El triunfo de la sinrazón

De haber moderado su discurso después de su reelección como presidente de Venezuela el pasado diciembre, Hugo Chávez hubiese logrado una gran hazaña: gozar hoy, pese al grosero ventajismo oficial que hubo en la campaña electoral, de los más altos niveles de legitimidad desde principios de su gobierno. Pero el presidente, viendo la situación desde su retorcido punto de vista, se las ingenió para llevar a cabo lo que también podría ser considerado una hazaña: perder en cuestión de semanas el terreno que había ganado con su contundente triunfo en las elecciones. ¿Cómo lo hizo? Pues anunciando una serie de medidas ultrarradicales que causaron revuelo en la comunidad internacional y provocaron críticas de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso de la Organización de Estados Americanos.

Entre los nuevos anuncios está una revisión del orden político-territorial, la no renovación de la concesión del canal de televisión RCTV, y las nacionalizaciones de empresas y proyectos de los sectores energético, eléctrico y de telecomunicaciones. Pero la coronilla es sin duda la ley habilitante, que, junto a la también anunciada reforma a la Constitución, le permite a Chávez imponer, a punta de decretos, estas y otras medidas. ¿En qué consiste la ley habilitante? Ella otorga al presidente poderes especiales durante año y medio en once “ámbitos,” desde la estructura del Estado y la administración pública hasta la economía, las finanzas públicas, el régimen tributario, la seguridad, la defensa, la ordenación del territorio, la infraestructura, el transporte, los servicios, etcétera –todo el espectro, pues, de las competencias del poder nacional. Es tan amplia que el presidente, por su sola voluntad, podría modificar la estructura y competencia del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, o decidir de qué pueden ser propietarios los venezolanos o en qué pueden trabajar.

Para acompañar la ley Chávez creó un Consejo Presidencial para la Reforma de la Constitución. Este consejo se encargará de elaborar rápidamente un anteproyecto de reforma porque, en palabras del presidente, ¡se puede necesitar una ley que requiera reforma constitucional! Esto da una idea del siniestro alcance de la ambición de poder de Chávez. Para el presidente la ley habilitante y la reforma de la Carta Magna son dos caras de la misma moneda: si la Constitución obstaculiza uno de sus designios el consejo estará allí para moldear el texto constitucional a su voluntad. ¿Y quiénes conforman el consejo? Tres de los miembros son nada menos que la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Es decir, tres de los más altos funcionarios de los Poderes Judicial y Ciudadano (contrapesos en cualquier democracia digna del nombre) estarán al servicio del Ejecutivo. Esto no es una simple burla al principio de separación de poderes. Esto es tirar ese principio al piso para luego pisotearlo y escupirlo.

José Miguel Sor ha dicho –con su característico airecillo superior y socarrón, pero también con algo de razón– que los que se alarman con esta ley son unos tontos, porque en Venezuela no hay desde hace tiempo separación de poderes. A Sor más bien lo intriga lo siguiente: ¿por qué Chávez, si ya controla la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Defensoría y el Consejo Electoral, insiste en idear mecanismos legales absurdos para darse poderes especiales que en el fondo no necesita? A Sor, al parecer, no le gusta calarse los Aló, Presidente ni las cadenas presidenciales. Porque en sus interminables peroratas Chávez ha aclarado que necesita la ley para “encoger el tiempo,” lo que en términos pedestres significa que el ritmo de la Asamblea le parece demasiado lento y necesita de una mayor agilidad para implementar sus revolucionarias reformas de transformación de la sociedad. Además, Sor no entiende que los planes del comandante son tan contrarios al espíritu de la Constitución que para llevarlos a cabo sólo tiene dos opciones: implementar ese ilegal mecanismo dual habilitante/reforma o tirar a la basura el Estado de Derecho (en el fondo las dos cosas son casi lo mismo). Es decir, el proyecto de Chávez es tan ambicioso y arbitrario que no le basta con controlar los Poderes. Como Adolfo Hitler en 1933, necesita también controlar la ley.

