El porcentaje adecuado
El Congreso de la República nombró una nueva directiva para que dirija los pasos del Consejo Nacional Electoral.
Se hizo más bulla de la necesaria para escoger a unos rectores que a todas luces aparecen con un nivel de compromiso con el proceso mucho más grande que el que la decencia y las buenas costumbres ciudadanas hubieran recomendado.
El rector que trata de dar impresión de independencia se lanza al ruedo alabando la imparcialidad de las opiniones vertidas en las primeras de cambio.
El fin de semana aparecen unas declaraciones de la vicepresidenta Janeth Hernández a quien se le sale el fondo y nos ofrece un picón de los tiempos por venir. Alude la rectora que de acuerdo a su “opinión técnica” es suficiente el cotejo de un cinco por ciento de una muestra para considerarla válida.
Hemos trajinado durante varios años, casi un cuarto de siglo, con auditores y siempre hemos sido del bando de los supervisados. Auditar una muestra no es una función del porcentaje revisado. Es posible y así sucede en muchísimos casos, que los auditores de un evento, revisan y encuentran conforme un porcentaje de la muestra bastante pequeño y con ello, tienen la confianza de que los resultados obtenidos son confiables.
El problema surge cuando las observaciones realizadas arrojan resultados poco consistentes y entonces se ven obligados a ahondar en sus observaciones y abundar en el porcentaje revisado.
El extremo de estas situaciones lo encontramos cuando aparecen resultados poco confiables que obligan a hacer un minucioso examen de la totalidad de los comprobantes del suceso.
Un elemento importantísimo a la hora de realizar una auditoría viene expresado en la aleatoriedad en la escogencia de la muestra. Para nadie es secreto que cuando le CNE ha aceptado el cotejo –que no es una auditoría- de los resultados de algunas mesas electorales durante los últimos procesos realizados, lo ha permitido con dos premisas: en primer lugar ha sido el CNE quién ha escogido las mesas a ser revisadas. Esto ya huele mal. En segundo lugar, se han negado a aceptar no solo la prevalencia, ni siquiera la vinculación entre los resultados arrojados por la observación directa y las discrepancias que pudieran aparecer en su comparación con los resultados aportados por las máquinas escrutadoras.
Los informes emitidos por los organismos serios que han participado como observadores durante los procesos electorales recientes llaman la atención –siempre de manera muy cuidadosa- de las lagunas que presentan los procesos venezolanos donde se pone en riesgo la calidad del proceso electoral. No hablamos aquí de las ingerencias indebidas a través de sistemas de vinculación de datos que atentan contra la transparencia del proceso electoral.
Una auditoría seria no depende en primera instancia del porcentaje de observaciones que se realicen. Una auditoría seria se basa en unos procesos limpios que permitan a los auditores observar con entera libertad todos los pasos que se producen y es imperativo que los auditores tengan la certeza de que los resultados son confiables y reflejan lo que el proceso aspiraba.
Lograr, entre otras cosas, que las auditorías sean técnicamente confiables y vinculantes con los resultados, tiene que ser el objetivo número uno de toda mesa de entendimiento entre el oficialismo y la oposición.
Estamos obviando la transparencia e imparcialidad que deberían ser imprescindibles.
