El antídoto del autoritarismo
1. El eje de la reforma del Estado
La aprobación hacia finales de 1989 de la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de Estado, de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, también llamada Ley Orgánica de Descentralización (LOD), y, finalmente, la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, que permitió crear la figura del Alcalde, fue el resultado de una ardua y prolongada lucha de distintos sectores de la sociedad civil, especialmente los medios de comunicación, contra los sectores más retrógrados de Acción Democrática, que desde el partido o desde el Gobierno, se habían opuesto durante la gestión de Jaime Lusinchi a una reforma fundamental para democratizar al Estado mediante el fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales. Es cierto que la descentralización también tuvo adversarios en otros campos, por ejemplo el intelectual. El caso más destacado fue el de Jorge Olavarría, quien a la sazón incluso escribió un libro en el que intentó demostrar cómo la elección popular de los gobernadores y alcaldes conduciría de forma ineluctable a la aparición de caudillos regionales que promoverían la desintegración de la República, tal como había ocurrido a mediados del siglo XIX con la Guerra Federal. Sin embargo, opositores como Olavarría tuvieron muy poco peso. Los verdaderos enemigos del proceso se encontraban en el Gobierno y en AD. El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este partido estaba enfrentado a lo que consideraban un atentado contra el poder casi omnímodo de ese cenáculo.
A pesar de las resistencias del gobierno de Jaime Lusinchi y del CEN de Acción Democrática, en la ya desaparecida Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) hubo claridad acerca de la importancia de la descentralización política para atacar dos problemas cruciales del Estado venezolano: el presidencialismo y el centralismo. Mediante la elección directa de los mandatarios regionales por parte de los ciudadanos, se construiría progresivamente en la provincia un nuevo liderazgo, sin el control directo de las direcciones nacionales de los partidos; además, se apuntalaría la gestión de las gobernaciones y las alcaldías, para que estos órganos pudiesen llevar adelante una acción más eficaz e independiente del gobierno central.
La transferencia de competencias, servicios y recursos desde el Poder Nacional hacia los gobiernos regionales, se convirtió en el eje de la reforma democratizadora y modernizante del Estado impulsada por la COPRE
2. Los efectos una década después
Los efectos democratizadores de la descentralización se han podido apreciar en toda su magnitud a partir de diciembre de 1999, una década después de haberse realizado la primera elección directa de gobernadores y alcaldes. Los mandatarios regionales y locales han sido el principal antídoto del modelo autoritario promovido por Hugo Chávez y Luis Miquilena.
En diciembre del 99, cuando al amparo de la tragedia provocada por las lluvias en el estado Vargas, Chávez y Miquilena deciden asaltar el Poder y nombrar a dedo el Congresillo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal, el Contralor y la Defensora del Pueblo, el único espacio institucional que no se atreven a tocar es el que integran los gobernadores y los alcaldes Cometieron el abuso de liquidar las Asambleas Legislativas, sustituyéndolas por un cuerpo provisional (mini congresillo) encargado de supervisar la gestión del mandatario regional. Sin embargo, no tocaron a los gobernadores, ni a los alcaldes, ni a los consejos municipales.
¿Por qué Hugo Chávez y Luis Miquilena, a pesar de las constantes amenazas, no se han atrevido a destituir gobernadores, y sólo han decapitado a unos cuantos alcaldes de municipios muy débiles? ¿Por qué las pretensiones autoritarias se han detenido ante las murallas levantadas por las autoridades regionales y locales? Por la sencilla razón de que éstos son, en su inmensa mayoría, genuinos líderes en sus respectivas comunidades. Los globos de ensayo lanzados por Chávez y Miquilena les ha demostrado que resulta demasiado alto el costo político de defenestrar arbitrariamente a un gobernador. Ya probaron con Alberto Galíndez en el estado Cojedes. Lo acusaron de corrupto, de adeco (nadie, ni él mismo lo niega), de puntofijista. Lo trataron de sacar a empellones de la gobernación. La respuesta frente al atropello fue inmediata y contundente: el soberano de Cojedes se levantó en defensa de la autoridad elegida. El pueblo cojedense impidió que la arbitrariedad pasara. El resultado de la aventura fue que Galíndez quedó atornillado a su cargo y con una reelección casi segura.
