El chavismo y su herencia

El tiempo que transcurre entre 1999 y 2014 muestra a Venezuela como un país archipiélago, que pierde su identidad en el momento mismo de nuestra fragua final como nación civil y democrática, una vez como alcanzamos los activos de la modernidad.

En cuanto a lo último bastan pocos datos. El promedio de vida del venezolano, 53 años para 1958, crece a más de 72 años hacia 1998. La vialidad de 6.000 kilómetros que la democracia recibe aumenta a 98.000 km. Y las primeras 3 universidades de mediados del siglo XX suman casi 400 instituciones de educación superior al apenas iniciarse el siglo XXI.

En cuanto a quienes hoy ocupamos – como suerte de refugio de damnificados – el espacio de la otrora República civil, otra vez secuestrada por las espadas, cabe decir que morimos de mengua, pasados los efectos de la droga revolucionaria. Somos el escenario más violento del mundo occidental, con 19.000 homicidios promedio cada año. Las reservas se agotaron en más de un 50% y las operativas se encuentran en su nivel histórico mínimo. Alcanzan para pocos días. La construcción de viviendas – 2.033.481 unidades durante los 30 años previos a 1999 – en los últimos 15 años mal supera las 296.047 unidades. Y el país petrolero que somos, ahora importa gasolina para el consumo interno.

La consideración anterior viene al caso por los golpes de Estado y a nuestra constitucionalidad – para dividir a la sociedad y hacerla violenta – ocurridos desde el año final del siglo pasado, durante la primera década del presente siglo, y en los tres años que lleva la segunda, cuyo saldo es el indicado.

Pero he aquí lo típico y novedoso de la experiencia venezolana de destrucción. Se usan o subvierten las formas del Derecho para consumar “golpes de Estado” continuados vaciando de contenido ético y finalista al mismo Derecho: medios en apariencia legítimos con miras a fines ilegítimos y disolventes de lo institucional, y fines supuestamente legítimos a través de medios claramente ilegítimos.

El soldado golpista, quien se hace de nuestra realidad por la vía electoral como un perro de presa, y quien antes, ayudado por Fidel Castro, obtiene como candidato el apoyo financiero de los dictadores libio e iraquí, e incluso el ucase del Departamento de Estado, a horas de ungido como Presidente de la República – desde el Paseo de Los Próceres y en febrero de 1999 – declara que robar no es un delito cuando se tiene necesidad. Tira por la borda, así, la disciplina social mínima que, sobre todo por hábito, priva hasta entonces dentro de la sociedad venezolana.

Desafía luego la autoridad de los otros poderes del Estado: “Debo confirmar ante la Honorabilísima Corte Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la conducción del Estado”, reza la carta que en abril de 1999 le dirige a los Jueces Supremos. Y éstos, doblegados, aceptan que el Teniente Coronel y mandatario en cierne convoque a una Constituyente al margen del orden constitucional en vigor; que logre elegirla según sus reglas y la controle tanto como la usa para aprobar una Constitución a su medida, mediante un pacto entre los suyos, que excluye a quienes juzga beneficiarios del pasado, la otra mitad de Venezuela.

Llegada la hora se abstiene el 53,7 por ciento de los votantes inscritos y Chávez – dado el modelo establecido para la circunstancia – al obtener el 65% de los votos sufragados se hace con el 98% de los escaños de la nueva Asamblea: 125 constituyentes oficiales y 6 constituyentes opositores. Y tal Asamblea Constituyente, sin encontrarse apoderada para ello, declara ser depositaria de la soberanía popular originaria y no encontrarse atada al Estado de Derecho.

De modo que, sin avanzar aún en la redacción de la nueva Carta, interviene y paraliza al Congreso de la República y lo que a la sazón más le importa, destituye sin fórmula de juicio a todos los jueces de la República. Les sustituye con jueces provisorios, dispuestos a purificar constitucionalmente las inconstitucionalidades que se ponen en marcha.

Cabe decir que la constitución naciente – aprobada por el 80% del 40% de venezolanos quienes sufragan durante el respectivo referéndum – se afirma inicialmente sobre el ideario del «césar democrático» o gendarme necesario, que tanto defiende Simón Bolívar al prosternar la obra constitucional liberal, democrática y republicana de nuestros Padres Fundadores, hombres de levita e ilustrados.

