El Estado Campamental

En fecha 26 de julio de 2005, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad remitió a la presidencia de la Asamblea Nacional su informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), a los fines de la segunda y definitiva discusión. Acogió completamente las modificaciones realizadas en el Despacho del Ministro de la Defensa de fecha 27 de abril del presente año, en detrimento del proyecto originalmente consignado por el Ejecutivo Nacional en fecha 19 de septiembre de 2002, así como de la participación ciudadana en la elaboración de las leyes, de acuerdo al artículo 211 constitucional.

Evidentemente, como ocurriera con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, fabricada por el gobierno y acatada por los parlamentarios adeptos, muestra la escasa o inexistente independencia de los órganos del Poder Público, además de la curiosa contradicción entre la vicepresidencia consignante y el despacho ministerial del ramo. Por añadidura, no hay huella alguna del proyecto elaborado por el Frente Militar Institucional, expresión de la ciudadanía organizada que –junto al de 2002- nos parece de una mayor claridad conceptual y mejor técnica legislativa.

Por lo que respecta a la concentración de poderes en el jefe del Estado, confirmamos las intenciones del oficialismo. Así, la Comandancia de la Reserva Militar y de la Movilización Nacional, como de la Guardia Territorial, dependerá directamente del Presidente Chávez, mientras que los componentes tradicionales estarán bajo las órdenes de sus respectivos comandantes generales, subordinados al Ministro (no al Ministerio) de la Defensa. Valga acotar que, al nacer, la Guardia Nacional fue tributaria del Ministerio de Relaciones Interiores hasta integrarse, en semejantes condiciones a las otras ramas militares, como Fuerzas Armadas de Cooperación. Además, la Comisión Parlamentaria de Defensa y Seguridad “discutió crear e incluir” nuevos artículos – no otros que las modificados por el Ministro – sobre la línea y cadena de mando, quedando la conducción de las operaciones o empleo de la FAN en manos del Presidente de la República, la cual ejercerá directamente o a través de un tercero militar activo, mientras que la línea funcional o administrativa la ejercerá a través del Ministro de la Defensa.

Por si fuera poco, el Comandante Estratégico Operacional, integrante del Alto Mando, dependerá directamente del Presidente de acuerdo al artículo 85 del proyecto definitivo, copia del artículo 87 de las modificaciones ministeriales, mientras que el proyecto vicepresidencial precisaba -en su artículo 43- una dependencia operacional con el Presidente y administrativa con el Ministerio. Desde Juan Vicente Gómez no se veía tamaña concentración y personalización del poder, creando, subordinando y privilegiando otros componentes frente a los ya consabidos, e interfiriendo directamente en los asuntos operacionales, posiblemente más fácil en el campo interno que en el externo, consideradas las lecciones de la segunda guerra mundial.

Preocupa el papel de la FAN en la notoria crisis política del país y en el marco del socialismo petrolero cursante: por ejemplo, los artículos 2 y 3 del proyecto definitivo señalan como misión y función específica de la FAN, entre otras, la cooperación en el mantenimiento del orden interno, incluso, estadal y municipal, literalmente recogida la modificación hecha por el Ministro. Luego, desecha no sólo una necesaria definición de lo que es orden interno, como ocurrió con el artículo 2 del proyecto original del Ejecutivo, sino que desconoce aportes como el del Frente Militar Institucional que – en los artículos 2 y 3 de su proyecto – vincula el orden a la paz interna.

El proyecto oficialista de la LOFAN, acentúa la supeditación del mundo civil al militar, sin precisarla en una adecuada perspectiva de la defensa y seguridad, como – al menos- el proyecto de ley del FMI cuidó de hacerlo desde el primero de sus artículos. Encontramos que el proyecto definitivo, tomado de las modificaciones del Ministro de la Defensa, contempla que la Reserva Militar establecerá vínculos permanentes entre la FAN y el pueblo para garantizar la seguridad y defensa integral del Estado. Vale decir, la Reserva, dependiente únicamente del Presidente de la República, igualmente cooperadora en el mantenimiento del orden interno, tiene una misión estelar a propósito de la supervivencia del Estado (o de sus actuales dirigentes).

