El dictamen de la Corte Celestial

Cuando el comandante Chávez Frías decidió de forma unilateral y arrogante modificar los contratos de asociación con las empresas petroleras transnacionales, les dijo que aquellas que no estuviesen de acuerdo con su proposición podrían apelar a la Corte Celestial. Su ironía criminal le está costando muy cara a la nación. La Exxon Mobil, en desacuerdo con la indemnización propuesta por el Gobierno desde el comienzo de las conversaciones, apeló a las instancias internacionales previstas en los convenios. Chávez quería pagarle a precio de gallina flaca las erogaciones hechas en el marco de los convenios. En vista del litigio, la Exxon hizo uso de la cláusula de arbitraje establecida en los contratos de asociación firmados por la República en 1997. Los resultados fueron los esperados: los tribunales de Inglaterra y Holanda fallaron a favor de la empresa petrolera, una de las más poderosas del mundo. La Corte Celestial emitió su primer dictamen.

La soberbia e irresponsabilidad inducen al teniente coronel a cometer estos errores de cálculo. Cree que a una empresa como la Exxon se le puede tratar como si sus accionistas y propietarios estuviesen en el mismo nivel que, digamos, Nelson Messerani y Ávila Mágica, a quienes pateo por el trasero sin la menor consideración. También piensa que los contratos que firman consorcios tan poderosos como la Exxon pueden ser desconocidos o violados impunemente, tal como él suele hacer con su Constitución, la del 99, o como hizo con la Carta Magna de 1961, a la que le entró a mandarriazos desde el mismo momento de su juramentación como Presidente de la República, el 2 de febrero de 1999.

En Venezuela, con la complicidad del Poder Judicial y de las demás instituciones encargadas de resguardar el Estado de Derecho, expropia industrias, invade fincas y haciendas, promueve tomas de fábricas, amenaza a cadenas distribuidoras de alimentos y atemoriza hasta a los propietarios de bodegas de esquina, sin que ninguna autoridad oficial se le oponga. En el plano internacional, otro el cantar. En el conflicto con la Exxon, a pesar de sus alaridos y de los que emite Rafael Ramírez, se ha tenido que dar cuenta, también a porrazo limpio, que la globalización no es sólo un proceso que se da a través de Internet, las telecomunicaciones, las transacciones financieras y la moda, sino, igualmente, en el terreno legal. La compleja red de negocios y la universalidad creciente de las inversiones, ha obligado a la Humanidad a crear instancias internacionales en las que se diriman los conflictos entre las partes. Esas cortes o tribunales no representan necesariamente los intereses del imperialismo o de las cúpulas empresariales del mundo, sino que constituyen espacios en los que magistrados de muy alto nivel tratan de dirimir las discrepancias comerciales y económicas sin que las diferencias terminen en conflictos armados o en revueltas. A esos tribunales también tendría que acudir PDVSA en el caso de que se presentase cualquier conflicto con intereses particulares en los países donde invierte. ¿O es que acaso los abogados de PDVSA son tan insensatos que no contemplan en los contratos que firman ninguna cláusula con una instancia arbitral imparcial?
La visión simplista y esquemática que el comandante posee de la sociedad, lo lleva a pensar que todo lo que ocurre en la Tierra se resuelve en cenáculos, y que por detrás de cualquier decisión judicial, por ajustada a derecho que esta sea, siempre está oculta una mano negra que busca perjudicar la revolución bolivariana. No es capaz de percibir que el mundo es mucho más complejo de lo que él se imagina, y que la trama de relaciones entre los gobiernos y los conglomerados industriales y financieros se hace cada vez más entramada.

En Venezuela desde 1883, cuando se establece la primera empresa petrolera en el estado Táchira, las relaciones con las grandes transnacionales del petróleo han sido difíciles e, incluso, traumáticas. Esos consorcios han tratado de aprovecharse de la inmensa riqueza del país, al tiempo que la nación ha construido defensas para impedir que se aprovechen indebidamente de ella. Ha sido una dialéctica intrincada. Sin embargo, los gobiernos han sabido lidiar con esas diferencias. La Ley de Hidrocarburos aprobada en 1943, frente a la cual las empresas petroleras levantaron toda clase de resistencias, fue aprobada en medio de enromes tensiones. Lo mismo había ocurrido años antes con la huelga de 1936, cuando los trabajadores, después de 40 días de paro, obtuvieron 1 bolívar de aumento diario. La nacionalización, en 1976, se produjo también en medio de amenazas y chantajes de las petroleras. Con ellas siempre ha habido tensiones. Sin embargo, los gobiernos a partir de 1936 entendieron que las discrepancias forman parte de las relaciones en el marco de un negocio que es tan lucrativo como exigente. A ningún mandatario se le ocurrió la peregrina idea de pelearse con las multinacionales. Siempre actuaron con prudencia y sensatez. Pensaron en los intereses del país, más que en ideologías vetustas o proyectos personales.

Ahora, al igual que con las relaciones con Colombia, el comandante Chávez considera que la actitud de la Exxon Mobil constituye una agresión personal. Un insulto a la majestad de su cargo. Como siempre, se encierra en su propio grupo. No le explica al país qué es lo está pasando, dónde residen los errores (si es que los hubo) del Congreso de 1997, ni cuáles podrían ser las consecuencias de la medida dictada por los tribunales internacionales. Se restringe a proferir insultos y descalificaciones insustanciales. Amenaza a Estados Unido con no suministrarle crudo, cuando sabe muy bien que de concretarse este ultimátum el único perjudicado sería nuestro propio país. Como siempre actúa de forma impulsiva e irresponsable. Esta vez no le funcionó el método Chaaz.