El fantasma de la masacre

Por lo visto el asunto de Guillermo Zuloaga pica y se extiende. El innombrable, Esteban, vuelve a referirlo en el marco de los sucesos del 11 de abril y por sus declaraciones ante la SIP. Y lo hace en términos que muestran no tanto la preocupación que pueda embargar al empresario de medios citado – dada la dependencia ominosa de los tribunales de Justicia a los dictados de Palacio – sino el pánico que a éste le tiene por presa. Cada vez que alguno le recuerda la masacre ejecutada aquel día pierde el control. No le serena su ocultamiento, léase el manto de la condena de unos inocentes – los Comisarios Vivas, Forero y Simonovis, entre otros – apenas investigados por dos o tres víctimas, que no por los veinte muertos y casi un centenar de heridos de bala habidos en esa trágica fecha, en una confrontación sabida y esperada.

Noticias hay acerca de las informaciones llevadas hasta La Haya por abogados quienes consideran que la Corte Penal Internacional debe sustanciar una causa al respecto, por crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma entiende por tales crímenes los asesinatos u actos inhumanos generalizados, que atentan contra la integridad personal y la persecución de una colectividad fundada en motivos políticos. Se trata de crímenes imprescriptibles. Pueden ser juzgados en cualquier tiempo por la misma Corte o por los tribunales penales nacionales de los Estados partes del Estatuto.

Lo cierto es que el asunto de la Masacre de Miraflores sigue allí y no puede despacharse fácilmente, así no más. ¡Prohibido olvidar! es la consigna que el pueblo opositor como el adepto al Régimen esgrimen en cada circunstancia propicia, quizás queriendo indicar que no renuncian a su derecho a la verdad. Cualquier intento de reconciliación exige de ella, como lo muestra la experiencia centroamericana.

Llama a interrogante, por ende, que Esteban no acepte cumplir con los Acuerdos de Mayo. Han pasado siete años desde cuando se compromete ante la OEA y el Centro Carter – con firma de los suyos, entre éstos su actual Canciller – a la conformación de la Comisión de la Verdad, “a fin de que la misma coadyuve en el esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002”. Prefiere, antes bien, escribir su historia parcial e interesada con ayuda de jueces políticamente comprometidos, y de allí su persecución a mansalva contra Zuloaga.

Sobran hechos que reclaman clarificación, no bastando la cárcel sin juicio o con retardo que se les aplica a los Comisarios y deriva en una in”justicia” fast-track de la Sala Penal del TSJ. Uno es, como lo confirman las palabras del inquilino de Miraflores, la presencia anticipada al momento de la masacre y en las zonas próximas a la sede presidencial de un frente integrado por militantes de la revolución, algunos armados – los de Puente Llaguno – junto a componentes de la Guardia Nacional: “Si no hubiese sido por la línea de resistencia que el pueblo estableció en Miraflores, los golpistas hubieran penetrado en el Palacio… Nos hubieran aniquilado”, confiesa el susodicho el último 11 de abril, conmemorando la tragedia e intentando distanciarla de su conciencia.

La cuestión, cabe observarlo, no es Puente Llaguno ni los pistoleros que allí se reúnen antes de que el fantasma de la muerte se haga presente, engullendo vidas inocentes a borbotones. La línea de resistencia y su establecimiento sí lo es. Parece olvidarlo Esteban. Difícilmente esa línea toma cuerpo sin su conocimiento y sin que los suyos esten persuadidos de que algo grave está por ocurrir en las vecindades de Palacio. No son sólo militantes de la revolución y espontáneos – si acaso lo son – pues otros están allí sin que puedan reputarse de asomados y sin mediar la autorización de su Comandante en Jefe: los soldados del Regional 5.

De modo que, antes que prevenir, evitar a tiempo, conjurar el peligro conocido, espantar los riesgos, la decisión que priva es confrontar la marcha opositora más allá de la trivialidad del bufo “golpe de micrófonos” que le sigue, y que concluye con la masacre.

El Estado colombiano, en el Caso de la Masacre de Pueblo Bello, es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no por ser el autor material de las muertes sino por saber y provocar el riesgo que la hace realidad. Y el Estatuto de Roma, al delinear las responsabilidades penales individuales por crímenes de lesa humanidad, considera como autor responsable a quien tiene conciencia de la consecuencia fatal que puede derivar del curso de unos acontecimientos que puede evitar y no lo hace.

Entre líneas

Ø La guerra contra los alimentos. Esa parece ser la consigna oficial, en modo de someter y hacer más dependiente del Régimen y de sus mendrugos al pueblo venezolano, en la hipótesis de una hambruna generalizada. La megalomanía de Esteban – ejemplos en la historia universal sobran – lo empuja a ejecutar cualquier despropósito, por suicida que sea, con tal de ver afirmada su autoridad total sobre la realidad nacional. Grandes estratos de la población mueren de mengua, no les alcanza el salario y al acudir a los mercados o compran poco o no compran aquello que desean pues los anaqueles cada día menguan y devienen en verdaderos escuálidos. No puede atribuirse a simple indolencia de los funcionarios de la PDVSA de Rafael Ramírez que 2795 contenedores de alimentos sean podredumbre en los muelles de Puerto Cabello. A la corrupción que media se agrega el espíritu de venganza y la expresión desafiante del mismo inquilino de Miraflores: ¡A mi qué me importa! De las fincas y haciendas expropiadas, con miras a la propiedad socialista estatal, ninguna queda en pié y sus producciones agroalimentarias y pecuarias han cesado. ¡Es como si una de siete plagas de Egipto estuviese pasando sobre la patria de Páez y de Miranda, a nombre de Bolívar! Únicamente el cinismo le hace espacio a la decisión anunciada por el Ministro de Comercio del Régimen, que ordena ocupar seis distribuidoras y ocho depósitos por presunto acaparamiento, en las adyacencias de Quinta Crespo, en Caracas. Acaparamiento es el realizado por la Revolución, que incauta alimentos para hacerlos detritus sin que los digieran seres humanos.

Ø La guerra contra los venezolanos es la constante del innombrable, De otra manera mal se explica la falta de sensibilidad en Esteban ante la migración masiva de compatriotas en búsqueda de mejores destinos, distantes de la tierra que los ve nacer. No son pocos ni cientos, sino miles y decenas de miles los venezolanos quienes al presente y por vez primera en el curso de nuestra historia republicana asumen como fatal el desarraigo, casi el ostracismo. No exagero. Solamente la Protocatedral de las Misiones Apostólicas de Cristo, sita en Miami, apenas una de las centenares de miles de comunidades católicas de los Estados Unidos, entre el año 2003 y los tres primeros meses de 2010 ampara, tramita y logra el “asilo político” de 3.398 venezolanos. Ni Guzmán, ni Castro, ni Gómez, ni Pérez Jiménez en sus momentos hacen tanto como Esteban para fracturar a las familias de Venezuela y perseguirlas por opinar, por disentir, y por rechazar el credo revolucionario.