción. No creo probable que Chávez Frías se atreva a eliminar los mandatarios regionales, para regresar a un esquema similar al que regía antes de 1989, cuando el Presidente de la República designaba y removía a dedo esas autoridades. Su método es menos directo, pero más maquiavélico: los convertirá en jarrones chinos, pues será el jefe de Estado quien detente todo el poder, el cual será ejercido a través de las Autoridades Regionales, esos funcionarios acomodaticios contemplados en el artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública aprobada como parte de las 26 leyes de la habilitante. El cerco contra los gobernadores electos terminará de cerrarse cuando se apruebe en segunda discusión la Ley de Ordenamiento Territorial, cuya primera ronda se realizó en octubre del año pasado, pero que no fue sancionada definitivamente porque el teniente coronel decidió que era conveniente congelarla para que no se convirtiera en una arma en manos de la oposición para los comicios del 23-N.
Quienes están obligados, en primer lugar, a asumir la defensa de la descentralización son los gobernadores, incluidos, desde luego, los que simpatizan con el proyecto chavista. Lamentablemente las deplorables declaraciones de ese sector a través de Tarek William, demuestra que no están dispuestos a enfrentar la ira ni la arbitrariedad del autócrata. Estas autoridades fueron electas por el pueblo con el fin de que cumplieran un amplio conjunto de responsabilidades y administraran los recursos provenientes del Situado Constitucional, la Ley de Asignaciones Especiales, el Fondo de Compensación Interterritorial y los ingresos propios. El uso eficiente de todos estos recursos podría permitir que los gobernadores realizasen gestiones exitosas y que, algunos de ellos, se proyectasen en todo la nación como figuras alternativas y líderes para el cambio. Esta posibilidad, desde luego, no la acepta un ególatra embriagado de poder como el hombre de Sabaneta.
Por esta razón, cuando a los gobernadores se les despoja de la competencia para el aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, o de puertos y aeropuertos de uso comercial, la agresión no se comete sólo con las autoridades de la oposición, sino contra todos los mandatarios regionales y las comunidades que ellos representan. Hugo Chávez, siguiendo la doctrina de Ceresole, busca ser la única autoridad con la cual el pueblo establezca un vínculo de aceptación y reconocimiento. Los gobernadores afectos al proyecto chavista al aceptar las decisiones autoritarias del autócrata renuncian a su futuro político y, a la vez, cometen un acto de traición a la voluntad popular, pues la colectividad que votó por ellos lo hizo para que se ocuparan de mejorar la seguridad ciudadana, la educación, la salud, los servicios públicos, y promovieran el desarrollo del estado y de la región. Dentro de las asfixiantes condiciones que intenta imponerles Hugo Chávez a los gobernantes regionales, esas metas no podrán alcanzarse si no a cambio de la claudicación ante las ambiciones y objetivos políticos del caudillo.
La elección directa de gobernadores y alcaldes y la transferencia de competencias y recursos a los estados y municipios, fue el resultado de la presión sostenida de los sectores organizados de la provincia hastiados de los atropellos de poder central. La COPRE actuó como un factor que canalizó y potenció ese esfuerzo. Atacar la descentralización equivale a atropellar la democracia e ignorar la voluntad del pueblo de la provincia y de Caracas, que aspiran a contar con autoridades regionales y locales comprometidas con el bienestar de esas colectividades.
En la actualidad la defensa de la democracia pasa por la defensa de la descentralización.