No por azar, cambiando lo cambiable, en su lenguaje contemporáneo, adhiere a dicho credo y lo entroniza como columna del país naciente. “No estábamos preparados para tanto bien”, el de la república democrática, dice Bolívar, por lo que, en su defecto, en 1819, desde Angostura, pide la forja de un senado hereditario integrado por las armas, a las que todo debe – según él – la patria; y pide un presidente vitalicio a la manera del monarca británico. Y en 1826, al otorgar la Constitución de Chuquisaca, se repite para disponer la erección de un presidente vitalicio e irresponsable con la facultad de nombrar su sucesor en la persona del Vicepresidente.

Así se explica que, fallecido Chávez, le suceda por fuerza su vicepresidente impuesto in articulo mortis – Nicolás Maduro Moros, a quien luego santifica la Sala Constitucional – antes del fingido simulacro electoral de abril pasado – haciendo mutar para ello y por dos veces al Texto Constitucional; pero sin vulnerarse la regla de oro, a saber, el mando permanece en manos militares.

1999 es el año cuando, a través de su director de inteligencia, Ramón Rodríguez Chacín, Chávez acuerda su “modus vivendi” con la guerrilla colombiana. La mantiene como huésped de honor para lo sucesivo, le ofrece auxilios financieros y petróleo, y hasta el lavado de sus narco-dineros. Y ya aprobada la nueva Carta Fundamental, decide congelar su publicación hasta finales del año, para que “su” Constituyente desmantele y sustituya de facto, bajo sus instrucciones, a los demás titulares de los poderes constituidos. Y hasta crea un “congresillo” de diputados, designado a dedo.

En el 2000, bajo alegato de errores de copia, se publica un nuevo texto constitucional distinto del aprobado mediante referéndum, sin participación de la Asamblea Constituyente. Y ésta, asumiendo potestades legislativas, dicta un Estatuto Electoral a conveniencia, prosterna el principio de representación de las minorías, y cambia el voto personalizado por listas cerradas, mientras su Congresillo designa a rectores electorales sin apego a las reglas de la nueva Constitución. La Sala Constitucional provisoria avala tales decisiones e incluso ajusta que ellos – los mismos jueces supremos provisorios – no requieren para su igual relegitimación de cumplir con la Constitución, pues ya ejercen sus cargos.

En el año 2001, Chávez ejerce como legislador supremo habilitado. Predica encontrarse a la cabeza de una lucha de negros e indios contra la oligarquía, y ordena mediante decreto la confiscación, sin mediación judicial, de la propiedad de las tierras privadas. Nacen, a pedido de éste, los Círculos Bolivarianos, como organizaciones de movilización popular para la defensa de la revolución a través de métodos de acción violenta, los cuales reciben su primer entrenamiento en la sede de la Embajada Libia, en Caracas. Su primer objetivo son los medios de comunicación social y los periodistas independientes.

En 2002 ocurre la renuncia presidencial – o el golpe de Estado, según Chávez – a raíz de la Masacre de Miraflores, que este propicia el 11 abril. Luego es restituido en el poder a manos de los mismos militares quienes horas antes lo inducen a renunciar y no del pueblo como lo sostiene el mandatario. Seguidamente, firma un acuerdo con Cuba para que médicos y paramédicos cubanos – parte de la “brigada internacional” de los 7.000 milicianos ya instalados en el país – drenen con su militancia sobre los sectores populares. La oposición viste de luto y el régimen celebra.

Llega en 2003 la tutela sobre Venezuela que determinan los Acuerdos de Mayo, propiciados por el ex presidente Jimmy Carter y el Secretario de la OEA, César Gaviria, a fin de encontrarle una solución pacífica y constitucional a la cruenta división del país, a su anomia manifiesta. Chávez privilegia sus relaciones con Irán y ejecuta, entre tanto, un “genocidio” en el sector petrolero, al expulsar de sus puestos de trabajo a 20.000 trabajadores de nuestra mayor industria. Los obliga, junto a sus familias e hijos, mediante el uso de la fuerza militar, al abandono de las viviendas que ocupan. Y nace la Lista Tascón, suerte de nómina oficial de la infamia, que marca la muerte civil de miles de venezolanos opositores quienes firman el pedido de revocatoria del mandato presidencial.

