Opinión Nacional

El Gobernador Briceño

A propósito de la disidencia.

El Presidente Chávez y sus políticas centralista y autoritaria están llegando a un límite, que por su ineficacia y arbitrariedad resultan intolerables para muchos venezolanos que lo venían acompañando desde hace 13 años de gobierno, durante los cuales se han producido disidencias importantes, unas más, otras menos, pare reveladoras de que el país no puede continuar por ese camino.

La expulsión del Gobernador de Monagas, conocido entre sus amigos como ¨ El Gato Briceño ¨  por negarse a cumplir una orden arbitraria, irracional, de los ministros de Petróleo y del Ambiente, de declarar que el agua del río Guarapiche no estaba contaminada y  los monaguenses podían consumirla, cuando a luz pública todavía circulaban trazos de petróleo observables a simple vista en la corriente de dicho río, constituye una demostración de irresponsabilidad del alto gobierno y una conducta plausible y decorosa del Gobernador, que actuó en defensa de la salud de los habitantes de Maturín, cuya mayoría lo eligió en varios procesos comiciales.

         Y aunque lo anterior es harto conocido, lo traemos a colación porque la decisión del Gobernador Briceño también representa una disidencia importante frente a la política centralista y de tendencia totalitaria que el Presidente de la República ha impuesto al país, con la obligación de que todos sus funcionarios la cumplan sin discusión. Esa disidencia del Gobernador de Monagas es igualmente un reflejo de que en el chavismo existen hombres y mujeres que no están dispuestos a cumplir mandatos políticos de funcionarios que sólo velan por aparecer frente al Jefe del Estado, como incondicionales para tratar de la dar la imagen de que todo marcha a las mil maravillas.

         El beneplácito con que el pueblo de Monagas recibió la reacción del Gobernador Briceño, con demostraciones de amplio respaldo, y el apoyo que ha recibido de otros disidentes del chavismo como el Gobernador de Lara, Henry Falcón, y sobre todo del reconocimiento y respeto que la Mesa de Unidad y del candidato de la Alternativa Democrática, Henrique Capriles Radonski, le abren el camino a otros potenciales disidentes que por diversas razones se han mantenido silenciosos e incluso temerosos de una posible orfandad política.

         Los hechos posteriores a su disidencia, que han rodeado al   Gobernador de Monagas de la solidaridad de muchos de sus antiguos compañeros de ruta y  de la bienvenida que le ha expresado la mayoría de la oposición democrática, son un desmentido evidente a la campaña de una posible retaliación contra todos los chavistas, por parte del gobierno de Capriles Radonski, propalada por algunos corruptos y reos de lesa humanidad que le temen, más que al triunfo de Capriles, a la justicia nacional e internacional.

         La reacción que se ha generado, de respeto y tolerancia,  en los integrantes de la Alternativa Democrática, frente a los disidentes de los últimos tiempos, excepto hombres vinculados al narcotráfico, al terrorismo, como el caso  del expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dejado al descubierto altos y asquerosos niveles de corrupción, en los cuales  él mismo ha participado, son una demostración que un cambio de gobierno no tendrá como políticas fundamentales un pase de factura contra quienes hayan firmado parte del gobierno de Chávez, y no han cometido delitos de lesa humanidad. Incluso la camarilla militar civil que se ha enriquecido ilícitamente apoyada por Chávez, debe tener el derecho a defenderse de las acusaciones que le han formulado en Venezuela y en el exterior, y responder a la justicia, nacional o internacional.

         Un Estado Democrático presidido por Henrique Capriles y constituido por la pluralidad de partidos políticos y grupos independientes, que conforman la Mesa de la Unidad, demostrará a los venezolanos y al mundo civilizado que nuestro país puede y debe ser gobernado con apego a la Constitución Nacional y todo el Ordenamiento Jurídico vigente, que exige deberes y garantiza derechos a la ciudadanía.   

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