El artículo 32 (30% de margen) de la Ley Orgánica de Precios Justos y la Doble-Marginalización
En esta oportunidad, por medio del análisis de un único artículo de la Ley Orgánica de Precios Justos y sus eventuales repercusiones; explicaremos el inconveniente normativo de partir de presunción de culpabilidad e imponer prohibiciones absolutas sobre situaciones que pueden gozar de presunción de eficiencia. Lo anterior vale para cualquier fijación de precios o márgenes, como sanción previa, sin considerar caso por caso o si existe un monopolio natural, si se ha ostentado y abusado de una posición de dominio o sin analizar las características intrínsecas de cada sector, especialmente en lo referido a su naturaleza y tipos de tarificación y si estas se encuentra alineadas con el interés público.
El artículo 32 sobre el Margen Máximo de Ganancia establece:
El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio.
Primero queremos manifestar una preocupación de muchos sectores y empresas, por haber resultado recurrente en las inspecciones realizadas enmarcadas en la denominada “Ofensiva Económica”, que no queda del todo definido en la Ley, sujeto a reglamentarse: el concepto del margen y sobre cuál valor será aplicado (aun cuando la Ley hace mención a dar por bueno y vigente la doctrina de hecho desarrollada en las inspecciones). El artículo 32 plantea que el margen aplica sobre la estructura del costo. Si bien el artículo 29 asoma que la visión regulatoria se encontrará basada en costos, toda vez que establece como costos y gastos “aceptados” por la SUNDDE, aquellos razonables registrados contablemente; la estructura y los criterios para su construcción no se encuentran determinados, ni reglamentados a la fecha (la Disposición Transitoria Cuarta establece que el Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días, contados a partir de su entrada en vigencia). Aun así, dada la doctrina sentada por la extinta SUNDECOP, es de esperar ejercicios del tipo cost-plus en la formación, determinación y fijación de los precios. El problema que se ha presentado hasta la fecha, más allá de la discrecionalidad en lo que es o no razonable para el regulador –desestimando costos económicos y de oportunidad-, es que el margen se ha tendido a calcular como margen bruto o lejos de utilizar el Índice de Lerner (P-c/P)como proxy de poder de mercado o rentabilidad, a este último el denominador se le ha tendido a sustituir por el costo unitario, sobreestimando la rentabilidad y creando un sesgo contra la empresa en la regulación.
Segundo, destaca que la imposición como límite máximo de rentabilidad por estadio de la cadena de valor de 30%; podría facilitar problemas de doble-marginalización, producto de ineficiencias de la regulación y porque podría facilitar reducir la competencia intermarca o incluso facilitar el perfeccionamiento de carteles. Respecto a lo último, esta disposición de la Ley podría facilitar la fijación de márgenes sucesivos al constituir la excusa perfecta –credible commiment impuesto por el regulador- para que en renglones donde existe suficiente competencia intramarca, se facilite el punto focal de 30% de rentabilidad, que luego podría extraerlo los propietarios de marca vía una tarifa fija del tipo lump-sum, reduciendo la competencia intermarca.
Adicionalmente, tal disposición podría evitar o complicar, especialmente si constituye un criterio para determinar precios controlados, la utilización libre y voluntaria de contratos verticales que evitan el problema de Doble-marginalización o de márgenes sucesivos que lesionan al consumidor final y al bienestar social.
A continuación presentamos un modelo teórico que comprueba como los contratos verticales que perfectamente pudieran replicar una situación de integración vertical de los estadios de la cadena de valor, permitirían un menor nivel de precio, mayor beneficio de las empresas –lo que le imprime incentivos privados a perfeccionar estos arreglos organizacionales-, mayor excedente del consumidor y mayor bienestar social[1].
Director del Centro de Estudios y Análisis de Políticas Públicas y Regulatorias www.ceapre.com [email protected]
[1] Primero se desarrollará el caso de sector verticalmente integrado, que podría encontrar replica en un contrato vertical con una tarifa en dos parte, con la parte variable igual al costo unitario o marginal y la parte fija una cuota fija del tipo lump-sum –piense en los contratos de franquicia con royalties-. Toda vez que este resultado servirá de benchmark ante la situación de un sector que producto de la aplicación de una Ley como la Orgánica de Precios Justos Permitiría la fijación administrativa de márgenes sucesivos, donde cada uno de los estadios de la cadena de valor, por ejemplo el ubicado aguas arriba –la producción- y el ubicado aguas abajo – la distribución o comercialización- operan de forma independiente formándoseles márgenes sucesivos según el criterio del artículo 32.
Caso del Sector Verticalmente Integrado:
D(p)=1 – p , p=1 – D(p) , Costo Marginal=c
Max [ ( p – c ) ( 1 – p ) ] Función Objetivo
p
p – p^2 – c + c p = Beneficio = B
¶ B = 1 – 2 p + c = 0 Condición de Primer Orden.