En el curso del 2004 se realiza el referendo revocatorio, cuyos resultados a favor de Chávez aplaude el presidente Carter. No obstante, ante la Comisión Segunda del Senado colombiano, la Canciller de Colombia Carolina Barco afirma que entre febrero y julio les son entregadas cédulas de identidad venezolanas a 500.000 colombianos en las zonas bajo control de la guerrilla. Y aquél, a la sazón, reconoce públicamente la injerencia directa de Fidel Castro para conjurar los riesgos a que se ve sometido por la realización del citado referendo, luego de lo cual anuncia “La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución”, que signa – ahora sí y de modo ordenado  el rumbo acelerado hacia la instalación del dominio cubano y sus prácticas sobre Venezuela.

En 2005, por decisión propia, el Presidente asume el rango militar de Comandante en Jefe con derecho a insignias y al ejercicio inmediato del control operacional del aparato castrense. El gobierno civil cede cabalmente. El régimen adquiere su verdadero perfil. Crea las milicias populares: el pueblo en armas, y en desafío a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU le otorga su respaldo público y formal al programa nuclear de Irán. De modo que parte del pueblo, que rechaza el avance hacia un régimen totalitario y en medio de una crisis política e institucional que no resuelven los Acuerdos de Mayo, opta por la resistencia. Se abstiene durante las elecciones parlamentarias de finales del año y la Unión Europea denuncia la falta de garantías democráticas e independencia del organismo electoral.

Llegado el 2006 Chávez encuentra surco propicio para la instalación de su modelo comunal comunista, a despecho de la Constitución. Crea por ley los consejo comunales, a contravía y en detrimento de la organización municipal e histórica de Venezuela. Nace un remedo de las bandas del paleolítico.

En 2007, seguro de sí y teniendo bajo control legal a la prensa, ordena el cierre de Radio Caracas Televisión. Manda la inhabilitación política de numerosos dirigente opositores y anuncia – sin lograrlo – la reforma de la Constitución a fin de liquidar el modelo económico de libre iniciativa privada y cambiar la geometría del poder u organización vertical del Poder Público para darle paso a las ciudades socialistas. Juan José Ravilero, Presidente de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana, confiesa que 30.000 cederristas que cuidan de Chávez y su gobierno.

En 2008 este dicta por decreto 26 leyes fuera del lapso de su nueva habilitación como legislador y afirma que el objeto de ellas es “profundizar el plan socialista”. Crea, mediante normas extra constitucionales, las bases para afianzar el dominio militar sobre la vida civil, sobreponer autoridades regionales de su libre escogencia a las autoridades estaduales y municipales electas, y proceder a la expropiación forzosa de toda la cadena económica relacionada con la alimentación.

En 2009, de espaldas a la Constitución impulsa y logra la aprobación de una enmienda puntual que le asegura su reelección a perpetuidad. Y en mensaje ante la Asamblea Nacional reconoce formalmente a las FARC y al ELN como grupos beligerantes legítimos, destacando que no se trata de terroristas. Y Castro reconoce que compra, a nombre y por cuenta de Venezuela, los repuestos para sus equipos médicos.

En el año 2010 se cierra el ciclo del avance hacia la dictadura y comienza a ceder el “autoritarismo competitivo”. El PSUV, partido oficial, se declara marxista y en sus bases programáticas anuncia el final del Estado de Derecho y la afirmación de un socialismo a la cubana. El Tribunal Supremo de Justicia, al inaugurar el año judicial, anuncia que así como en el pasado los jueces civiles y penales persiguen a quienes atentan contra el Estado de Derecho, en lo sucesivo castigarán a los disidentes del socialismo. Acto seguido, el doblegado Consejo Nacional Electoral reformula los circuitos electorales y otorga sobrerrepresentación a entidades poco pobladas. La oposición gana las elecciones, pero las pierde. Obtiene el 53% de los votos y le asignan menos diputados que al gobierno. Y ante el hecho sobreviene el golpe de Estado terminal que ejecuta el propio Presidente. Demanda de la Asamblea saliente le habilite para legislar por decreto durante el tiempo que corresponde al nuevo cuerpo representativo nacional elegido.

El 2011, sin embargo, descubre al Presidente como enfermo terminal y acaso, por razón de ello, discurre y concluye el año con los estertores, con los arrebatos desbordados de quienes saben que morirán políticamente con el fin del último gendarme de nuestra larga historia de país que no abandona su mentalidad rural, ni deja de invocar a los caudillos.