Juzgamos necesario reordenar las relaciones civiles y militares, bajo el principio de corresponsabilidad del Estado y la sociedad en una materia tan delicada como es la seguridad y defensa de la nación, requeridas de un distinto desarrollo institucional que –huelga decir- supedite el poder militar al poder civil. Por lo demás, no hallamos las restricciones de orden político para los militares activos, como ocurría en el proyecto de la Vicepresidencia e, incluso, en las modificaciones del Ministro de la Defensa, pareciéndonos más adecuado el tratamiento que hace el proyecto del FMI sobre los derechos y deberes de los militares. Y es que el oficialismo estimula el activismo político-partidista al no olvidar que, en su condición de Comandante en Jefe, Jefe de la Hacienda Pública Nacional, entre otras jefaturas, Hugo Chávez es el Jefe del MVR, algo que no ocurrió entre 1958 y 1999, cuando era liberado el Presidente de la República de toda disciplina partidista, comprendiéndolo como el de todos los venezolanos.

Podemos aseverar, por una parte, que el modelo neogomecista es incompatible con la democracia y el carácter institucional de la FAN; y, por otra, que el proyecto en cuestión refuerza la noción de un Estado Campamental o, al menos, conflictivo o siempre suspicaz frente a los ciudadanos, en emergencia permanente, operador espasmódico y selectivo de servicios, cuyo asistencialismo vocacional y defensivo no lo lleva a concebir, diseñar, implementar políticas públicas de largo alcance, sino a atacar los problemas según la gravedad que adquieran circunstancialmente. Hallamos, en el proyecto de marras, un refuerzo innecesario y contraproducente.

II.- Las dos vertientes municipales

“La noción misma de participación implica
la idea de pluralidad. La sociedad política
nace como tal a consecuencia de la participación
de una pluralidad de personas y de una pluralidad
de conjuntos pluripersonales”
Arturo Ponsati
(“Jacques Maritain: tercer proyecto”, IFEDEC,
Caracas, 1987, p. 246)

La participación no se entiende sin la personalización, esto es, el desarrollo espiritual y material de la persona humana. Además, Pier Luigi Zampetti, en unas jornadas sobre pensamiento comunitario, realizadas en Mérida, por 1973, llamó la atención sobre la necesidad de inventar una solución para que la participación política fuese efectiva correa de transmisión entre la voluntad popular y las instituciones estatales. Y, en otras jornadas similares, por 1988, René de León Schlotter, asomó el problema estructural de las sociedades atomizadas, el egoísmo, la corrupción y el servilismo, como asuntos que debía atajar la participación libre, organizada, consciente, eficiente, perfectible, vivida y comprometida. Agregamos, orientada hacia los valores de una genuina democracia pluralista, justa y participativa (Puebla, Nr. 193).

Con la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), nace un nuevo régimen en Venezuela. Digamos, riesgo y oportunidad que toma dos vertientes: la del autoritarismo que, en las circunstancias actuales, apela a la propia participación para prolongar en el poder a un determinado elenco; y la de una democracia urgida de su permanente reivindicación en el ámbito institucional más cercano al ciudadano.

Refería Ortega y Gasset que la moneda falsa no circula sin la verdadera y el texto legal de marras, descansa sobre una cultura democrática básica (y sobreviviente), en cuyo nombre puede definitivamente erosionarla o minarla, ya que el gobierno que proclama la democracia protagónica y participativa, no tolera en modo alguno el disenso y, he acá una novedad, en lugar de reprimir directa y obstinadamente a sus opositores, ha delegado tal represión en los otrora círculos dizque bolivarianos y, ahora, con desenfado, controlando toda la administración de justicia. Sumemos el caprichoso destino que le concede a los cuantiosos ingresos petroleros, entre otras ventajas, para deducir que “participar” y “protagonizar” hoy carece de sentido.

Para los incautos, ejemplifiquémoslo con el proceso revocatorio del mandato presidencial. Hubo un reconocimiento formal de la norma constitucional, pero el mandatario nacional no sólo confesó todo lo que hizo para afrontarlo, en un discurso pronunciado en la Academia Militar por noviembre de 20034, si mal no recordamos, sino propició, amparó y financió el sabotaje a la limpia recolección de las firmas, incluidos eventos como el de los reparos y el propio acto de votación. Por consiguiente, la participación se sinceró como una consigna más en el concierto de intenciones del oficialismo, reacio a toda pluralidad.

