El estado del la reclamación sobre la Guayana Esequiba
La reclamación venezolana sobre el territorio esequibo tiene como marco jurídico y político fundamental el llamado Acuerdo de Ginebra, firmado el 17 de febrero de 1966, entre el Gobierno de Venezuela, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la Guayana Británica, por la otra. A los pocos meses, la Guayana Británica obtuvo la independencia con el nombre de Guyana, desde entonces, Venezuela está en un complejo proceso de negociación, básicamente, con el nuevo Estado independiente. En el preámbulo del Acuerdo de Ginebra, se afirma que cualquiera controversia entre las partes “debe ser amistosamente resuelta en forma que resulte aceptable para ambas partes”.(1) En el artículo I del mismo leemos: “ Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e irrito.”(2) Desde 1966, oficialmente, Venezuela y Guyana mantienen dos interpretaciones mutuamente excluyentes del Acuerdo de Ginebra y parecen “enredadas” en dos equívocos monólogos. Guyana sostiene que el objeto del Acuerdo es, en primer lugar, establecer la validez de la contención venezolana de que el Laudo es nulo e irrito. Se trataría, por tanto de una disputa esencialmente jurídica y los “posibles resultados de la controversia así definida serían o el de la afirmación de la validez del Laudo y con ello el cese de la reclamación venezolana y la consiguiente consagración del “status quo” existente o el del reconocimiento de la nulidad del Laudo y con ello la apertura de un nuevo proceso de delimitación. Tal nuevo proceso debería entonces, según Guyana basarse en el Compromiso Arbitral originario, el Tratado de Washington de 1897.” (3) Venezuela, por su parte, afirma que no tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una controversia estrictamente jurídica. Además una “Comisión Mixta es una institución puramente política y difícilmente podría esperarse de ella un dictamen jurídico, sobre todo siendo las partes mismas los miembros de la Comisión. De ser jurídico su mandato los Comisionados se verían en la insostenible posición de ser juez y parte.” (4) Negociar la validez o nulidad de un Laudo, más aún en una Comisión Mixta paritaria, es inconcebible. “La razón jurídica no es negociable: se tiene o no se tiene. Y difícilmente se confiaría a negociadores diplomáticos la función de adjudicar derechos.” (5) Por lo tanto, para Venezuela “el Acuerdo pone de lado el fraudulento Laudo de 1899”(6) y su objeto es el arreglo práctico de la controversia, satisfactorio y aceptable para ambas partes.
Efectivamente si, como lo plantea la posición guyanesa, la controversia se limita a establecer la validez o nulidad del Laudo, a primera vista, no se entendería la razón por la cual Guyana aceptó firmar el Acuerdo de Ginebra. Simplemente, se debería haber ido a la Corte Internacional de la Haya. Es indudable que, jurídicamente, para Guyana, el acuerdo de Ginebra es innecesario y deletéreo. Cheddi Jagan, el ya desaparecido ex Presidente de la república y líder fundador del Partido Progresista del Pueblo (PPP), actualmente en el gobierno, como jefe de la entonces oposición guyanesa, se opuso a la firma del Acuerdo de Ginebra y, en su obra “The West on Trial”, escribe al respecto: “El gobierno de coalición PNC-UF firmó conjuntamente con los gobiernos venezolano y británico el Acuerdo de Ginebra…y creó una Comisión Mixta (Guyana-Venezuela). Así se concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana y lo que era un caso cerrado desde 1899 fue reabierto.” (7) Es interesante destacar que estas palabras del líder fundador del actual partido de gobierno guyanés admiten claramente que, con la firma del Acuerdo de Ginebra, Guyana concede reconocimiento a la reclamación venezolana y acepta reabrir el caso que, supuestamente, había sido cerrado con el Laudo de 1899. Para subrayar la debilidad sustantiva de la posición oficial guyanesa sobre el Acuerdo de Ginebra, considero relevante reproducir aquí un comunicado sumamente claro de otro importante partido político en la historia guyanesa, la Working People´s Alliance (WPA): “La firma del Acuerdo de Ginebra, por parte de Guyana, pone a nuestro país en una situación que limita considerablemente nuestra libertad de acción. Para Guyana insistir ahora en interpretar el acuerdo como un mero instrumento para ratificar el Laudo de 1899, el cual fue puesto en duda en Ginebra, en 1966, probará severamente la paciencia de todos los interesados. Es tiempo ya de decirle al mundo que Guyana está llevando a cabo una enorme autodecepción al afirmar que su posición es la firme defensa del laudo Arbitral