El Busto de Fidel y las Franquicias
Según varias páginas Web de noticias, entre ellas Noticiero Digital y Analítica, un dirigente del PSUV, anunciaría que previo a la colocación de un busto de Fidel Castro frente a la sede de la Asamblea Nacional serán retirados de la zona todos los establecimientos de comida rápida de las empresas estadounidenses McDonalds y Wendy´s.
Según las declaraciones del dirigente de PSUV “es una incoherencia ideológica tener dos negocios identificados con el imperio de Estados Unidos en el ‘casco histórico revolucionario’, en el Boulevard Bicentenario (…); no se trata de una xenofobia”.
Nos preguntamos qué tiene que ver la instalación de un busto con la desaparición de establecimientos de servicios que generan empleos y fuentes de sustento a familias venezolanas, establecimientos comerciales que pagan impuestos, realizan compras nacionales y en fin coadyuva a la generación de alternativas a los consumidores y aportan por medio de su actividad económica al PIB nacional. A los niveles del desarrollo de la especie humana y de las sociedades, no existe la posibilidad de una sociedad autárquica, tal prejuicio ideológico, anacrónico sin parangón en el planeta hoy día, lesiona a la sociedad venezolana.
Más allá, muchos de estos establecimiento de franquicia son de propiedad de venezolanos, representando inversiones realizadas por emprendedores nacionales. Sin embargo, en el caso que fuesen de capital extranjero, estarían generando empleo y valor agregado, por lo que la pretensión de remover estos establecimientos de servicios atenta contra el bienestar social, la actividad económica venezolana, la generación de empleos estables y sostenibles, y las alternativas de servicios de comida a favor de los ciudadanos.
Los contratos y la figura de las franquicias habían tenido, comercialmente hablando, cierto éxito en Venezuela. Sin embargo, las mismas han tenido que lidiar con las distintas vicisitudes que el resto de las formas organizacionales, comerciales o contractuales enfrentan, desde el control de cambio y su impacto sobre el pago de royalties y la repatriación de dividendos, así como sobre la adquisición de insumos, entre otras. En la actualidad se estaría sumando a estas amenazas, una sin criterio objetivo que atenta contra el interés público y el supremo interés de la nación.
El éxito comercial y económico de las franquicias, aparte de basarse en la innovación y valor añadido que el creador de la franquicia ofrece al mercado y a los consumidores muy particularmente, se encuentra explicado por la forma organizacional y contractual representada en la figura de la franquicia.
Particularmente, los contratos y la figura de franquicia constituyen una serie de restricciones verticales manifiestas por medio de una serie de cláusulas que perfeccionan al contrato o a la figura de la franquicia. En específico, una forma contractual manifiesta a través de unas tarifas en dos partes o un esquema de precios no lineales entre proveedor y comercializador final.
Aun así, la caracterización anterior no es exclusiva de las franquicias en términos de las numerosas clausulas o restricciones verticales introducidas en un mismo contrato. Sin embargo, el valor de marca y la transferencia de un know-how, previo pago de un royalty, sí representan una característica fundamental de las franquicias.
Las franquicias suelen implicar estandarización de servicios que reducen los costos transaccionales y las asimetrías de información hacia los consumidores, lo que coadyuvaría a una mayor y mejor competencia inter-marca.
Adicionalmente, su caracterización contractual de precios no lineales, vía tarifas en dos partes, evita problemas de doble-marginalización, beneficiándose los consumidores de un servicio o producto que goza de poder de marca, incrementándose el bienestar social y posibilitando una mayor rivalidad inter-marca.
Preocupa enormemente que tales prejuicios, desconocimientos y arbitrariedades puedan ser criterios en el diseño de las políticas públicas en la actual gestión de Gobierno. Estos enfoques draconianos en los cuales se hace exclusiva a una actividad pública, teniendo que destruir una actividad económica privada sin relación, carecen de justificación y resultan dañinas al país. Tales visiones y prejuicios perjudican a la sociedad y la economía venezolana.
