El hundimiento del derecho
En su obra «LOS JURISTAS DEL TERROR» su autor, Ingo Müller, narra cómo el régimen nazista de Adolfo Hitler utilizó a los órganos de la justicia para perseguir a la disidencia. El título de este artículo lo he tomado prestado de uno de los capítulos de ese libro porque resulta apropiado para caracterizar el efecto de las sentencias dictadas contra los comisarios y los agentes de la Policía Metropolitana. Esas sentencias torpedearon y echaron a pique lo poco de legalidad que quedaba a flote en Venezuela. El Estado de Derecho que los jueces tienen la obligación de defender y proteger fue definitivamente abatido en Maracay el viernes pasado.
Coincido con Manuel Caballero cuando en su artículo del domingo pasado dice que es inelegante citarse uno mismo. Sin embargo algunas veces resulta pertinente.
El 17 de noviembre del 2004 publiqué en este mismo diario un artículo titulado: «Persecución judicial» (http://www.eluniversal.com/2004/11/17/opi_685_art_17491B.shtml) en el cual me referí a una carta abierta que el 21 de octubre de ese mismo año 75 prestigiosos estadistas, políticos y eminentes personalidades democráticas de diversos países le dirigieron al teniente coronel presidente y a los entonces presidentes del TSJ y de la Asamblea Nacional exteriorizando la preocupación de la comunidad internacional por el empleo de los órganos del Poder Judicial como instrumentos de amedrentamiento y persecución política y por la tergiversación de la justicia para formular imputaciones infundadas, sentenciar y encarcelar a ciudadanos que no han cometido otro delito que defender la democracia. En aquella ocasión escribí: «El hecho de que la carta de los demócratas del mundo está dirigida al mismo tiempo a los titulares de los tres principales poderes públicos evidencia que sus autores saben que aquí no hay separación de poderes y muchos menos autonomía o independencia de los mismos. En abierta violación de la Carta Democrática esos tres poderes actúan como la Trinidad, tres personas o entidades que se confunden en una sola que pretende decidir la suerte y el destino de todo un pueblo». El 21 de diciembre de 2007 publiqué otro artículo titulado «La justicia como instrumento de persecución política» (http://www.eluniversal.com/2007/12/12/opi_685_art_la-justicia-como-ins_12A1256055.shtml) en el cual escribí lo siguiente: «Han transcurrido tres años y la situación denunciada por los autores de aquella comunicación no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado. El régimen emplea la justicia y sus órganos como herramienta para perseguir y torturar psicológicamente a quienes adversan el ‘proyecto bolivariano’, para amedrentar a quienes disienten del empeño de Chávez de implantar en Venezuela un régimen copiado del modelo de Cuba y para subyugar a un pueblo en estado total de indefensión».
Iván Simonovis, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, los agentes de la Policía Metropolitana, el general Usón, Henrique Capriles, Enrique Mendoza, Leopoldo López, Gustavo Azócar, Patricia Poleo, Nixon Moreno, Manuel Rosales, el general Baduel, son sólo algunas de las víctimas de esa odiosa persecución política. Pero también los numerosos compatriotas que han tenido que recurrir a la clandestinidad, exiliarse u obtener asilo en otros países para proteger su propia libertad y la de sus familias.
El desenlace del juicio a los comisarios y los agentes de la PM y la detención arbitraria del general Baduel han puesto una vez más en evidencia el grado de sometimiento, la carencia de autonomía y el envilecimiento que impera dentro del poder judicial. La mejor prueba de ello son las expresiones de regocijo del teniente coronel presidente por las condenas impuestas por la jueza Calderón.
Aquellas 75 personalidades que desde los cuatro puntos cardinales subscribieron en octubre de 2004 la carta denunciando el empleo en Venezuela de la justicia como instrumentos de cacería política deberían alzar nuevamente su voz para exigir que se ponga fin a la ignominia, la iniquidad y la perversidad que impera en el sistema judicial venezolano.
Esas sentencias monstruosas y despiadadas que dictó la jueza Marjori Calderón, luego de un juicio interminable en el cual se violaron todas las normas procesales y se desconocieron los derechos más elementales de los acusados, colocan a la justicia venezolana en un nivel sólo comparable con el que prevaleció en la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Los juristas venezolanos del terror y quienes los manipulan no deben olvidar que, como ocurrió entonces, las tiranías sucumben y más temprano que tarde la justicia vuelve a su cauce normal y deberán responder por las infamias y los desafueros que han cometido.
No puedo terminar este artículo sin ofrecerle a los comisarios y a los agentes de la PM, a sus esposas y a sus familias nuestra solidaridad en estas circunstancias tan terribles que confrontan. Lo mismo para el general Baduel.
http://www.eluniversal.com/2009/04/08/opi_art_el-hundimiento-del-d_08A2285927.shtml
