El peloteo con los presos
Cinco mil presos de ocho cárceles del país iniciaron a comienzos de esta semana una huelga de hambre para protestar contra los retardos procesales. A los dos días ya se habían sumado cuatro mil presos de otros ocho centros de reclusión. En todos los retenes y prisiones pasa lo mismo, por lo que no hay razón alguna para que dejen de plegarse a este reclamo centenares de internos de las catorce penitenciarías restantes. De una población nacional de 19.000 reclusos, la mitad de ellos tiene años de retrasos en sus juicios. Otros están detenidos sin juicios. Son presos y punto.
Se ha hecho frecuente que al momento de ser sentenciados, si es que eso ocurre, hayan pagado mucho más tiempo que el de la condena prevista. Los hechos revelan que a una cantidad apreciable de jueces eso no les importa. Desprecian la urgencia que para cada quien tiene su caso. Los tratan simplemente como números, el expediente 1.567 o el 8.729. Les da lo mismo si son inocentes o culpables.
Dan audiencia cuando quieren y las suspenden cuando les da la gana. Nadie les pone un plazo para resolver lo pendiente. El abogado que se pone muy respondón o criticón por la negligencia de un juez, termina perjudicando al defendido y a otros casos bajo su responsabilidad, por tanto, para no tentar la retaliación de “la autoridad”, los defensores se convierten en cómplices por su paciencia y pasividad. El juez no se ocupa y el abogado teme echárselo de enemigo. El círculo vicioso del retardo procesal.
Es injusto que alguien esté preso si es inocente. Si es culpable no tiene por qué cumplir una condena mayor de la que le ha sido impuesta o pasar años encarcelado sin sentencia. Por eso esta queja de los presos y de sus familiares cuenta con la comprensión y apoyo del país.
A esto se agrega la inseguridad de cárceles en las que se han producido 150 asesinatos en lo que va de año. La sentencia de muerte existe de hecho en Venezuela, en las propias narices de la Guardia Nacional y de las autoridades carcelarias. Las violaciones y vejaciones de todo tipo no están en las estadísticas, pero vienen con el paquete.
No sabemos cómo enfrentará hoy el gobierno a este problema. Ya hace siete años nombró una Comisión de Emergencia Judicial para resolver el asunto. Destituyeron a centenares de jueces supuestamente morosos e ineficientes. Designaron jueces y fiscales a “su gusto” en cada rincón del país. No hay conflicto alguno en el Tribunal Supremo que haga sospechar que alguien desde adentro esté saboteando la administración de justicia, a menos que Velásquez Alvaray sea acusado no sólo por las corruptelas que se han hecho públicas sino también del retardo procesal.
No encontrarán quien crea que es falta de recursos económicos, mucho menos ahora cuando Venezuela construye urbanizaciones en Cuba, dispensarios en países africanos, resuelve la crisis energética de los pobres en New Jersey y en el Bronx, abre bancos en Paraguay para financiar programas populares y gira millones de dólares para cubrir los gastos de las alcaldías de Nicaragua.
Más probable es que Jesse Chacón apele al cuento de la “autonomía” del Poder Judicial para salvarse a sí mismo y librar a Chávez de culpas. El Tribunal Supremo dirá que el problema está en la ineficiencia de la Fiscalía. Isaías Rodríguez reclamará a los diputados la indolencia de la Asamblea Nacional. Y no faltará uno de ellos que acuse a la CIA por estar conspirando con unos cuantos malandros presos para desestabilizar al gobierno en esta campaña electoral.
