EL Parlamento europeo y las inhabilitaciones
La semana pasada el Parlamento europeo adoptó una resolución en la cual condena de manera contundente las inhabilitaciones ilegales e inconstitucionales decretadas por el Contralor General de la República. Es evidente que esa resolución no tendrá mayor impacto sobre la medida ya consumada, avalada y aplicada por el Consejo Nacional Electoral con el resultado de que destacadas figuras de la oposición han quedado arbitrariamente excluidas de la contienda electoral.
Sin embargo, el solo hecho de que una institución tan prestigiosa como el Parlamento europeo se haya pronunciado sobre esta flagrante violación de los derechos políticos de un grupo numeroso de ciudadanos ha servido para poner una vez más en evidencia ante la opinión pública internacional la naturaleza dictatorial del régimen que gobierna nuestro país.
Basta con leer el texto de la resolución y las intervenciones de los eurodiputados que participaron en el debate para constatar que más allá de nuestras fronteras existen plenos conocimiento y conciencia de los atropellos que se cometen contra la dirigencia política venezolana. Veamos lo que dijeron algunos eurodiputados:
Los diputados José Ribero dos Santos (Portugal) y Bernd Posselt (Alemania) expresaron su preocupación porque la medida de inhabilitación es una nueva manifestación de discriminación política que se suma a las que ha aplicado el régimen con las listas Tascón y Maisanta. El diputado Ribeiro exhortó al Consejo de la Unión Europea a pronunciarse sobre esta cuestión antes de las elecciones regionales de Venezuela. El diputado Posselt hizo un llamado a los gobiernos de la UE a frenar «a un dictador grandilocuente que intenta exportar sus sistema a otros países latinoamericanos e incluso a Europa presionando con el petróleo». La diputada Renata Weber (Rumania) dijo que las inhabilitaciones demuestran que en Venezuela la democracia y el Estado de derecho son una burla y que esa medida contra los candidatos de la oposición seguramente no se limitará a las elecciones de noviembre próximo sino que existe el riesgo de que se utilice en futuras elecciones.
Adelantándose a lo que previsiblemente sería la reacción del régimen venezolano, señaló: «Rechazamos la afirmación de que esta resolución representa un ataque contra la soberanía de un país. Nuestra expresión es de respaldo a la democracia y a los derechos humanos y a un país cuyo pueblo admiramos y respetamos». El diputado Charles Tannok (Reino Unido) defendió el derecho del Parlamento europeo a pronunciarse sobre cualquier violación de los derechos humanos en cualquier país del mundo. «Denunciando esa violaciones estamos haciendo un llamado de atención que debe conducir a la promoción y el respeto de esos derechos».
Efectivamente, la respuesta del Gobierno, expuesta en un Comunicado Oficial de la Cancillería, se centró en la consabida invocación de la soberanía nacional, argumento que se esgrime cuando le afecta al régimen pero no opera cuando el teniente coronel presidente se inmiscuye, interfiere o interviene libremente en los asuntos domésticos o en la política interna de otros países.
En su Comunicado la Cancillería, pretendiendo restar valor a la resolución se refiere a ella como si se tratara de una iniciativa exclusiva de la «derecha y la extrema derecha» del Parlamento europeo, expresión que repite cinco veces a lo largo de ese documento.
También resulta interesante destacar que el comunicado de la Cancillería, cuyo contenido evidentemente está concebido para el consumo de los integrantes del Parlamento europeo y de manera más general el de la opinión pública internacional, confirma la naturaleza inconstitucional de las inhabilitaciones.
El comunicado habla de «inhabilitaciones administrativas» que supuestamente fueron impuestas a «ciudadanos que incurrieron en actos de corrupción». La corrupción es un delito expresamente contemplado en el Código Penal. En el supuesto negado de que los inhabilitados hubieran efectivamente incurrido en un ilícito de esa naturaleza, debieron haber sido juzgados y condenados por un tribunal penal, lo cual como sabemos no es el caso.
Por otra parte, el Comunicado de la Cancillería emplea dos veces la expresión «inhabilitaciones administrativas», es decir, reconoce que los inhabilitados fueron objeto de una medida de carácter administrativa. Esto equivale a admitir la naturaleza inconstitucional de la medida ya que según la Constitución un ciudadano solamente puede ser inhabilitado políticamente mediante una sentencia judicial firme dictada dentro del marco de un proceso penal. En ningún caso mediante un acto administrativo.
Por supuesto, no podía faltar en el comunicado la consabida, manida y desgastada invocación de la conspiración promovida por el «imperio». El Gobierno «lamenta que un sector del Parlamento europeo se pliegue a la campaña de descrédito dirigida desde el centro del poder del imperio norteamericano», sentencia el documento de la Cancillería.
Finalmente, según el Comunicado «resultan intolerables las insolentes difamaciones de la derecha y extrema derecha europea contenidas en la resolución». ¿Es que acaso el oficialismo puede hablar de «insolentes difamaciones» después de las afrentas ultrajantes que en los últimos días ha proferido el teniente coronel presidente contra figuras de la oposición?
www.adolfotaylhardat.net
