El odio vuelve a la carga
Perdonar es de sabios, tratar de sancionar sin pruebas supuestos hechos de guerra cometidos hace mas de medio siglo es estúpido. Según Gandhi «Perdonar es el valor de los valientes». Todo indica que el gobierno de Chavez no cuenta con sabios ni valientes, sino con una legión de resentidos ansiosos de venganza. De esta siembra de odios solo puede cosecharse violencia.
La Ley contra el olvido fue promovida en la AN por el diputado Fernando Soto Rojas tratando de vengar la muerte de su hermano Víctor en las guerrillas del Bachiller. Según la exposición de motivos el objeto era garantizar que las victimas fueran reivindicadas en su honor y dignidad. Es imposible explicar como la aprehensión injustificada de ancianos como chivos expiatorios contribuya a esta «reivindicación» revolucionaria que no va mas allá de un cobarde y tardío desquite desde las alturas del poder.
Hace un año la AN aprobó esta nefasta ley que en forma inexplicable solo se aplica a los hechos ocurridos entre 1958 y 1998, dejando obscenamente incólumes a los delincuentes que han cometido hechos similares durante esta revolución de comiquitas. El día de la aprobación el ex guerrillero Soto Rojas balbuceó con voz entrecortada que esas situaciones no deberían ocurrir mas nunca. Poco despues las mismas acciones empezaban a suceder de nuevo bajo un nuevo camuflaje. Pronto salió a relucir la verdadera razón de la ley: ir contra un imaginario asesino de su hermano. Esta alevosa acción fue un intento de asesinar moralmente a un inocente que como se pudo comprobar ni siquiera estaba en la zona en el momento de la muerte de Víctor.
En esa oportunidad escribí tres artículos dejando en evidencia la falsedad de las acusaciones obligando a los denunciantes a retirarse solapadamente. Entre las razones de esta retirada estuvo mi denuncia que debería investigarse al propio Fernando Soto Rojas por el fusilamiento sin juicio que el ordenó a tres de sus guerrilleros. Es bueno dejar constancia que estos no fueron los únicos ajusticiamientos ordenados por los comunistas en las montañas. La lista es extensa y bien documentada. Serán sometidos a juicio por sus crímenes los jefes guerrilleros junto a los militares que ahora pretenden acusar?
Ahora los recolectores de odio vuelven a la carga. Esta vez detienen al coronel retirado José Omaña Hernández de 74 años acusándolo de un delito que nadie conoce y sin haberse llenado los extremos legales. Estas acciones son violatorias a los derechos humanos de ese oficial. La misma diligencia observada contra Omaña debiera aplicarse en las investigaciones contra los asesinatos de civiles, militares y policías cometidos por los irregulares entre los años 60 y 80.
La ley establece la creación de una Comisión por la Justicia y la Verdad, integrada por instituciones del Estado y el Frente de Familiares y Amigos de las Víctimas. Para este caso no se anunció la creación de esa instancia que tiene como objeto investigar violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Hasta ahora se desconoce que acciones ha tomado el gobierno para poner en práctica esta disposición.
Durante el debate para la aprobación de esta ley, la bancada opositora solicitó que se incluyeran los delitos de ese tipo ocurridos después de 1998, entre ellos, las muertes de abril de 2002. La propuesta fue acogida con carcajadas, pitas y burlas de los diputados rojos. A estos sicofantes se les «olvido» convenientemente incluir al periodo chavista en su chapucera ley. Esa actitud de desprecio hacia la mitad del pías deja en evidencia la catadura moral de este gobierno. Una sociedad donde se impone a la fuerza un apartheid político y no se respeta la separación de poderes no puede ser considerada democrática.
Para poner un dique de contención a estos desmanes debemos votar masivamente en las próximas elecciones de diciembre. Nuestra única arma es el voto, la de ellos es el abuso y el ventajismo.