de 1899. (El gobierno Burnham) debe explicarle al pueblo guyanés y al mundo, especialmente al Caribe, qué intención tenía al acordar en 1966 que la disputa debería ser resuelta en una forma satisfactoria tanto para Venezuela como para Guyana. Ya que, en 1966, el Laudo de 1899 no satisfacía más a Venezuela y por la propia evidencia del Acuerdo de Ginebra eso era bien conocido por Guyana, es el gobierno guyanés que debe decir qué es lo que entendía por una solución práctica de la controversia. Para el gobierno guyanés decir que considera al Laudo de 1899 como una solución definitiva y después ofrecer, en el Acuerdo de Ginebra, de trabajar para una solución práctica aceptable para ambas partes fue muy poco inteligente. Ningún encubrimiento puede ocultar el hecho que el régimen cometió un serio error.”
Las razones de la firma del Acuerdo de Ginebra por parte de Burnham hay que buscarlas en el plano político. La Gran Bretaña, veía en el acuerdo de Ginebra una fórmula elegante para “lavarse las manos” y dejar a las partes más directamente involucradas la solución de la controversia. Por tanto, el gobierno británico ejerció una fuerte presión sobre Burnham, especialmente al vincular la concesión de la Independencia a la aceptación
del Acuerdo de Ginebra por parte del gobierno guyanés. Burnham, por su parte, percibía a la Independencia como un objetivo prioritario en función del mantenimiento del poder. En primer lugar, lograr la Independencia era, “eo ipso”, un objetivo que obviamente produciría jugosos dividendos políticos para su partido (PNC). En segundo lugar, Burnham, desde el primer momento, resintió la limitación a su autonomía de acción que implicaba la continuada presencia del gobierno británico en su papel de árbitro supremo de las “reglas del juego”, en el sistema político guyanés. La desaparición, con la Independencia, de la Gran Bretaña del escenario, permitiría la modificación de esas “reglas del juego”, especialmente las electorales, en un sentido “favorable” a los intereses del PNC. Para Burnham, el “costo” político de la firma del Acuerdo de Ginebra era muy inferior a los “beneficios” de la Independencia.
Ahora bien, durante las últimas décadas, el gobierno guyanés, manteniendo su posición oficial, en diferentes oportunidades, extraoficialmente, ha aceptado explorar hipótesis de solución sustantiva de la controversia, con la esperanza de obtener a cambio algunas ventajas económicas, como el apoyo venezolano para el proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni, la interconexión eléctrica, la financiación de la factura petrolera etc.
Es obvio que, en abstracto, con dedicación y mucha imaginación es perfectamente posible encontrar una solución “práctica”. Sin embargo el verdadero problema consiste en que esa solución debe ser satisfactoria y aceptable para ambas partes. Toda negociación internacional entre dos países es una negociación compleja, que involucra los intereses de numerosos actores sociopolíticos relevantes de los Estados, que participan en la negociación. En el caso que nos ocupa, tanto en Guyana, como en Venezuela, existen, figuradamente, dos mesas de negociación, una “externa” y otra “interna”. La primera es la mesa oficial donde se sientan los negociadores de las partes: los gobiernos de Venezuela y Guyana. En la segunda mesa, cada gobierno debe negociar con los grupos “domésticos”, activamente interesados en el resultado de la negociación internacional. Un acuerdo en la mesa externa será políticamente viable, sólo si es aprobado en la mesa interna. Por tanto, una solución práctica y perdurable de la controversia sólo será posible cuando los gobernantes, en cada país, logren integrar una coalición mayoritaria de intereses internos que apoyen, o por lo menos acepten, el acuerdo negociado y alcanzado en la mesa externa. Si tomamos en cuenta que la reclamación venezolana abarca 156.890 km2, de los 214.920 km2 que integran el “actual territorio” del Estado guyanés, reconocido por la comunidad internacional, alrededor del 70% del total, nos daremos cuenta de la peculiar dificultad de encontrar una solución práctica, aceptable y satisfactoria, no sólo para las partes “sentadas” en la mesa oficial, sino para los grupos de intereses integrantes de las mesas internas, en cada uno de los dos países. Las negociaciones bilaterales deberían seguir bajo los auspicios de un “buen oficiante”, que debe ser nombrado por el Secretario General de la ONU, con el consenso de las partes, en la actualidad las partes ni siquiera se han puesto de acuerdo para designar el sucesor de Oliver Jackman, fallecido en enero de2007.