Chávez ejerce el gobierno desde La Habana, su hospital – sin transferir constitucionalmente el mando a su Vicepresidente – y firma decretos como si estuviese en Caracas. Antes le entrega el control sobre la producción de las cédulas de identidad a Cuba, quien adquiere el dominio sobre la información de cada venezolano. Y mientras la bandera cubana en izada en el Fuerte Paramacay, en Naguanagua, el Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, informa al Presidente de nuestra deuda con el Fondo Chino por 20.000 millones de dólares, más los 8.000 millones ya recibidos, ocasionándole a Venezuela un daño patrimonial de $ 18.430 millones de dólares.

El 2012 lo signa, apresurada por la muerte inminente de Chávez, la muerte moral de la República. Las ratas abandonan el barco. Se descubre la entrega, por deliberada omisión gubernamental, de nuestro territorio Esequibo y marítimo a manos de Guyana.

El renunciado Presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Coronel Eladio Aponte Aponte, confiesa haber condenado a inocentes – coludido con la Fiscalía General – y por órdenes presidenciales, y hasta liberado narcotraficantes como un acto de disciplina. Y el ex Fiscal y ahora Embajador en Roma, Isaías Rodríguez revela, cínicamente, que tanto él como el Comandante estaban al tanto de que ocurriría la Masacre de Miraflores en 2002. Y al hilo de la muerte, audaz ante la muerte, Chávez se hace reelegir para amarrar el futuro, sin medir el saldo de su aventura inconstitucional.

Es ésta, pues, la memoria inconstitucional e indecorosa de nuestra primera década y algo más de un siglo, el XXI, al que todavía no hemos ingresado. La “heterodoxia” democrática o su fingimiento llega recién a su final, en 2013. Le sucede, en lo inmediato, un régimen abiertamente ilegítimo, quizás despótico en su intención e iletrado, el de Nicolás Maduro Moros, civil y desangelado, y el de su sostén militar, el teniente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.

Ocurre ello mediante golpes sucesivos, nunca más encubiertos como hasta ayer, al orden constitucional vigente. La Sala Constitucional se encarga de hacerle decir a la Constitución aquello que no dice, para cumplir con el testamento político del causante, dictado por los hermanos Castro: Maduro asume como Encargado sin haberse juramentado Chávez, y luego siendo Vicepresidente se le acepta como candidato y es elegido Presidente, todo en contravención de la Constitución de 1999.

Venezuela, en la hora y por ahora, es hoy un cuartel militar arruinado, regentado por Mayores Generales del Ejército. Pero en buena hora al populismo, verdadero resorte que ha sostenido a esta experiencia amarga y disolvente de nuestra democracia, también le llega su término. El causante dilapidó los 750.000 millones de dólares que obtiene de nuestras exportaciones petroleras y cuyo 70% ocupa para importaciones no reproductivas y sus obsequios revolucionarios. A sus herederos les queda una deuda externa sideral, que crece desde 28.000 millones de dólares hasta 105.000 millones de dólares desde 1999. La devaluación de la moneda alcanza a 1.798 % y ya no hay medicinas ni alimentos, y los que quedan aumentaron 75% en sus precios.

De modo que, sobre esos pedazos de territorio social hecho hilachas, dividido el gobierno entre facciones y también la oposición, y aquél sin capacidad siquiera para amalgamarse – como hasta ahora – lucrándose del Estado, lo que queda en Venezuela es otro monstruo que nace y crece a partir de 1999, y es la herencia ominosa de 15 años de Revolución Bolivariana: la economía del narcotráfico y su producto fúnebre.

Ella, aprovechando la tolerancia del régimen – el pacto citado con las FARC de 1999 y la distracción de una sociedad que decidió mirarse en el ombligo, por agobiada y frustrada, esta vez nos empuja al abandono de nuestros hogares, casi a la huida. ¡Y es que en medio de la bonanza fiscal – ya exhausta – nos transformamos en el colectivo que más muertes violentas produce en Occidente, y Caracas se transforma en la 2a. ciudad más violenta del planeta. Las víctimas de los llamados “ajustes de cuentas” ya suman más de 200.000 personas. Y al tema de la droga y el establecimiento de su gerencia en Venezuela le huyen los políticos y de suyo la opinión pública.

De los aspectos constitucionales de este deslave escribo a profundidad en mis dos últimos libros: Historia Inconstitucional de Venezuela y Los golpes de enero en Venezuela, ambos publicados bajo el sello de la Editorial Jurídica Venezolana (Amazon.com), en 2012 y 2013. Son mi legado para las generaciones que hoy se levantan y un ancla para que la falta de memoria no les engulla, nunca más y luego de la reconstrucción civil, nuestro indómito espíritu de libertad.