Elecciones y corrupción

Salir de lo viejo cuesta. Y mucho. En los días previos a las elecciones de 1998, cuando se adivinaba el triunfo de Hugo Chávez, un amigo me comentó que más fácil era sacar a un invitado que al dueño de la casa. El dueño o los dueños eran AD y Copei.

Pues bien, el invitado se puso viejo. Va para diez años apoderado de la casa y valido de los vicios más execrables de lo que ahora se llama la Cuarta República, ha sumado más poder que el más poderoso de los presidentes anteriores.

Esos vicios eran (y son) el clientelismo, el electoralismo, la corrupción administrativa, el autoritarismo, el militarismo, el abuso de poder, la ausencia de la autonomía de los poderes públicos y la intoxicación mediática.

El clientelismo es una de las perversiones de la relación entre votante y candidato. Cuando aparece, no se vota en razón de las ideas de éste o de la representación que tenga de los intereses legítimos de parte de la sociedad sino como repartidor de algún bien estatal. No hace falta que el patrón tenga un cargo público para mantener su clientela porque algo puede repartir en la campaña si cuenta con fondos para ello.

Hay quien se conforma con un saludo, pero hay clientes exigentes que esperan del candidato una franela, una gorra, un empleo o hasta una casa. Esa perversión ha sido llevada hasta niveles inauditos por este gobierno que, aplicando la antigua práctica de la zanahoria y el garrote, ha entregado miles de millones de bolívares en los programas sociales bautizados misiones.

Pero los catequizados electores de las misiones Robinson, Rivas, Sucre, Negra Matea, etc. tienen que vestirse de rojo y mendigar en las colas bancarias su irregular pago a cambio del apoyo obligado al desgobierno chavista y prometer su voto acarreado en los múltiples procesos electorales.

Las elecciones se han convertido, gracias a la revolución de los bolívares, en un método para narcotizar al pueblo. Se mantiene a la sociedad en excitación permanente y se discuten temas tan poco importantes como quién encabeza las encuestas y tiene chance de ganar o quién es agente del imperialismo (imperio que no manda ni un dólar a los candidatos opositores) o cualquier otra tontería. Mientras los verdaderos problemas del país quedan desplazados del debate.

Los procesos electorales, necesarios en toda democracia, parecen vaciarse de contenido al estar diseñados por un organismo electoral que sólo excepcionalmente actúa en contra de los deseos de Chávez. La celebración continuada de elecciones deja exhausta a la oposición al no contar ésta con los mismos recursos que el gobierno, a menos que procedan de la corrupción.

Las elecciones son también un escenario para mostrarse los corruptos. Si algún candidato al cual no se le conocen bienes de fortuna, puesto que no es rico de cuna, ni empresario exitoso ni se ha ganado un jugoso premio de lotería, hace alarde de una campaña electoral dispendiosa (repartiendo plata a dirigentes, ensuciando paredes, atosigando de cuñas las emisoras de radio y TV), lo más probable es que haya acudido a sus ahorros producto de la corrupción. Si el despilfarro es producto de un financista generoso, éste querrá cobrar algún día, al igual que el más humilde cliente de la misión Robinson. Pero es casi seguro que el dinero tenga su origen en las comisiones que regresan milagrosamente al país. Ante tanta fuga de divisas, son repatriados algunos dólares.

Lo anterior no quiere decir, de ninguna manera, que no se participe en los procesos electorales organizados por el régimen. Ya esa discusión quedó cancelada por los momentos. Lo que hay que subrayar es que al participar no podemos perder de vista los efectos perversos que puede tener la exacerbación electoralista y lo que la acompaña.

En Venezuela la corrupción proveniente del petróleo juega el mismo papel que el narcotráfico en Colombia. Y mientras el petróleo se venda más caro pues la corrupción aumentará. Si a esto se agrega la destrucción de lo que quedaba de las instituciones que luchaban contra la corrupción administrativa, pues el cuadro se completa para que el país encabece cualquier lista de los paraísos del robo de los dineros públicos y la impunidad en el mundo.

El inefable profesor Carlos Escarrá ha dicho en la Asamblea Nacional que los inhabilitados políticos del contralor Russián son todos unos corruptos. Nuevamente Escarrá el malo muestra su obsecuencia ante el jefe (hasta que este lo haga quedar mal como ocurrió con su defensa de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, popularmente llamada Ley Sapo) para darle una patada a la Constitución y al Derecho que enseña, ya que los inhabilitados por Russián no han tenido derecho a la defensa ni han sido objeto de una condena judicial.

Si este no es un caso de abuso de poder, no sé cuál pueda ser. Si el gobierno luchara de verdad contra la corrupción ya estuvieran presos algunos funcionarios que hacen compras milmillonarias a la vista de todos. Y hubiera estimulado, sin descansar, los procesos contra quienes robaron en los años anteriores a la llegada del caudillo.