El chavismo en el banquillo de los acusados en Ginebra

Que el chavismo admite que asiste a una cita difícil en la reunión del EPU (Examen Periódico Universal) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, lo revela, no solo la numerosa delegación con que se hizo representar, sino que la misma estuviese integrada por el canciller, Nicolás Maduro, el ministro del Interior, Tareck El Aissami, la ´presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, y la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

      O sea que, solo faltó el ciudadano aquel llamado Hugo Chávez (por más señas, presidente de la República), que una vez dio órdenes a la policía de echarle “gas del bueno” a los estudiantes que se volcaran a las calles a protestar; que dice, sin que nadie se lo pregunte, “que la revolución está armada y dispuesta a meter en cintura a quién no se la cale”; y el 11 de diciembre del 2009 dictó sentencia desde la televisión para que los Poderes Públicos, y los tribunales, condenaran a 30 años de cárcel a la Jueza, María Lourdes Afiuni, por haber CUMPLIDO con la ley.

Y sin que uno solo de los “defensores de los derechos humanos” que representan al gobierno en la reunión del EPU en Ginebra, Suiza, se diera por aludido, deslizara el más mínimo gesto de rechazo a la arbitrariedad de tan descalificado juez, sino que más bien, se lanzaron a aplicar “su sentencia” con indisimulada crueldad y cinismo, y decididos a llevarla a extremos que no se conocieron ni aun en las peores dictaduras que asolaron al país durante los siglos XIX y XX.

Personajes todos que cada cual a su manera, y en el rol que les corresponde como piezas en el engranaje del neototalitarismo, han contribuido a que Venezuela sea una sociedad con acusado atraso en la actualización de su estructura jurídica a las nuevas doctrinas sobre tutela y defensa de los derechos humanos que rigen en el mundo, y conozca esperpentos como las leyes de desacato, y por delitos de conciencia, que generaron decenas de miles de víctimas en el curso de las dictaduras que asolaron al Cono Sur del continente en las décadas de los 80 y 90, y millones durante los 70 años que imperó el comunismo en la Unión Soviética y sus satélites.

Por esas leyes se han perseguido y condenado en Venezuela a los periodistas Gustavo Azócar, Rafael y Patricia Poleo, Pablo López Ulacio, Ibéyise Pacheco, Marianella Salazar, Iván Ballesteros,  Leocenis García y Rafael Ramírez; a los generales Francisco Usón y Raúl Baduel, a los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero; a los políticos Alejandro Peña Esclusa y Oswaldo Álvarez Paz y se han cerrado medios como Radio Caracas Televisión y 32 emisoras de radio, alegando que a causa de que se les habían vencido las concesiones, pero en realidad porque permitían frente a sus cámaras y micrófonos críticos a la política oficial.

Pero la delegación de sui géneris “defensores de los derechos humanos” que representa al chavismo en Ginebra también defiende, y ha puesto su grano de arena, en la reintroducción en Venezuela de la “exótica” doctrina jurídica (cara a los dictadores de todos los tiempos y lugares) de  que la “legislación nacional no puede ser afectada por las decisiones que tomen los organismos multilaterales responsables de la defensa de los derechos humanos a nivel global”, los cuales, pueden decir misa, mientras que los acuerdos y convenios  firmados y refrendados por los parlamentos nacionales para convertirlos en leyes de la República, pueden irse muy bien a lavar ese paltó, porque sobre ellas “priva la soberanía y los intereses patrios”.

Anda por allá, en Ginebra, Luisa Estela Morales, la presidenta del TSJ que presentó la ponencia por la que Venezuela se desincorporaba del ordenamiento jurídico internacional, y que, además, recomendaba que “Venezuela debía renunciar a pertenecer a organismos multilaterales intrusivos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA”, y al propio organismo en cuya reunión participa este fin de semana en Ginebra: el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos de la ONU.

En otras palabras: que cualquiera sea la decisión que se apruebe en la reunión de EPU en Ginebra, Suiza, este fin de semana, para la delegación y el gobierno venezolanos son “letra muerta”, ya que desde hace  tiempo son consistentes con el principio de que no están obligados a cumplir leyes y sentencias que trasgredan la “soberanía nacional”, que para Chávez y sus  conmilitones, no  es otra cosa que  la “soberanía de la revolución.