Así, pues, el ex teniente coronel podrá gobernar sin las engorrosas trabas de las leyes y el parlamento, y encoger el tiempo para instaurar en Venezuela el socialismo del siglo XXI, ese proyecto de estatismo con tintes utópicos donde una confusa ideología y un afán de acumular poder prevalecen sobre la razón y el sentido común. En esta nueva Venezuela socialista no importa que nadie siquiera cuestione que los servicios de CANTV son hoy muchísimo mejor que cuando la empresa era propiedad del Estado. “CANTV será nacionalizada,” ordena el comandante. Tampoco importa que todas las encuestas de opinión pública coloquen a CANTV como líder del sector de servicios. “Las telecomunicaciones deben ser parte del campo de actividades estratégicas del Estado,” ordena el comandante. Que CANTV sea uno de los contribuyente fiscales más importantes del país es un factor absolutamente irrelevante. “Los gringos no seguirán utilizando la empresa para grabar mis conversaciones,” ordena el comandante. Tampoco importa un comino que el costo de las nacionalizaciones podría ser mayor al gasto social en 2006 ni que el Estado sea incapaz de hacer las inversiones que se requieren en un negocio en permanente transformación tecnológica, porque el máximo líder ya dio la orden: “¡CANTV, Electricidad de Caracas y los proyectos de la Faja serán nacionalizados!”

Al igual que con las estatizaciones (término más apropiado que “nacionalizaciones”), esta combinación letal de autoritarismo y sinrazón está detrás del plan de reordenamiento territorial, sin duda uno de los más descabellados que ha concebido la desalada imaginación del presidente –lo que no es poco decir. Chávez habla de mudar poblaciones a territorios no poblados y crear de cero ciudades comunales “ecológicas y autosustentables” y “con un diseño diferente al de las ciudades anárquicas creadas bajo el ímpetu capitalista.” Esto suena muy bonito en el papel, pero ¿cómo planifica mudar a miles de personas a estos territorios o ciudades nacientes? ¿Los va a forzar? ¿Les va a ofrecer petrodólares como incentivos? ¿De qué y dónde van a vivir? En este sentido Chávez me recuerda al utópico pensador decimonónico Charles Fourier y sus planes de crear falansterios de 400 familias, de cuatro miembros cada una, para construir la Sociedad de la Armonía, un pequeño paraíso donde, entre otras cosas, las personas rotarían de trabajo para no mediocrizarse y aburrirse, y donde habría mujeres que practicarían el amor caritativo, acostándose con viejos, inválidos o seres a los que por su edad, mala salud o fealdad la sociedad condena a la masturbación y la abstinencia. Fourier también creía en la justicia social.

Hasta ahora los altos ingresos petroleros han mitigado los efectos de las políticas mediocres y a menudo irracionales del gobierno. Chávez es como esos niños ricos y privilegiados que se pueden dar el lujo de ser flojos y portarse mal y aún así, gracias a la chequera e influencia del papá, asistir a buenas universidades y conseguir trabajos bien remunerados. Pero con estas recientes medidas se le está yendo la mano. Si no modera sus discursos y si no corrige algunas de sus políticas podría lograr otra gran hazaña que superará con creces la que llevó a cabo con sus anuncios post electorales: quebrar su revolución bolivariana a pesar de los siderales ingresos petroleros.

Ya hay síntomas preocupantes. La economía venezolana ha dado señales claras de recalentamiento. La alta demanda –producto del enorme gasto público– supera la oferta de los productos manufacturados, lo que ha espoleado la inflación (en 2006 fue la más alta de América Latina). La razón de este recalentamiento es que muy pocas empresas han invertido para expandir sus plantas y así aumentar su capacidad de producción. Medidas como las estatizaciones de CANTV y Electricidad de Caracas sólo contribuyen a empeorar la situación. El mero anuncio de Chávez disparó el precio del dólar paralelo a casi al doble del cambio oficial. Un significativo porcentaje de las importaciones, que sirven para llenar el vacío de la oferta, se hacen con el dólar paralelo; es decir, su subida probablemente resultará en escasez, pérdidas de empleos del sector privado y mayor inflación (algunos dicen que ascenderá al 25 por ciento en 2007).

A esto hay que sumar la manera desbocada e irresponsable como gasta el gobierno. A pesar de que el precio del petróleo se ha quintuplicado desde que llegó Chávez al poder, el gasto se ha incrementado de tal manera que hay un creciente déficit fiscal. Esto en combinación con una baja en los precios del petróleo y la extrema incompetencia del presidente y su gabinete de títeres podría poner en aprietos al gobierno quizá no este año, pero sí en un futuro próximo. Ojalá sea más temprano que tarde. Porque, como en el libro de Saramago, los venezolanos parecieran padecer de una ceguera colectiva que los impide reconocer que Chávez está llevando al país al borde del caos. Y me temo que no se curarán de esta ceguera hasta que una crisis, de un solo mazazo, les devuelva la vista y entonces puedan ver el daño casi irreparable que, con sus políticas de autoritarismo y sinrazón, Hugo Chávez ha infligido a la patria.