Opinión Nacional

El objetivo Globovisión

No hay duda de que el objetivo último de  la orden  de aprehensión contra Guillermo Zuloaga  y su hijo es Globovisión. Es un “tiro por mampuesto” contra el canal. Después  de agotar toda la batería de recursos directos – juicios, providencias, denuncias, multas, procedimientos administrativos, agresiones contra sus reporteros, agresiones directas de las hordas asalariadas del jefe del Estado contra la sede de la estación, bombas, acusaciones de terrorismo mediático etc., – ahora, por segunda vez, el caporal de Miraflores arremete “por carambola” contra la televisora valiéndose de su presidente.

Ya lo había hecho detener  bajo la acusación de “presunta comisión de delitos de ofensas gobernantes del Estado Venezolano y por difusión de informaciones falsas” por lo que dijo en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero tuvo que devolverle la libertad aunque  limitada con medidas cautelares.

Esta vez bastó que el preboste de Miraflores, desde su “Aló presidente”  le reclamara al Poder Judicial que Zuloaga estuviera todavía libre a pesar de que, según él, en el discurso que pronunció ante  la  SIP lo había acusado de ser el culpable de los muertos del 11 de abril de 2011. “Las palabras  del presidente derivan en una suerte de orden que acata de inmediato la fiscal” ha dicho alguien.

No había transcurrido una semana cuando la Fiscalía se puso en marcha y ordenó la detención acusándolo, junto con su hijo, de “usura genérica y continuada y agavillamiento”. Según la Fiscal General la orden de aprehensión se debe  a que Zuloaga tenía depositados en un inmueble de su propiedad una serie de vehículos “con la finalidad  de venderlos posteriormente a un precio abultado”. “Globovisión no es una empresa de venta de vehículos ni tenía apariencia de venta de vehículos, no era un taller mecánico, era una casa de familia” dijo la Fiscal para justificarse, obviando deliberadamente el hecho de que Zuloaga además de presidente de Globovisión es dueño de una empresa concesionaria de vehículos.

Con estas expresiones el subconsciente de la Fiscal la traicionó revelando el vínculo entre la medida y la situación de la televisora.

El objetivo perseguido está tan claro que todas las reacciones frente a este nuevo atropello,  tanto nacionales como internacionales, además de condenar la orden de privación de libertad contra Zuloaga, advierten que se trata de una acción destinada  a silenciar a Globovisión y un atentado contra la libertad de expresión en el país. La propia SIP, el Embajador  de Panamá ante  la OEA, la Asociación Internacional de Radiodifusión, el Relator para la libertad de Expresión de las Naciones Unidas, la Federación de Asociaciones de Periodistas  de  España, la Asociación de Prensa de España, el Colegio Nacional de Periodistas, Periodistas sin  Fronteras, el Observatorio Iberoamericano de la Democracia, son sólo algunas de las instituciones y personalidades que han hecho severos pronunciamientos en torno de este nuevo atropello que busca silenciar esta tribuna con que contamos los venezolanos demócratas para expresarnos.

Tratando de justificar lo injustificable el conductor de la Cancillería venezolana califica de “chantaje” las reacciones internacionales que ha generado la persecución contra Zuloaga y la permanente hostilidad oficial contra Globovisión. “Nadie, de ninguna parte del mundo, puede venir  a tratar de chantajear al Estado venezolano” son sus palabras.

Lo cierto es que en el mundo ya se ha tomado conciencia de que, como dice el Comunicado de Globovisión, “opinar y disentir se ha convertido en un delito en Venezuela”.

Lo que no debe perder de vista el preboste es que, a diferencia de Venezuela, que lo ha dejado  de ser por culpa suya, Globovisión si es de todos.

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