El récord de la corrupción
La endécada chavista ha superado todas las marcas en materia de corrupción administrativa. Ni siquiera en el período militarista anterior (1948-1958) pudo verse tanto descaro en el robo de los dineros de todos los venezolanos. En aquella época, los militares en el poder invirtieron en grandes obras públicas que todavía sirven.
Alguien podrá alegar que este gobierno no ha gastado tanto en obras públicas, sino que ha repartido la plata directamente a los ciudadanos a través de las misiones y los subsidios de Mercal y Pdval. Pero tal cosa no ha sido así. El reparto no ha sido tan general, ni tampoco regular y, en el mejor de los casos, comenzó en 2004, cuando ya la pequeña revolución tenía cinco años mandando.
La repetición, este año, de Venezuela como uno de los países más corruptos del mundo habla de otras razones. La ineficiencia del gasto en infraestructura se explica por el aumento de la arbitrariedad de los funcionarios corruptos que cobran escandalosas comisiones por la asignación y trámite de contratos, con el concurso de empresas piratas que terminan subcontratando las obras, encareciendo así los costos. Para ello se viola el espíritu y el articulado de la Ley de Licitaciones.
La impunidad para los corruptos es general. Ni la Contraloría, ni la Asamblea Nacional, ni el más alto tribunal de la República oponen resistencia a quien ejerce de Jefe de Estado y propicia el desorden administrativo. La conclusión es evidente: si se ha invertido menos (tomando en cuenta los más de 900 mil millones de dólares de ingresos petroleros) es porque se ha robado más.
El actual régimen también ha perdido –llamándose nacionalista- la oportunidad de desarrollar más la ingeniería venezolana y de fortalecer nuestras empresas. Las pocas grandes obras ejecutadas como el segundo puente sobre el río Orinoco y la expansión de tres líneas del metro de Caracas han sido acometidas por la compañía brasileña Odebrecht, beneficiaria de los contratos más jugosos. Hasta parte del creciente endeudamiento público externo tiene como fin pagarle a esta constructora.
Pero creo que el récord de los récords en cuanto a corrupción se lo está llevando el hecho denunciado esta semana por el gobernador chavista del estado Mérida, Marcos Díaz Orellana. Díaz acusó a su compañero de partido, el contralor de este estado, Frank Castillo Salazar -nada menos que quien debe velar por el correcto uso del dinero de los merideños- de un grave delito. Según Díaz Orellana, Castillo habría obligado a una dependencia oficial (Corposalud) a contratar la compra de insumos y equipos con empresas de la propiedad de su hermano y su padre.
Que yo recuerde, nunca un contralor de la mal llamada Cuarta República fue señalado de cometer semejante falta.
