El robo de propiedades
Las acciones que el gobierno nacional y algunas gobernaciones adelantan contra fincas bajo el pretexto de ser latifundios improductivos, tierras baldías o que dañan el medio ambiente, pisotean la Constitución y la Ley y desconocen que la posesión continuada de esas tierras durante el tiempo que la ley señala, brinda, por virtud jurídica a los que las trabajan, el derecho de su propiedad.
La actuación forajida de funcionarios del Instituto Nacional de Tierras confabulados con algunos oficiales de las FAN, corroboran lo afirmado. Recordemos ante todo, que el rescate de tierras por parte del estado no es responsabilidad del INTI sino de las instancias afectadas, entidades regionales o las municipales, mediante demostración fehaciente de su propiedad ante los tribunales de la República.
La exigencia de la cadena de titularidad no prodece, pues es precisamente el Estado a través del sistema de registros el encargado de revisar títulos y la documentación presentada cuando se va a efectuar una negociación de compra venta de cualquier bien, sea tierra, apartamento o vehículo. Sí el Registro, que es la institución pública encargada de dar el visto bueno, aprueba la negociación ¿ quien es el INTI para cuestionar los títulos presentados ?
La declaración de tierra ociosa sin que existan los catastros ni los estudios de tierras y de las poligonales, que son responsabilidad del INTI, lo más que podría acarrear según la ley vigente, es la aplicación de cargas impositivas especiales, pero nunca su expropiación o confiscación.
La utilización de invasores profesionales, que se dedican a actos vandálicos como la quema de cosechas o el sacrificio de reses, y que por supuesto distan mucho de ser campesinos, son una prueba adicional del manejo arbitrario con que el INTI actúa para permitir que el Estado, el mayor latifundista del país, siga acumulando tierras sin propósito productivo alguno.
No puede dejar de mencionarse que a productores y ganaderos no sólo se les somete al escarnio sino que se les coloca en situación de desamparo legal, pues los jueces agrarios se abstienen de actuar por miedo a que los destituyan, mientras que la gran mayoría de estos productores carecen de medios para acudir a instancias superiores. El robo de propiedades terminará con la producción nacional y con la tan cacareada seguridad alimentaria.