Para verificarlo un caso reciente: el del exalcalde del Municipio Chacao, de Caracas, Leopoldo López, condenado a perder sus derechos políticos durante 15 años por una decisión administrativa de la “Contraloría General de la República”, organismo que no está facultado para ello según la Constitución Nacional, y por tanto, objeto de una sentencia de la CIDH que le restituye sus derechos, pero que el gobierno, a través del TSJ, se niega a cumplir, alegando que se “trata de una intromisión en los asuntos internos de un estado soberano. 

También debo referirme a la situación del colega periodista, Leocenis García, director del semanario “Sexto Poder”, preso desde hace dos meses por haber publicado una nota humorística que las funcionarias que presiden los Poderes Públicos, y están en su mayoría presentes en la reunión de EPU, “juzgaron lesivas a su honor”, cerrando el medio temporalmente,  librando una orden de captura en su contra que lo mantiene recluido en un calabozo de un organismo policial, sin que se le formule el beneficio de ser juzgado en libertad  que le corresponde en caso de ser encontrado culpable, previo juicio, por un tribunal.

Habría que hablar también del diputado, José Sánchez Montiel, Mazuco, electo  por el estado Zulia por una amplia mayoría de electores en las comicios parlamentarias de 26 de septiembre pasado, y a quien, de nuevo contraviniendo la “Constitución y las Leyes”, el TSJ le negó el derecho a ejercer su diputación y lo mantiene prisionero de  acuerdo a una legislación espúrea que no encuentra precedentes sino entre estados forajidos y al margen de la ley.

Por último, quiero referirme al caso de los directivos de Econoinvest Casa de Bolsa,  de otras entidades financieras y de los cientos de venezolanos que han tenido que huir del país  para ponerse al abrigo de leyes aprobadas para perseguirlos y tenerlos entre rejas por delitos no establecidos en leyes y códigos preexistentes,   ejemplos también de cuán respetuosos de los derechos humanos son estos representantes de los Poderes Públicos venezolanos que según el canciller Maduro fueron a Ginebra a demostrar: “Que Venezuela está inmenso en un gigantesco esfuerzo por construir un estado democrático”.

Aspiración que de ser cierta, no es en absoluto la que desean el canciller Maduro y el presidente Chávez para los pueblos libio y sirio, pues respaldan sin restricciones a los carniceros,  Muamar Gaddafi, y Bashar al Assad, el primero escondido y huyendo de los rebeldes libios que lo persiguen para llevarlo a tribunales internacionales que lo juzguen por crímenes de lesa humanidad, y el segundo acosado por los demócratas de su país que no tardarán en derrocarlo y cobrarle las innumerables masacres que comete a diario contra hombres y mujeres cuyo único delito es querer vivir en paz, libertad y democracia.

Pero es que otros estados forajidos, o condenados por la ONU por terroristas, como pueden ser los de Mahmud Ahmadinejad de Irán, Robert Mugabe de Zimbawue, y  King Jon-il en Corea del Norte, también gozan del respaldo entusiasta de estos “demócratas” venezolanos que, al parecer, se esfuerzan porque la comunidad internacional no los expulse de su seno, pero no tienen  empacho en avalar tiranos que tratan a sus ciudadanos, no como seres humanos, sino como bestias salvajes.

  O puede ser que Chávez y sus mentores, los dictadores cubanos, Raúl y Fidel Castro, estén experimentando con crear una comunidad internacional donde el respeto a los derechos humanos no se juzgue en base a principios que solo pueden ser generales y universales, sino de acuerdo a particularismos, singularidades y excentricismos que prescriban, incluso, que la esclavitud puede reasumirse porque existe en las costumbres y “cultura” de un país.

Lo mismo que la exclusión de la mujer de los derechos que se admiten para los hombres, el trabajo infantil, y el racismo contra extranjeros o nacionales que no compartan las ideas, políticas o religión de los gobiernos establecidos.

Una casuística que también aplicaron Stalin, Mao, Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet, Videla, y los hermanos Castro con las gigantescas y masivas violaciones de los derechos humanos que ya se conocen.