El verdadero objetivo
Aparte de las fundadas objeciones de diversa índole que despierta el proyecto de ley sobre responsabilidad social de la radio y la televisión, como quedó en evidencia durante el debate respectivo en la Asamblea Nacional a los efectos de cumplir con el obligado trámite de la primera discusión, lo más interesante durante el desarrollo del mismo quizás fue la confesión, por parte del oficialismo, de que el verdadero motivo del régimen para adelantar esa iniciativa no era otro distinto que “el de procurar el control político de los medios de comunicación”.
Así, cuanto se ha dicho por parte de oficialismo y oposición a propósito del tema, que ha sido bastante, destacado y relevante, pierde peso ante una brutal afirmación como ésa, que anula cualquier motivación de carácter principista a favor del proyecto, real o fingida, como aquello, por ejemplo, de “proteger los intereses de los niños y de los adolescentes”, que fue el argumento que originalmente usó el gobierno para justificar la propuesta. O que deja de lado todos los innegables esfuerzos en el campo jurídico y en el político, por parte de destacadas personalidades ubicadas en uno y otro terreno, empeñadas en demostrar, con la mayor claridad y contundencia, las indubitables violaciones a la Constitución de la República en las que incurre el proyecto en cuestión a través de su articulado, así como también aquellas transgresiones que tienen relación directa con instrumentos de carácter internacional reconocidos por Venezuela como son, entre otros, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, las Declaraciones de Chapultepec y de la OEA sobre Libertad de Expresión, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, en igual orden de ideas, cabe mencionar las repercusiones negativas de la iniciativa en otras esferas, como los gremios empresariales de la radio y la televisión tanto a nivel nacional como interamericano, el Bloque de Prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
La confesión oficialista, precedida en el tiempo por las continuas y reiteradas amenazas contra los órganos de difusión e información por parte del presidente de la República, a lo que se añaden las agresiones físicas de las que han sido víctimas numerosos profesionales de la comunicación, así como también los daños ocasionados a instalaciones y propiedades de diferentes medios, son la mejor prueba de que el régimen de la mal llamada “revolución bolivariana” no cejará en la determinación señalada. No hay pues que hacerse ilusiones a este respecto. De no llegarse a aprobar el proyecto de ley de contenidos, como también se conoce la infeliz acción, es evidente que, tanto el jefe del Estado como las fuerzas políticas que lo respaldan, no darán tregua al empeño de amordazar y someter a los medios de comunicación, cualesquiera sean los recursos utilizados para tan antidemocrático e innoble objetivo. Por ello es necesario mantener la “alerta roja” por parte del movimiento opositor para defender y proteger la libertad de expresión y el derecho a la información frente a los asaltos y emboscadas de un régimen autoritario y militarista que no vacila en su nefasto propósito de destruir el sistema democrático y las libertades que hemos disfrutado y hemos conquistado gracias al persistente tesón de distintas generaciones de venezolanos y de venezolanas, sin distingo de clases ni ideologías.