¶ p
2 p = 1 + c p = 1 + c
2
Sustituyendo en la Función Objetivo:
[ 1 + c – c ] * [ 1 – (1 + c) ] = [ 1 + c – 2 c ] * [ 1 – ( 1 + c ) ]
2 2 2 2
[ 1 – c ] * [ 2 – 1 – c ] = [ 1 – c ] * [ 1 – c ] = Beneficio = ∏total = ∏integrada
2 2 2 2
∏total = ∏integrada = ( 1 – c )^2
4
Caso del Sector Sin Contrato Vertical y con márgenes sucesivos producto de la libertad que le permitiría la Ley:
En este caso las empresas maximizan su utilidad o beneficio con respecto al precio al cual cada uno se enfrenta a su pagador o comprador, esto quiere decir que el distribuidor maximiza su beneficio con respecto a su precio de venta al consumidor final (p), mientras que el productor maximiza con respecto al precio de su producto (pw). Este es el caso de la doble marginalización, donde cada componente de la cadena actuando separadamente, como monopolistas, carga una renta monopólica o explotan su poder de mercado en cada nivel de la cadena de comercialización.
Para el Detallista:
Cuando la empresa detallista o distribuidor actúa separadamente e individualmente del productor, su función objetivo se expresa de la manera siguiente:
Max [ ( p – pw ) ( 1 – p ) ] Función Objetivo
p
p – p^2 – pw + pw * p = Beneficio = Bd
¶ Bd = 1 – 2 p + pw = 0 Condición de Primer Orden.
¶ p
2 p = 1 + pw p = 1 + pw
2
Sustituyendo en la Demanda Tenemos:
D = 1 – [ 1 + pw ] = 1 – [ 1 + pw ]
2 2
D=2–1-pw D=1-pw Utilizaremos esta función de demanda en la siguiente sección
2 2 como la demanda del detallista.
Sustituyendo en la Función Objetivo (en la función de beneficio del detallista) tenemos:
( p – pw ) ( 1 – pw ) = [ 1 + pw – pw ] * ( 1 – pw ) = Beneficio del Detallista
2 2 2
[ 1 + pw – 2 pw ] 1 – pw = [1 – pw ]^2 = Beneficio del Detallista = ∏Detallista
2 2 2
∏Detallista = ( 1 – pw )^2
4
Para el Productor:
En este caso como se mencionó, cada uno maximizará con respecto al precio que estos venden, ya que no existe restricción vertical que fije los precios y haga precio-aceptante al agente al que le es impuesta la restricción.
Max [ ( pw – c ) (D( p )) ] Función Objetivo
pw
Max ( pw – c ) ( 1 – pw )
pw 2
Max pw – pw^2 – c + c pw = Beneficio del Productor = Bp
pw 2
¶ Bp = 1 – 2 pw + c = 0 Condición de Primer Orden.
¶ pw 2 2 2
Despejando su precio de venta:
2 pw = 1 + c pw = 1 + c
2 2 2 2
Sustituyendo en la Función Objetivo:
[ 1 + c – c ] * [ 1 – ( 1 + c )/ 2 ] = [ 1 + c – 2 c ] * [ ( 2 – 1 – c )/2 ]
2 2 2 2
[ 1 – c ] * [ 1 – c ] = ( 1 – c )^2
2 4 8
∏Productor = ( 1 – c )^2
8
Sustituyendo la expresión de pw expresado en función de los costos en la expresión de beneficio del detallista tenemos:
∏Detallista = [((1 – c )/2)/2]^2
∏Detallista = (1 – c )^2/16
Sustituyendo pw en la expresión anteriormente encontrada de p, tenemos:
p = (1 + pw)/2 p = [ 1 + (1 + c)/2]/2 p = [(2 + 1 +c )/2]/2
p = (3 + c)/4
Beneficio Total:
∏ Distribuidor + ∏Productor = ( 1 – c )^2 + ( 1 – c )^2
16 8
∏ Total = ∏ Distribuidor + ∏ Productor = ( 1 – c )^2 + 2 * ( 1 – c )^2
16
∏ Total = 3 (1 – c )^2
16
Precio Final del Sector No Integrado:
p = 1 + pw pw = 1 + c
2 2
p = 1 + (( 1 + c )/2) = ( 2 + 1 + c ) / 2
2 2
p = 3 + c
4
Precio Final del Sector Integrado:
p = a + c Entonces como 3 > 1
2 4 2
Precio Final Sector No Integrado > Precio Final Sector Integrado
3 a + c > a + c
4 2
Lo anterior se mantiene siempre y cuando se cumpla lo siguiente:
a > c
Se comprueba así que podrían existir casos en los cuales limitar el libre perfeccionamiento de contratos verticales en los cuales se imponen precios, podría complicar estrategias corporativas, alineadas con el interés público de evitar doble-marginalización en contra de los consumidores finales. Este es un caso típico de falsos positivos que serían víctimas de un control de precios y rentabilidades irrestricto, y con los criterios establecidos en el artículo 32.
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