. Ahora bien, si Guyana nos sorprendiera un día aceptando oficialmente nuestra propia interpretación del Acuerdo de Ginebra y nos ofrece negociar un arreglo de la controversia, práctico, satisfactorio y aceptable para ambas partes, el Gobierno venezolano tendría un serio problema que resolver. En efecto, es evidente, salvo para el ignorante, el iluso o el imbécil, que cualquier imaginativa solución práctica que un gobierno guyanés pueda amistosa, pacífica y realistamente aceptar, involucrará una parte considerablemente menor del área terrestre y/o marina en reclamación. Es obvio que la recuperación pacífica, en el marco del Acuerdo de Ginebra, de la totalidad de la Guayana Esequiba es absolutamente irreal. Un Gobierno sensato, que quisiera seriamente enfrentar el tema de la reclamación, debería buscar un gran consenso nacional a través del diálogo y la negociación con todos los sectores fundamentales del país, incluyendo los medios de comunicación social, explicarle al pueblo venezolano que, pacíficamente, sólo es posible una recuperación muy parcial del Esequibo y diseñar e implementar una estrategia de Estado, para tratar de lograr una solución práctica a la reclamación. Desgraciadamente, consenso, diálogo y negociación, palabras fundamentales del vocabulario democrático, parece que no existen en el léxico de este gobierno.
El Acuerdo de Ginebra tiene el mérito de reabrir el caso y acabar con la invulnerabilidad jurídica del Laudo de París de 1899 y la presunción de cosa juzgada. Sin embargo, mientras no se logre la solución de la controversia, el Acuerdo deja a Guyana la ocupación y el dominio del territorio en reclamación, con las consecuencias y ventajas que eso significa. No obstante, basándose en el artículo V del Acuerdo, todos los gobiernos venezolanos se han opuesto a que Guyana otorgue unilateralmente concesiones y contratos en la zona en reclamación. El propio presidente Chavez, el 19 de marzo y el 1 de abril de 2000, expresó su enérgica oposición al otorgamiento de una concesión a la empresa estadounidense Beal Aerospace Technologies, para construir una plataforma de lanzamiento de satélites en el Esequibo. Obviamente, el mantenimiento del “status quo” es, para Guyana, una alternativa preferible a un acuerdo negociado, que implicaría algún tipo de concesión territorial a Venezuela. Por tanto, la posibilidad de desestimular los proyectos de inversión foránea en el Esequibo era una de las escasas herramientas que Venezuela tenía, para deteriorar las ventajas que la posesión del territorio le concede a Guyana. En marzo del 2004, en cambio, el Presidente Chavez declaró que Venezuela no se oponía a que Guyana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, con lo cual acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación. Desde entonces, Guyana tiene una poderosa razón más para no negociar. El “status quo” se ha vuelto todavía más favorable para los intereses guyaneses. “Más que un error se trató de una solemne estupidez”, diría el gran Talleyrand. Además el entonces Canciller Perez insultó la inteligencia de los venezolanos, al afirmar que esta concesión graciosa y gratuita se hizo para evitar que el Esequibo se convierta en”tierra de nadie” y, para colmo, cual Pangloss redivivo, nos aseguró que “con ese gesto hacia Guyana, todos vamos a ganar”. En realidad, con esta irresponsable e improvisada decisión, al alejar aún más la solución negociada de la controversia, todos perdimos, sobretodo Venezuela.
