Elecciones en diciembre: la última oportunidad
El escenario montado a trancas y barrancas por el régimen para el logro del control absoluto de la Asamblea Nacional no puede ser más precario. Las elecciones de diciembre amenazan con convertírsele al chavismo, si no en una pesadilla, por la menos en un incordio digno de indigestiones. Y la victoria obtenida por Hugo Chávez no sólo podría llegar a ser una victoria pírrica, sino una auténtica catástrofe.
Nada ni nadie ha logrado desmontar la matriz de opinión que lastra al CNE, convertido ante la opinión pública – chavismo incluido – en una dependencia gubernativa. Predomina una desconfianza generalizada del electorado hacia el CNE, considerado por la mayoría ciudadana como un árbitro parcial y tramposo. Sin considerar el hecho público y notorio de su inconstitucionalidad, los venezolanos están enterados y conscientes de las irregularidades que plagan el Registro Electoral, la aviesa manipulación hecha por Jorge Rodríguez de circuitos y registros para favorecer al oficialismo y el uso intimidatorio de maquinas caza huellas y cuadernos electrónicos. Todas ellas, fallas estructurales del sistema montado a un costo verdaderamente descomunal.
Dichas fallas estructurales determinaron una abstención inédita en nuestro país, que habrá superado el 80% en las elecciones de agosto último. Cuán descomunal será esa abstención, que Jorge Rodríguez se ha negado hasta el día de hoy a publicar sus cifras “oficiales”. Aparentemente, no existen.
A dichas fallas estructurales, se une nuevamente, como entonces, el uso de una herramienta de manipulación política claramente inconstitucional, que viola un principio sacrosanto de los sistemas democráticos, como es el de la representación proporcional de las minorías. Acomodo de los circuitos y uso de las llamadas “morochas” para favorecer al oficialismo y terminar de aplastar a la oposición son los elementos más visibles de la manipulación electoral que anula la corrección y transparencia de los comicios venezolanos. Como lo ha señalado hasta la saciedad la nueva oposición, dichos elementos, sumados a los vicios implantados en el REP para impedir la revocación del presidente de la república hacen de ese y cualquier otro acto electoral una pantomima.
Los recursos adelantados ante el TSJ por AD, Súmate y otras organizaciones de la sociedad civil, si bien no ponen al régimen entre la espada y la pared, le crean una serie de conflictos y dolores de cabeza. De ser aceptados tales recursos por el alto tribunal, desarman el tinglado cuidadosamente montado por Jorge Rodríguez y cuestionan la realización inmediata del propósito totalitario del régimen. Pero también pueden convertirse en un desastre para los partidos opositores: de ser rechazados, asunto altamente probable, dichas elecciones pierden absolutamente toda su legitimidad y provocarán una abstención aún mayor que la del 7-A y el descrédito de quienes insistan en participar en ellas. Lo que también afectará al régimen, desenmascarado por su ilegitimidad consustancial.
Es probable que este grave dilema esté tras los intentos adelantados por algunos personeros del régimen de postergarlas. Incluso de llevarlas hasta diciembre del 2006. A los efectos opositores, sólo importa destacar la precaria situación en que se encuentra el oficialismo. Es cierto: la erradicación de las morochas, incluso la aceptación de la revisión de un porcentaje elevado de las papeletas electorales, no conmueven las bases estructurales sobre los que descansa la posibilidad objetiva que posee el gobierno de manipular los resultados e influir en ellos de manera determinante. Pues la clave del control electoral descansa, primaria y esencialmente, en el Registro Electoral Permanente. Y hasta ahora nada indica que la oposición tenga la más mínima posibilidad de adentrarse en sus meandros, desvelar sus tortuosos tejemanejes y denunciar las incontables irregularidades que lo deslegitiman. El REP es la caja negra del CNE y no habrá Dios que logre descerrajarla.
Los hechos son tan gruesos, públicos y notorios, que repetirlos resulta casi majadero. Pero hay que insistir en ellos: inscripción de cientos de miles de ciudadanos cedulados de manera irregular, incluso nacionalizados violando todas las disposiciones constitucionales, dentro de lapsos fuera de la vigencia y los lapsos legales para hacerlo. La cifra es espeluznante y supera largamente los dos millones de electores.
