El precio como objetivo Per Se o Político
Lo anterior explica por qué los objetivos de política pública y regulatoria no suelen alcanzarse de forma directa y por tanto por qué las políticas decretistas suelen ser inocuas, cuando no distorsionantes.
Segundo, el precio constituye el resultado colectivo de la interacción de oferentes que compiten entre sí por la aceptación, preferencia y satisfacción de gustos y preferencias del consumidor, quien ejerce su soberanía libremente en el “espacio” más democrático que podríamos encontrar en la economía, el mercado (un mercado eficiente implica decisiones soberanas y no sujetas a discrecionalidades, caprichos, prejuicios, desconocimiento, corruptelas y errores de un burócrata que pretende actuar como “gran hermano”, conculcando libertades económicas y desatinando sobre gustos, preferencias y alternativas de consumo).
Tercero, porque las relaciones comerciales, de intercambio, contractuales y económicas, no constituyen, necesariamente, como ha pretendido inculcar el oficialismo, un juego suma cero; sino por el contrario resultan ser un juego de suma positiva, implicando excedentes para oferente y demandante –de lo contrario, alguno de los dos no participaría voluntariamente en el mercado o en el perfeccionamiento de la transacción-.
En este sentido, el precio de la transacción resulta inferior a la disponibilidad de pago y utilidad por el consumo, uso y/o disfrute del bien o servicio adquirido –generándose excedente del consumidor- y resulta superior al precio de reserva del oferente creando renta o beneficio. Este punto resulta crucial porque el oficialismo ha partido, a la hora de diseñar una política pública o regulatoria, de la presunción de culpabilidad del oferente-lo cual violenta el Estado de Derecho, el debido proceso y el derecho a la defensa, haciendo de las políticas públicas y regulatorias un problema de falsos positivos o sentencias previas- y de una supuesta minusvalía en las decisiones libres de los consumidores.
Cuarto, porque incluso en el caso de fallas de mercado, como podría ser monopolio natural o poder de mercado, el precio como materia de interés público resulta relativo al poder adquisitivo de la moneda y los sueldos y salarios –o del nivel de la demanda-. Quinto, los precios siendo elevados e incluso catastróficos o excluyentes en términos del acceso al bien o al servicio, pero siendo producto de una estructura de costos onerosa y no producto de fallas de mercado, no hace materia de interés público su nivel per se, sino las formas y fuentes de financiamiento para cancelarlo.
De lo anterior, se hace necesario más que políticas de regulación de precios, políticas de financiamiento, pooling risk o subsidios directos. Sexto, los precios no constituyen materia de interés público en situaciones de inelasticidad o rigidez de la oferta en el corto plazo. Lo anterior se debe a que la fijación de precios, producto de un descreme de mercado, constituye una simple regla de reparto de la renta o del valor del bien, siendo el precio, el que maximiza el bienestar social y vacía el mercado.
Adicionalmente, el problema de pérdida de poder de compra de la moneda o de la estabilidad del bolívar en Venezuela, constituye un problema agente-principal, de captura de las políticas de estabilización macroeconómica –políticas consideradas hoy día un commodity a nivel mundial-, utilizadas discrecional, parcial, interesada y distorsionantemente por parte de quienes detentan el poder político en Venezuela. Así las cosas, las políticas regulatorias de controles de precios resultan inocuas, cuando no distorsionantes, por pretender ser decretistas sobre los efectos y no atender las causas; como serían el exceso de liquidez, el financiamiento inorgánico de gasto público corriente no productivo, vulneración de las reservas internacionales como respaldo del dinero en curso, destrucción del aparato productivo y la oferta doméstica de bienes y servicios, etc.
Por todo lo anterior se explica y entiende no solo la devaluación de corte fiscal, para licuar las deudas del Gobierno en bolívares con los venezolanos, multiplicando el mismo ingreso en dólares manejado por el Gobierno por más bolívares, permitiéndole mantener las políticas de importaciones que destruyen y sustituyen la producción nacional, así como las transferencias y subsidios a naciones socias del Gobierno y no necesariamente de Venezuela. Más allá, los periodos limitados y/o acotados de reconocimiento del tipo de cambio a 4,30 bs/US$ a ciertas solicitudes de divisas realizadas previamente al Convenio Cambiario N° 14 que anuncia la devaluación del 46% del bolívar a 6,30 Bs. por dólar y no las más antiguas; lejos de ser contraintuitivo, tiene deliberadamente la intención de querer evitar en el corto plazo lo inevitable que es el impacto de la devaluación sobre los precios pero infligiendo una pérdida cambiaria sobre empresas, incluso industrias, que ya habían producido con referente en sus insumos a 4,30 Bs./US$ y que ahora le reconocerán sus deudas con proveedores a 6,30 Bs./US$ -esto para hablar de productos ya vendidos y no incluir conceptos de dividendos que han visto cambiar a lo largo del control de cambio varios referenciales cambiarios-. Por eso las medidas “complementarias” serán anunciar casería de brujas contra el sector privado, quien no es responsable de la política cambiaria ni de estabilización del país, para querer hacer ver que algo se está haciendo en materia económica e intentar achacar a otros la responsabilidad propia. Peor señal de inseguridad jurídica, difícilmente podrá enviarse, en detrimento de la economía venezolana, la creación y sostenimiento de puestos de trabajo, inversiones futuras, transferencia de tecnología, y desarrollo de actividades económicas en el país.
Economista. Master in Industrial Organization and Markets. Master en Competencia y Regulación de Mercado. Especialización en Economía de los Sectores Telecomunicaciones, Farmacéutico, Energía, Transporte, Agua y Banca. Profesor universitario de Regulación Económica y Regulación de Competencia.