En febrero del 2007, el Presidente Chávez afirmó,y desde entonces lo ha repetido en varias ocasiones, que la reactivación de la reclamación venezolana sobre el territorio Esequibo en 1962, por parte del Gobierno de Rómulo Betancourt, fue producto de la presión de los Estados Unidos, supuestamente interesados en desestabilizar el gobierno autónomo (pero todavía no independiente) del Primer Ministro de la entonces Guayana Británica, Cheddi Jagan, quien era un marxista –leninista confeso. Al parecer, el Presidente Chávez repitió una declaración similar del embajador guyanés en Caracas, Odeen Ishmael, a un periódico de su país. El mismo embajador, en una entrevista concedida a El Nacional , sustentándose, en esa declaración presidencial y en la supuesta hermandad entre los dos gobiernos “socialistas y antiimperialistas”, afirmó que el Presidente Chávez debería “dar un paso al frente para retirar el reclamo venezolano . El Embajador Ishmael es un académico con un Phd en Educación y una excelente formación histórica y , en efecto, su afirmación de que los EEUU presionaron a Venezuela para que reactivara su reclamación territorial, aunque incierta, tiene cierta credibilidad histórica. Recordemos que en 1961, en plena “Guerra Fría”, la Cuba castrista se pasó al bloque de la Unión Soviética y en abril de ese año se dio la fracasada invasión de Bahía de Cochinos. En el gobierno de EEUU, se desarrolló la llamada “no second Cuba policy”, que se convirtió en el eje central de la política exterior norteamericana hacia la América Latina y el Caribe, durante la mayor parte de la década de los ’60. En ese contexto, una Guyana independiente, con Jagan al poder, tenía, a los ojos de Washington, todas las características de una potencial “segunda Cuba”. Por su parte, el Gobierno de Betancourt se enfrentaba, en los primeros años de la década del ’60, a un movimiento insurreccional, que era inspirado y financiado por Cuba, dentro de la tesis guevarista de la “exportación de la revolución”. En 1962, Betancourt, tuvo que sofocar dos sangrientos conatos de golpe de Estado, conocidos como el “Carupanazo” y el “Porteñazo”, provocados por la infiltración de elementos “castristas” en la Fuerzas Armadas. La coincidencia de intereses entre Betancourt y el Presidente Kennedy es evidente. Betancourt necesitaba el apoyo norteamericano para enfrentar tanto la insurrección izquierdista, como las conspiraciones de la derecha militarista, auspiciadas hasta su muerte, en mayo de 1961, por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. También, a nivel económico, Betancourt requería del apoyo norteamericano por la grave crisis, que se desató por una caída de los precios del petróleo. Para Kennedy, la democracia representativa venezolana era el modelo alternativo a la Cuba castrista en América Latina. Un modelo para ser atractivo debe ser exitoso, por tanto gran parte de la política de Kennedy hacia la América Latina pasaba por el éxito del experimento democrático venezolano. En el marco de esta “special relationship”, entre Kennedy y Betancourt, reafirmada en lo personal durante la visita de Kennedy a Caracas, a fines de 1961, no es inconcebible la hipótesis de un acuerdo Betancourt-Kennedy de utilizar la reclamación venezolana para impedir el surgimiento de una “segunda Cuba”en el hemisferio. Para Venezuela no se trataba solamente de aprovechar una coyuntura histórica única, para recuperar el territorio perdido con el injusto Laudo Arbitral de 1899, sino de evitar el establecimiento de un régimen que, podría convertirse en una base de apoyo para un potencial foco guerrillero en el oriente del país. Ahora bien, un acontecimiento, que tiene credibilidad histórica, no necesariamente es verdadero. Obviamente, el gobierno de Betancourt buscó y logró el apoyo de la administración Kennedy, por la mencionada coincidencia coyuntural de sus intereses, al respecto. Coincidencia, por cierto , que se terminó , después de la muerte de Kennedy, con la llegada al poder en 1964 de Burnham , que, en esos años, enfatizaba, hábilmente, su anticomunismo, para obtener el apoyo de los EEUU y de la Gran Bretaña, para sus aspiraciones. En efecto, con Burnham al poder, los EEUU dejaron de apoyar nuestra reclamación En realidad, la posición guyanesa es una absoluta falsedad histórica. La reactivación de la reclamación fue un proceso absolutamente autónomo, dentro del gobierno venezolano, provocado por la inminencia de la independencia de Guyana. Además, es obvio por todo lo dicho que, siendo Guyana en 1962 una colonia británica, para evitar que, en el futuro Estado independiente, surgiese un gobierno filocomunista no fue necesario “utilizar” la reclamación venezolana, sólo bastó que el Gobierno Británico postergara la independencia hasta que Burnham y sus aliados anticomunistas ganaran las elecciones. Más recientemente, el Canciller y el Primer Ministro guyaneses han reiterado el llamado del Embajador Ishmael para que Venezuela abandone definitivamente la reclamación, sustentándose en las declaraciones del Presidente Chávez, que, increíblemente, asume la posición de los grupos más radicales del Gobierno guyanés, deslegitimando políticamente la reclamación en sí, al afirmar que fue sólo un espurio instrumento de la Guerra Fría.
El Premio Nobel mexicano Octavio Paz dijo que la “ceguera biológica impide ver, pero que la ceguera ideológica impide pensar”. Efectivamente, la “ceguera ideológica” del Presidente Chávez le impide defender los derechos de Venezuela, en relación con la reclamación del Esequibo y nuestra “salida libre” al Atlántico, en la cual están en juego enormes potenciales de hidrocarburos. Para colmo, pasó casi totalmente inadvertida la increíble declaración del Presidente Chávez en la cual afirma que, si Colombia permitiese la instalación de una base norteamericana en la Guajira, entonces Venezuela reclamaría de nuevo la soberanía sobre la totalidad de esa península. La ignorancia y la irresponsabilidad que tal declaración manifiesta son impresionantes, antes que nada la soberanía, se tiene o no se tiene, o crees que, en derecho, la Guajira es nuestra y la reclamas o te callas. El supuesto derecho sobre la Guajira no puede depender de si hay o no una base norteamericana. Pero lo absurdo del caso es que los límites terrestres, a diferencia de los marinos y submarinos con Colombia, están definidos, delimitados y, en buena parte demarcados, a la luz del Tratado de Límites de 1941. En otras palabras, el caso de los límites terrestres con Colombia es un caso jurídicamente cerrado. El Presidente Chávez dio esta declaración frente a una audiencia militar y concluyó afirmando, entre aplausos, que ni un milímetro más de nuestro territorio sería entregado. En cambio, en cuanto a nuestra reclamación de la Guayana Esequiba, que, como hemos visto, está jurídicamente abierta, las acciones y omisiones del Gobierno Chávez parecen que están preparando el camino para el abandono unilateral y gratuito de la reclamación venezolana, perjudicando, el patrimonio, los intereses y el honor de esta y las futuras generaciones de venezolanos. Sin ningún tipo de reparación para Venezuela, la parte históricamente agraviada, no se cierra sanamente la controversia. Habrá muchos venezolanos, en esta y en las próximas generaciones, que considerarán ilegítima e inaceptable esta supuesta “solución” del diferendo histórico.
NOTAS
1) República de Venezuela, MRE, “Reclamación de la Guayana Esequiba”, Documentos 1962-1981, p.73
2) Ibidem p.74
3) Guerón Carlos, “ La controversia Venezolana Guyanesa: Las Opciones”, en Serbin A. ed., Geopolítica de las Relaciones de Venezuela con el Caribe, Caracas 1983, p. 198
4) Ibidem
5) Ibidem
6) Zambrano Velasco J.A., Discurso ante el Congreso de la República, Caracas, 17 de junio 1982, p. 14
7) Jagan Cheddi, “The West on Trial”, Seven Seas Books, Berlin, 1975, p.395.
