El bibliosidio
En este cuitado país las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Gracias a una minuciosa investigación adelantada por Laura Helena Castillo, publicada en la sección “siete días” de El Nacional el domingo 29 de marzo, nos enteramos, con lujo de detalles del horroroso crimen cometido por el exgobernador del Estado Miranda y ahora todopoderoso ministro, que solo se cree la diatónica primera sílaba de su nombre.
Durante su reinado estatal, en los lapsos transcurridos en los dos años anteriores, encomendó desincorporar y vender como papel de desecho más de sesenta mil libros que conformaban los activos de las bibliotecas públicas del estado. Esta cifra que en valores absolutos es enorme, representa, de acuerdo a lo expresado por la reportera, el quince por ciento de los libros que poseían dichas bibliotecas. Uno de cada seis libros.
La particularidad es que la escogencia de los futuros muertos se basó en el horrendo criterio de los valores que representaban dichas obras. Así, vemos como uno de los primeros objetivos fueron las Obras completas de don Rómulo Gallegos; singular venezolano que ya había molestado a la dictadura de Pérez Jiménez quien para combatirlo encargó, a un futuro Premio Nóbel, la elaboración de la cuestionada novela La catira. Don Rómulo estuvo acompañado de muchos otros autores conceptuales y hasta de autores de literatura infantil que elaboraron obras molestas a los bajos intereses del régimen.
Al analizar el hecho nos encontramos con varios delitos que no tenemos el poder, ni la capacidad de calificar.
En primer lugar estamos en presencia de un delito de disposición del bien público, en donde no se llevaron adelante los extremos que las leyes obligan.
En segundo lugar nos encontramos ante un delito de abuso del poder, cuando un gobernador dispone la eliminación de esos libros al margen de lo que prescriben las leyes y las políticas nacionales que dirige la Biblioteca Nacional.
En tercer lugar nos encontramos ante el delito de exterminio del saber nacional pues se eliminaron obras valiosas de dicho patrimonio.
En cuarto lugar nos encontramos con violación flagrante a la Ley anticorrupción pues en el supuesto, improbable y negado, de que las autoridades competentes hubieran llegado a la conclusión de que un bien debe ser desincorporado, la vía para hacerlo era la de una licitación pública donde hubieran podido concurrir bibliotecas privadas, comerciantes del ramo, libreros y otros interesados, que hubiesen podido pagar bastante más que los treinta y cinco céntimos de bolívar por kilo de papel de desecho. Amén de que en todos los casos alternativos, las obras hubieran mantenido su vida y utilidad y no transformarse en papel higiénico.
Las autoridades correspondientes, especialmente el Poder Moral…calla.
Este evento que es solo un capítulo del prontuario por el que tendrán que responder sus responsables, está perfectamente concatenado con la destrucción y desmontaje de las estatuas del Descubridor de América, Cristóbal Colón. El evento realizado hace unos años con la estatua de Colón en Golfo Triste ubicada en el paseo homónimo al oeste de la plaza Venezuela y el sucedido el mes pasado cuando el Alcalde, exministro y prócer del CNE, decidió substituir al ilustre navegante por una representación de nuestras raíces indígenas, constituye otra afrenta a nuestro gentilicio y a nuestras raíces.
Este régimen va bastante más allá de cuanto transitaron dictaduras anteriores. Y no pasa nada.
P.D.: Al momento de enviar estas líneas a la redacción del periódico, nos enteramos que en Carora también se eliminaron cuatro mil volúmenes, ahora pasto de las llamas, lo que da pie a contemplar en estos hechos una política de Estado.