La LOPPM hace un reconocimiento ritual de la participación, creyendo o haciéndonos creer que la impulsa. Propicia su desorganización, habida cuenta que el municipio venezolano depende de las grandes inversiones en infraestructura y servicios, posibles si el administrador o los administradores del petróleo lo permiten; padece un anárquico proceso de urbanización, perdiendo progresivamente el sentido de identidad comunitaria; y provoca, como reacción desesperada, la legitimación del centralismo de salvación, condicionando fuertemente cualquier intento innovador.

Existe en el texto legal un conjunto de medios de participación que, en los hechos, los hace subordinados, alienantes, ineficientes, imperfectos, histriónicos y descomprometidos, dirigidos a reafirmar un modelo autoritario que se vale de las consignas democráticas. Por el exceso demagógico y propiciador de la evasión de responsabilidades de la autoridad municipal, el poder central jugará un papel decisivo en el destino de las municipalidades.

No entendemos las figuras de cogestión y autogestión en el texto, excepto se trate de sendos receptores del reparto petrolero que poco abonará a la emergencia de una economía social valedera, y estimamos que los grandes y recurrentes enunciados participatorios quedan disueltos en la trama de una vida municipal requerida de responsabilidad, eficacia y eficiencia: en la práctica, resulta en la constante plebiscitación de la autoridad municipal perteneciente a la misma familia partidista del Presidente de la República. Sin embargo, pieza neoautoritaria al fin y al cabo, ofrece la oportunidad para el desarrollo de una vertiente democrática, sobre todo al considerar los Consejos Locales de Planificación.

Los planteamientos de la oposición deben orientarse al desarrollo de la democracia con participación consciente y organizada, también reivindicada la representación política, explorando una futura posibilidad para reformar la ley. Sin embargo, nos parece esencial para atajar los efectos perniciosos del poder central, en los hombros de sus agentes locales, profundizar en el esfuerzo de una división real de poderes: debatir, legislar y controlar constituyen las mejores armas democráticas en un municipio neoautoritario.

III.- Hastío de poder

Recurrente ha sido la queja presidencial al reconocer que no gobierna. Apropiándose las consignas guevaristas, como un recurso de autoridad, llama a la eficacia que – precisamente – no lo caracteriza, en una gestión fracasada, excepto se trate de los esfuerzos, maniobras y otros afanes para preservar a cualquier precio el poder.

Se queja no sólo de su ministro de Vivienda y de Hábitat y hasta de la gobernadora del estado Portuguesa, así como ha hecho con los alcaldes de Caracas, como si éstos fuesen constitucional y legalmente agentes dependientes de su voluntad. Admitido el fracaso, concede un “tiempito” para “verle el queso a la tostada”, equivalente a otra admisión: no halla una expedita a través de personas preparadas y confiables para la tarea, a menos, que traslade a algunos de los adeptos civiles de la Asamblea Nacional para probar suerte en el Ejecutivo, reemplazándolos con los más confiables, obedientes y mínimamente conflictivos oficiales en retiro o en vías de un retiro previsible.

Tenemos, de un lado, que no hay desafinación de intérpretes sino ineptitud del director de orquesta. Por otro, la ficción de una separación de poderes, pues, en su condición de Jefe del Partido, semejante a la Jefatura del Estado o de la Hacienda Pública Nacional, todos son agentes del centro de decisiones de Miraflores. Y, finalmente, la terquedad de no reconocer que, por mucha voluntad que invierta, el modelo estatista para la construcción asistencial de viviendas, no es el más adecuado o … eficaz.

Consideramos que las quejas responden al hastío propio del poder presidencial, cuyo nivel de concentración no tiene precedentes por más de medio siglo. A falta de buen libreto, emergen para dar unos latigazos públicos: hastío propio de no haber gobernado y, siendo así, creer que gobernar es el resultado de la diligencia personal del presidente para mezclar cemento, pegar bloques o poner los bombillos, como si el director de orquesta pudiese ejecutar (y bien), todos y cada uno de los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión.