El circo

La elección de los miembros principales y suplentes del CNE se convirtió en un espectáculo de circo que, como todos los de esta clase, combinan la comedia con la tragedia. Desde 1958 hasta finales de los años 80 los partidos políticos escogen a los integrantes del antiguo Consejo Supremo Electoral (CSE) poniéndose de acuerdo entre sí. Seleccionan la casa de algún generoso anfitrión o un restaurante de moda, y al calor de un suculento plato de comida, un escocés de 12 años y unos vinos de Rioja, se ponen de acuerdo sobre quiénes integrarían el noble organismo. Nada de disimulos, nada de melindres. Se aplica el célebre principio según el cual nadie cuida mejor a un diablo que otro miembro de su propia estirpe. Opera un criterio sencillo: si intentas hacerme una trampa, aprovechando un leve descuido, te pago con la misma moneda. Al cuerpo electoral se incorporan miembros de la periferia partidista. Los famosos “independientes pro”. Es gente que a pesar de sus simpatías por AD, COPEI, el MAS o alguna fuerza minoritaria, logra mantener cierta compostura. Eso que llaman recato.
Luego de aquella etapa de esplendor de los partidos políticos vinieron las primeras reformas promovidas por la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la muy conocida y reconocida COPRE, y por grupos de la sociedad civil como FACUR, primero, y Queremos Elegir, después. De ese impulso surge la idea de reducir el número de integrantes del CSE y establecer que fuesen postulados por distintas organizaciones e instituciones sociales. Se permite que las universidades y las academias sugieran nombres. De 11 miembros la cifra se contrae a 7. La negociación entre los partidos se hace más compleja. El margen de uso del Consejo para premiar a los simpatizantes de la periferia se estrecha. Con las reformas de comienzos de los 90 el control de los partidos sobre la cúpula electoral se reduce levemente, no desaparece. Bien visto el proceso, habría que aceptar que se produce una leve mutación. AD y COPEI, y un poco más allá el MAS, siguen manteniendo su predominio, pues la elección del CNE la realizan sus diputados en el extinto Congreso de la República. El CNE es un organismo del Poder Central con autonomía funcional. Su legitimidad se la otorga el Congreso.

Hay que subrayar la importancia del proceso de selección de las autoridades electorales en 1998, pues, a pesar de sus defectos, impulsó el nombramiento de una directiva con varios independientes genuinos –Miriam Kormblith, por ejemplo- y redujo el protagonismo de los partidos políticos, al conferirles derecho a voz pero no a voto en la directiva, como parte del proceso de despartidización de los organismos electorales consagrado en la nueva Ley aprobada en diciembre de 1997.

Con la aprobación de la Constitución del 99 se crea el Poder Electoral. Se dedican un Capítulo –el V- y siete artículos –del 292 al 298- para definir la arquitectura de esta rama del poder público. La maqueta se completa con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) en noviembre de 2002, que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Poder Electoral, en cuanto rama autónoma del Poder Público (Art. 1). La cursiva la coloco yo. Quiero destacar el carácter independiente que este instrumento pretende darle a ese Poder, de modo de hacerlo congruente con la filosofía que supuestamente inspira a la Constitución. Esta pretendida independencia del Poder Electoral choca con los intereses del foro que lo elige: la Asamblea Nacional. El Poder Legislativo nacional reúne a los principales partidos, fuerzas políticas y grupos de electores del país, sectores que por su propia naturaleza tratan de controlar al árbitro electoral. Si de verdad se buscaba conformar un Poder genuinamente independiente, lo sensato era reducir el peso de los congresistas en la selección y posterior elección de los Rectores y demás miembros del CNE, al tiempo que convenía elevar la importancia de la sociedad civil, las academias y universidades en esa escogencia. Pero se impuso desde el comienzo la lógica partidista, lo mismo que cuando dominaban las “cúpulas podridas”.

Desde que se formó el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), organismo previsto en la LOPE para recibir, estudiar y seleccionar los candidatos que se presentarían a la Asamblea Nacional para que esta hiciese la escogencia la definitiva, se estableció que de sus 21 integrantes, 11 debían ser de partido y 10 de la sociedad civil. De aquellos 11, seis serían del MVR y los demás de otras fuerzas con representación parlamentaria. Las primeras negociaciones y transacciones que se dieron en el CPE, no siempre muy santas, arrojaron como resultado que de la lista de 408 nombres que optaron a formar parte del CNE, quedaran 115. Una segunda selección contrajo la cifra a 86, nivel donde permanece congelada desde que entró a la Asamblea Nacional hace más de dos meses. A pesar de la presencia excesiva de los partidos y de que el CPE pudo haber hecho un trabajo más selectivo que permitiese elaborar una lista más corta que facilitase la decisión de la AN, su desempeño fue exitoso.

El circo se monta es en la AN. Los partidos, el oficialista y los mismos de antes, utilizan el procedimiento legal establecido en la LOPE y unos cuantos nombres de prestigio, para maquillar la operación que les permitiría imponer sus propias fichas. Es decir, consumar la estafa. La diferencia básica entre unos y otros es que el Gobierno quiere tres Rectores, o sea, la mayoría del Cuerpo. Atrás quedó el hermoso principio constitucional y legal de la autonomía. Todos manipulan para tratar de darle algunos visos de legitimidad y transparencia a un proceso amañado desde el comienzo.

En todas las fases que se han cumplido los partidos se han negado a definir un baremo, lo que abrió las puertas a la discrecionalidad. Además, las deliberaciones comenzaron estableciendo “vetos” a personas independientemente de sus credenciales. Para la designación de los Rectores y sus suplentes se ha pretendido utilizar el método D’Hondt, regla que no aparece por ninguna parte en los textos legales y que reafirma el predominio de los partidos dentro del organismo electoral. Todos estos desaguisados condujeron a que en la lista que intentó aprobarse el 21 de mayo en la Asamblea Nacional, los miembros principales propuestos por ambos sectores posean menos credenciales que los suplentes y, además, exhiban una trayectoria de vinculaciones partidistas más notorias.

Dados los recientes acontecimientos en el Poder Legislativo, luce muy improbable que la AN pueda continuar el proceso iniciado por el CPE. Pareciera que al TSJ le corresponde culminar la operación que la AN no ha logrado concluir. Si este fuera el caso, al máximo tribunal correspondería superar los vicios que la AN propició.