El costo de las arbitrariedades
El régimen bolivariano, desprestigiado adentro, por su ineficiencia evidente, preocupa afuera a los más moderados observadores. La violación de los derechos de humanos, reflejada en detenciones arbitrarias, procesos judiciales politizados, atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información, persecución, discriminación, violencia sostenida oficialista, confiscaciones, ante la mirada complaciente y de apoyo, expreso o tácito, de la Defensoría del Pueblo, que incumple con las obligaciones que le impone la Constitución, para favorecer los atropellos del régimen en todo el país, traducidos hoy en un lamentable saldo de estudiantes muertos, heridos y encarcelados por las fuerzas militares que utilizan ahora armas salvajes para castigar a quienes resisten pacíficamente.
El fracaso de la gestión bolivariana ha llevado al país al desastre. Un Estado que responde a intereses minoritarios, estatiza violenta y arbitrariamente todos los sectores, para dejar en manos de la ineficiencia y de la corrupción lo que hubiera podido ser fuente de empleo, de riqueza y de bienestar para los venezolanos.
En días pasados, de un solo golpe, en un vergonzoso espacio televisivo, Hugo Chávez declaro la confiscación de los Supermercados Éxito y anunció medidas en contra de otros del sistema de distribución de alimentos. Un atropello al que sus juristas, ignorantes como todos los que sostienen interesadamente el « proceso », denominan « expropiación por causa de utilidad pública”.
Las confiscaciones, llámenlas nacionalizaciones, estatizaciones o expropiaciones, coliden con la normativa constitucional y con la legislación interna que protege la propiedad privada y el ejercicio de actividades comerciales. También coliden abiertamente, como las anteriores y las que vienen, con las normas relacionadas con la protección y el ejercicio pleno de los derechos humanos, que no solamente están consagrados en la Constitución, texto despreciado por los bolivarianos, a pesar de su origen y su elaboración a la medida para favorecer el reinado de Chávez, sino en el Derecho Internacional que les consagra y les considera, normas imperativas o del jus cogens.
Las « expropiaciones », para utilizar el término al que recurren los asambleístas y el mismo Presidente, para avanzar en el proceso de despojo a nivel nacional, deben no solamente acomodarse al orden interno, sino al Derecho Internacional, particularmente cuando se trata de empresas o entidades con capital extranjero, como es el caso. Se exigen condiciones muy claras para su legalidad y, cuando se violan, cuando no se respetan tales exigencias, como en este caso, en el que se ha inventado la utilidad pública para justificarlo, irrespetando a la vez todos los procedimientos, se compromete la responsabilidad internacional del Estado.
La nacionalización consiste en la transferencia autoritaria de propiedades privadas al Estado o a una entidad pública, por razones de interés público. Sobre ello hay jurisprudencia internacional muy clara, por cierto. Para hablar de nacionalización o expropiación deben considerarse elementos específicos, de lo contrario estaríamos ante una confiscación, figura absolutamente distinta e impropia de los regímenes democráticos. Primero, debe haber una razón de orden publico clara, no un simple y grosero argumento político para decidir tal acción; después, que no sea discriminatoria, como es el caso; y, finalmente, el “expropiado” debe ser indemnizado en forma pronta, integral y efectiva, como lo establece la doctrina internacional y la resolución 1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada por iniciativa de los países en desarrollo, entre los cuales Venezuela, texto que enmarca los proceso de nacionalización o expropiación y que constituye referencia obligatoria al respecto.
Las nacionalizaciones o expropiaciones deben fundarse en razones de orden público, de seguridad o de interés nacional, consideradas superiores al interés particular, sea nacional o extranjero. Las acciones basadas en la discriminación desvirtúan el concepto de nacionalización o expropiación, asimilándolas a la confiscación pura y simple que tiene un carácter principalmente punitivo.
El régimen juega adentro y se compromete afuera con sus arbitrariedades que, además de tener consecuencias jurídicas que afectan los intereses nacionales, produce un efecto político muy serio. La inseguridad jurídica conlleva la desinversión, el alejamiento de los capitales extranjeros, indispensables para el desarrollo aunque los regímenes autosuficientes y totalitarios, como el bolivariano, lo desprecien.
