Opinión Nacional

El 350

Viendo cómo la voluntad popular expresada en el referendo del 2 de diciembre de 2006 ha sido desconocida groseramente por el régimen; luego de constatar que la voluntad popular expresada en las elecciones regionales del 23 de noviembre está siendo burlada abiertamente con el sabotaje a los gobernadores y alcaldes de la oposición elegidos legítimamente; ante el ventajismo y el abuso de poder desplegado en el referendo del 15 de febrero pasado; y ahora, ante la decisión del teniente coronel presidente de tomar por la fuerza de las armas los principales puertos del país, la gente se pregunta, con sobrada razón ¿hasta cuándo vamos a seguir prestándonos para que se burlen de nosotros cada vez que acudimos a las urnas electorales confiados en que con nuestro voto lograremos salvar al país del desastre? Esta pregunta la escuchamos cada vez con más frecuencia en estos últimos días. Ante la reciente ola de desmanes, atropellos, abusos y tropelías del régimen adquiere legitimidad la pregunta ¿qué podemos hacer para poner freno a esta embestida del teniente coronel presidente contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y contra nuestros derechos fundamentales?.

Las flagrantes violaciones de la Constitución que se han producido en las últimas semanas llevan a mucha gente a pensar que la solución es recurrir a las vías de hecho y a desear un desenlace basado en la fuerza. Sin embargo, la gran mayoría de los venezolanos -me cuento entre estos últimos- rechazamos una salida de esa naturaleza. Entre otras razones porque con toda seguridad ello acarrearía los mismos, o peores, males que los que queremos superar. Nuestra fe democrática nos prohíbe pensar en una solución que signifique un desvío de la vía pacífica y constitucional para resolver los problemas que confronta nuestra sociedad.

Las recientes arremetidas contra la propiedad privada, contra empresas productoras de alimentos, contra las organizaciones sindicales y contra la descentralización han originado reacciones que parecieran presagiar un despertar de la conciencia democrática de la ciudadanía. Representantes de los gremios, gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, han formulado, siempre dentro del marco constitucional y legal, denuncias y pronunciamientos categóricos de rechazo a las medidas que viene adoptando el régimen del teniente coronel presidente.

Ante la amenaza que plantea la reforma a la Ley Orgánica del Distrito Capital para crear la figura de una autoridad única -un vicepresidente designado por el presidente de la República que estará por encima del Alcalde Metropolitano con funciones similares a las que tuvo en el pasado el gobernador del Distrito Federal- las autoridades que integran el Consejo Metropolitano de Gobierno acordaron por unanimidad desconocer cualquier autoridad que no haya sido elegida por el pueblo. Esta decisión se encuadra perfectamente dentro del marco de lo legal y constitucional y debe recibir el respaldo, también unánime, de la ciudadanía, incluidos los muchos militantes del oficialismo que en un principio se identificaron con el proyecto del teniente coronel presidente pero que ya se han dado cuenta de que ese proyecto tomó un rumbo peligroso. La instauración de un vicepresidente para la región capital y la implantación de la llamada «nueva geometría del poder» persigue neutralizar a las autoridades locales y consolidar el poder central a la manera como existía en los fracasados regímenes comunistas europeos hoy desaparecidos pero que todavía prevalece en Cuba.

Pero pareciera que los venezolanos nos hemos olvidado de que existe el artículo 350 de la Constitución. O peor aún, parece que nos produce rubor o simplemente tenemos miedo de referirnos a esa importante disposición de nuestra Carta Magna. En gran parte eso se debe a que el teniente coronel presidente logró inducir en la mente de muchos ciudadanos la idea de que el recurso al artículo 350 es sinónimo de subversión, sedición, insurrección o conspiración y ahora nadie se atreve a apelar a esa norma constitucional.

Recordemos lo que dice el Artículo 350:
«El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos».

Afortunadamente los constituyentistas anticiparon lo que podía ocurrir en Venezuela. La norma constitucional es precisa y diáfana: cualquier ciudadano debe (no solamente es un derecho sino una obligación puesto que el lenguaje de la Constitución es imperativo: desconocerá) rechazar, desconociéndolo, cualquier acto, cualquiera decisión, de cualquier autoridad, que sea contrario a la Constitución. Una acción de desconocimiento realizada en ejercicio de ese mandato constitucional no constituye, bajo ningún respecto una actividad subversiva, sediciosa o conspirativa.

El artículo 350 impone a todos los venezolanos, civiles y militares, disidentes y chavistas, la obligación de desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas». Esos valores, principios y garantías democráticas están siendo contrariados flagrantemente cuando se asalta la propiedad privada, cuando se desconocen los derechos de los trabajadores, cuando se atenta contra la descentralización, cuando se sabotea la labor de las nuevas autoridades elegidas por el pueblo, cuando se ordena al ejército y a la marina tomar por la fuerza los principales puertos del país y cuando se amenaza con apresar a los gobernadores que se opongan a esa arbitrariedad. Si efectivamente queremos impedir que el teniente coronel presidente, burlándose de nosotros y despreciando la Constitución y la legalidad, siga avanzando en su empeño de implantar en Venezuela un régimen comunista, debemos, todos, recurrir sin rubor, sin miedo, sin complejos, al Artículo 350 de la Constitución. Este es el instrumento, el medio que la Carta Magna nos proporciona para defender, por la vía pacífica, la institucionalidad democrática. Tenemos el deber de utilizarlo.

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