Otro mecanismo puesto en práctica de manera anticonstitucional ha sido el del llamado Gerrymander: “salamandreo”, reingeniería de los circuitos electorales, migración forzosa de electores de un circuito a otro y baraja del número de inscritos en dichos circuitos para optimizar los resultados del oficialismo y dañar los de la oposición. El extraño nombre viene de la tradición electoral norteamericana y el gobernador republicano Gerry, de Massachussets, quien alteró en 1811 – ¡hace casi dos siglos! – el diseño de los circuitos de su Estado dándole la arbitraria y caprichosa forma de una salamandra (salamander, en ingles), según denuncias del partido opositor, los federalistas de entonces. De donde el nombre de Gerrymander, emblemático en la historia política y constitucional de los Estados Unidos.
SÚMATE, la más prestigiosa de las organizaciones de la ciudadanía democrática venezolana, ha precisado más de una docena de violaciones flagrantes a la ley electoral, que hacen prácticamente imposible – incluso mediante serias auditorías – participar en elecciones arbitradas por este CNE que puedan ser consideradas transparentes, creíbles, limpias y decentes.
Por ello, miente descaradamente Jorge Rodríguez cuando asegura que una inmensa mayoría ciudadana respeta y le concede credibilidad al organismo que preside. La verdad es absolutamente la contraria: el antichavismo en bloque y gran parte del chavismo tiene plena conciencia de su carácter avieso, tramposo y amañado. Lo que explica un hecho absolutamente aberrante: en Venezuela lo difícil no es convencer a la gente de que se abstenga. Muy por el contrario: es convencerlo de que NO se abstengan.
Lo cual explica las cifras probables de abstención para diciembre que rondan el 80%.
En medio de este complejo, quebradizo y dudoso panorama político, nada más dudoso que la celebración de las elecciones del 4 de diciembre. Por lo menos bajo una modalidad aceptable por el conjunto de la ciudadanía.
¿Qué hacer? Es indudable que en asuntos electorales, la oposición democrática no reconoce otro arbitrio que el de SÚMATE y María Corina Machado. ¿Han mejorado las condiciones electorales en Venezuela desde el 7 de agosto pasado, cuando SÚMATE asegurara públicamente que no se habían satisfecho sus exigencias por transparencia y respeto del voto y si bien no se manifestaba oficial y abiertamente por la abstención, dejaba la decisión de participar bajo esas condiciones al arbitrio de la conciencia de cada uno de los electores? Una decisión que un gran sector de la nueva oposición asumió como una clara señal de rechazo a la participación, teñida sin duda de colaboracionismo. La respuesta no puede ser más inequívoca: dichas condiciones, por lo menos al día de hoy, no han variado un ápice. Será recién el próximo jueves 27 cuando el TSJ decida sobre el fondo de la cuestión y emita un fallo definitivo.
Está claro: el rechazo del TSJ a la solicitud opositora de no permitir el uso de ese instrumento constitucional, deslegitimará el proceso electoral y servirá de poderoso acicate al abstencionismo. ¿Con qué argumentos asistirá la oposición a un proceso que huele a cadalso, trampa y celada? El hiato que hoy divide a los partidos de sus supuestos representados, se ahondará. Y la deslegitimación del CNE y, desde luego, del TSJ, habrá terminado por consumarse. Una victoria del oficialismo bajo esa premisa no es victoria ni triunfo del que felicitarse. En cuanto a la oposición partidaria, puede ir despidiéndose del afecto popular.
También está claro: la aceptación del reclamo opositor por parte del TSJ, además de comenzar a relegitimar al TSJ mismo, le dará un segundo aire a la democracia electoralista venezolana, permitirá insuflarle a los comicios un espíritu de mayor participación y puede terminar por reenganchar a la sociedad civil al deteriorado carromato democrático.
La última palabra la volverá a tener SÚMATE. Oswaldo Álvarez Paz declaró en Maracaibo la disposición de su partido Alianza Popular a reconsiderar su postura frente a las elecciones del 4 de diciembre si SÚMATE enviaba signos aprobatorios a dichas condiciones electorales. Lo mismo ha declarado el constitucionalista Tulio Álvarez, jefe del movimiento Verdad Venezuela. Sumados a Patricia Poleo y a Antonio Ledezma, AP y VV constituyen el núcleo duro de la nueva Oposición Venezolana. Una sensata disposición del TSJ podría permitir así un giro copernicano a la por ahora viciada atmósfera comicial y acercar, por primera vez desde el 15 de agosto de 2004, el liderazgo político a la ciudadanía activa.
El país y la democracia se lo agradecerían.
