El fraude del TSJ
La intervención de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en la que razonó su tesis de la “continuidad administrativa” y apoyó el acuerdo previo de la Asamblea Nacional, pasará a la historia de la jurisprudencia nacional e internacional como una de las más descabelladas de las que se tenga memoria, incluso en la era chavista, en la que han abundado los dislates jurídicos. En un momento dijo que “solo el presidente Chávez puede decidir su ausencia”. ¿Hace falta algún comentario? En otro señaló que no se habían “configurado los elementos” para declarar la “falta temporal” prevista en el artículo 234 de la Constitución. ¿No se habían “configurado”, después de un mes sin que el Primer Mandatario apareciera por su lugar normal de trabajo, Miraflores, y que solo se tuviese noticias de él a través de los confusos y contradictorios reportes leídos por el Vicepresidente y los ministros de Información y Ciencia y Tecnología? ¿Qué más habría tenido que suceder para que los miembros de la Sala Constitucional consideraran que existía falta temporal?
El TSJ actuó subordinado a los dictámenes de las corrientes del PSUV que se disputan el poder y la sucesión del Jefe de Estado. Fue el brazo ejecutor de la decisión adoptada en Cuba por los hermanos Castro que permitió encumbrar a Maduro como delfín del mandatario enfermo. Sirvió de lecho para que se concretara esa suerte de armisticio que existe entre el grupo que apoya a Maduro y el que respalda a Cabello. Dado que ninguna de las dos tendencias posee la fuerza suficiente para imponerse y desplazar al otro, el TSJ actuó como una plataforma de transacción entre ambas facciones.
Este rol de actor político al servicio de la cúpula chavista lo desempeñó sacrificando la estabilidad institucional del país, debilitando la figura presidencial y colocando la gobernabilidad de la nación en un peligroso trance. De nuevo se revela que en Venezuela no existe independencia ni equilibrio de poderes, sino una clara sumisión del Poder Judicial a los dictados del Poder Ejecutivo y de la alta dirigencia del partido oficial, en realidad la misma cosa. El veredicto se alinea perfectamente con los intereses cubanos, que deseaban colocar a Maduro en Miraflores, aunque solo fuese de manera incompleta y fragmentaria.
Destacados juristas demostraron con abundancia de argumentos irrebatibles, que el 10 de enero era indispensable calificar de temporal la ausencia del Presidente de la Republica. De ese modo, se activaría el mecanismo de suplencia previsto en la Carta Magna. Como se sabe, desde el 9 de diciembre pasado el Jefe del Estado se encuentra fuera del territorio nacional, sin que hasta ahora el Gobierno haya presentado un informe médico detallado sobre su delicada situación de salud. El Vicepresidente asumió algunas funciones administrativas del Primer Mandatario, pero no las competencias plenas que la Carta Fundamental le señala al Jefe de Estado.
El 10-E, fecha de culminación del período presidencial y de inicio del siguiente, era propicia para despejar el camino constitucional y restablecer la plena vigencia de la figura presidencial.
No ocurrió así. El dictamen del TSJ deja al país en la incertidumbre, pues en los hechos no existe Presidente de la República con la amplia y compleja gama de atribuciones, competencias y obligaciones que indica de forma taxativa la Constitución. Esta indefinición es peligrosa para la vida institucional, económica y política de la Nación. Puede conducir a estados de anarquía y desajustes inconvenientes para la estabilidad nacional. En el plano internacional, también introduce factores de perturbación que podrían afectar los nexos de Venezuela con el resto del mundo, en un contexto y en una fase del desarrollo mundial en los cuales la seguridad jurídica es primordial en los vínculos entre los países.
El fraude del TSJ reafirma la tesis leninista de la doctora Luisa Estella Morales acerca de la unidad orgánica del Estado. En repetidas oportunidades la señora Morales ha afirmado que el Estado es uno solo y que la fulana independencia de los poderes es una ficción capitalista y burguesa concebida para ilusionar incautos.
El liderazgo nacional y la primera magistratura se ejercen en el marco del Estado de Derecho y la Constitución, que resulta indispensable respetar de manera rigurosa para impedir que la arbitrariedad y la usurpación se impongan