Los gobernadores y los alcaldes han formado la barrera que ha impedido que en Venezuela se instaure una dictadura constitucional. Al contrario de lo que dijeron Jorge Olavarría y el ala más conservadora del antiguo CEN de Acción Democrática, los gobernadores y alcaldes electos en comicios populares han sido, junto con los medios de comunicación, el arma fundamental de la democracia representativa y participativa. Gracias a que esas autoridades se eligen mediante el sufragio popular, la democracia se ha podido mantener después de que Hugo Chávez asumió el Poder, especialmente después del zarpazo dado por la Asamblea Nacional Constituyente a finales del 99. Se equivocaron quienes vaticinaron que la descentralización política conduciría a la desarticulación del país y a la emergencia de fuerzas centrífugas que desintegrarían la nación haciéndola ingobernable.
3. La descentralización en peligro
El papel que les ha correspondido jugar a los gobernadores y alcaldes en defensa de la democracia, y contra el autoritarismo y el centralismo, ha tenido un precio muy alto. El cronograma para la descentralización de funciones y servicios en sectores como educación, salud, servicios públicos, atención a la madre y al niño, entre otros, se ha congelado. Ahora no existe un plan concertado de descentralización.
El Ejecutivo Nacional les ha restringido de forma severa los recursos financieros a las gobernaciones y alcaldías. La transferencia por concepto de Situado Constitucional se retrasa constantemente. Los aumentos de sueldos y salarios decretados por el Presidente de la República no pueden cancelarse oportunamente porque las partidas correspondientes no son trasladadas de acuerdo con el programa establecido. Los gastos de inversión están ejecutándose básicamente en el marco del Plan Bolívar 2000, y desde una visión clientelar y proselitista como nunca se había visto en el país El concepto de plan coordinado de inversiones, básico en la Ley Orgánica de Descentralización (CapítuloV), ha sido ignorado por el Ejecutivo Nacional. De acuerdo con la LOD “Los Planes Coordinados de Inversión se concertarán en la Convención de Gobernadores y posteriormente serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, en Consejo de Ministros” (Art. 18). En la Constitución Bolivariana el Consejo Territorial de Gobierno es el órgano que sustituye a la Convención de Gobernadores. Ahora bien, en el 99 el Presidente Hugo Chávez nunca reunió la CG. En lo que va del 2000, el Vicepresidente Isaías Rodríguez, autoridad competente para hacerlo, jamás ha convocado el Consejo Territorial de Gobierno. En los hechos, el Ejecutivo Nacional ha ignorado a las gobernaciones y alcaldías en lo que concierne a las inversiones coordinadas. Las instancias regionales son asumidas por el Gobierno central como un apéndice del Plan Bolívar 2000.
Las gobernaciones y alcaldías son sometidas continuamente a la asfixia financiera. El caso más dramático es el de Alfredo Laya en el estado Vargas. Lo más cruel de esta situación es que el torniquete se está aplicando en medio de una de las bonanzas petroleras más importantes registradas, desde que el crudo hizo su aparición en Venezuela. Además, los estados tienen pocas posibilidades de aumentar sus recursos por la vía de los ingresos propios, pues la actividad económica se encuentra tan deprimida, que no es posible que los gobiernos regionales incrementen la presión tributaria sobre unos industriales y unos comerciantes que se encuentran al borde de la ruina.
Con Hugo Chávez como Presidente de la República el proceso descentralizador siempre estará amenazado. A los mandatarios regionales Chávez los masca, pero no los traga. Poco importa incluso que sean de su propia acera. Chávez exige incondicionalidad total. El menor signo de autonomía es visto como rebeldía frente al poder de Miraflores. Los gobernadores tendrían que convertir ese inmenso poder y autoridad que poseen en una fuerza nacional organizada. Ellos constituyen uno de los pocos pilares sobre los que hoy se sostiene la democracia real. Son la pared donde se ha estrellado el autoritarismo.
