¿Dónde y cómo está la sociedad venezolana?

En representación de una llamada “Mesa de Unidad Democrática”, el ciudadano Omar Barboza propone: “… declarar en emergencia nacional el problema de la inseguridad personal y convocar de inmediato el Consejo Federal de Gobierno… para que en la mayor brevedad posible pongan a ejecución con la mayor participación de los ciudadanos un plan concertado integral de seguridad ciudadana… llevar a cabo un plan de desarme de la población, atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad, brindar apoyo a la justicia de paz… el fortalecimiento de las policías municipales… un ‘lenguaje de paz’ por parte de las autoridades…” (Globovisión 22/06/09 11:48 horas).

“… El pasado castiga…”

No estamos al cabo de saber si el ex gobernador del Zulia Omar Barboza tiene muy mala memoria y/o confiando en la pésima equivalente del común de los venezolanos, juega el juego del gobierno mientras alimenta su ego soportándose en la tremenda ignorancia de quienes –electos o selectos– han sido juramentados y ejercen al frente de los diferentes despachos del Poder Público y con muy precisas responsabilidades en el complejo de seguridad pública (Minpopoinjust), de Administración de Justicia (TSJ, tribunales y jueces); de quien, por norma, ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal (FGR) y de la siempre silenciosa Defensoría del Pueblo.

Basta recordar precisos pasaje de la historia criminal en Venezuela para tener mucho cuidado con estos rimbombantes predicadores de oficio que hoy, pretenden dar lecciones en política y seguridad pública cuando en su no tan lejano pasado –23 años– como funcionario electo, juramentado y al frente de la gobernación del Zulia, nos brindara una excelente, cuando no brillante y ejemplarizante muestra de su particular desempeño cómplice de la impunidad que hoy campea.

No puede negar jamás el ex gobernador su ignominiosa sumisión al presidente de turno, Jaime Lusinchi, y su activa y directa participación en el articulado objetivo destinado al ocultamiento y al silencio impuesto como política de Estado sobre los desaparecidos y las particularidades de los múltiples crímenes perpetrados por funcionarios activos de la policía regional bajo su mando, a los cuales se les agregaron otros tantos activos de una y otra policía de carácter nacional.

Aquel grave complejo de circunstancias que fueron conocidos y divulgados por los medios de comunicación del país bajo el título: “Caso de los Pozos de la Muerte”.

No podrá jamás el ex gobernador brindar argumentos alguno en descargo de sus responsabilidades de aquel momento, siendo que, a raíz del secuestro del menor de 15 años Rafael Antonio “Macho” González (El Mundo 09/08/85), donde se señalaban a funcionarios policiales como autores del plagio y como derivado de deudas por cargamentos de drogas que no habían sido cancelados; de la ulterior desaparición de Mario José Urdaneta Perché alias “El Mocho” (El Nacional 01/10/85) y las concertadas declaraciones a los medios, una vez que es localizado y se saca la primera osamenta del citado Pozo de la Muerte –ubicado en el Fundo Los Quinteros, sector de La Cañada en el estado Zulia– y de donde fueron extraídos un total de seis cadáveres antes de que el gobierno tomara el control del área física, dispusieran y ejecutaran –Gobierno central, gobierno regional, FGR, Comandante de la Policía Regional, Director de la PTJ, Director de la DISIP– las medidas extremas para silenciar el asunto: Derrumbar la pared del rancho donde las víctimas eran baleadas; limpiar con tractor el área, modificar hasta desaparecer por completo la escena del crimen y por último, vaciar camiones de concreto al interior del aljibe –donde eran lanzados amarrados y de cabeza, vivos o muertos las víctimas–, con otros restos de cadáveres sin sacar aún del fondo:

1. “… Son huesos de vaca…”; Omar Barboza, gobernador de Zulia
2. “… Por allí hay unos diputados buscando unos pozos, pero allí no hay nada…”; Porfirio Valera director de la DISIP
3. “… Hay que ver si son huesos humanos…”; Jordán Petit, Jefe de Homicidios PTJ
4. “… No son restos humanos…”; Mauro Yánez Pasarella, sub director PTJ
5. “… Si son restos humanos, los lanzaron los diputados…”; Eleazar Cuotto Rendón Jefe Nacional de Investigaciones PTJ.

6. “… Puede ser que las osamentas sean de las víctimas de peleas entre guajiros o bandas de delincuentes…”; Pedro Arturo Torres Agudo, director PTJ.

7. “… Lo importantes es saber quién fue el datero de los parlamentarios… Se trata de una campaña contra la policía…”; José Manzo González Ministro de Justicia.

8. “… Gobierno y policía zuliana tratan por todos los medios de encubrir a los asesinos poceros…”; Hermócrates Castillo, diputado, Ultimas Noticias.

9. “… Funcionarios de la PTJ y jueces dirigen escuadrones de la muerte… ”; El Mundo lunes 31/03/86
10. “… En el último Consejo Policial realizado en Maracaibo, el Ministro de Justicia y de Relaciones Interiores ordenó que se aplicara ‘pena de muerte’ a todos los que tuvieran antecedentes…”. Documento confidencial enviado por funcionarios de la PTJ a la Asamblea Legislativa del estado Zulia y referido en el diario El Mundo 31/03/86.

A tenor del hoy vigente, bien pudiésemos recordar al ex gobernador del Zulia Omar Barboza parte de aquella vieja redondilla cuyo autor desconocemos: “… En esta vida mundana… olvida el hombre prever… que hoy, el ‘mañana’ de ayer… será el ‘ayer’ de mañana…”.

Política de Estado

Bien definido y documentado quedó en aquel momento el desempeño de los funcionarios de alta jerarquía del Estado frente a los múltiples delitos –secuestros, desaprisiones, asesinatos, masacres, extorsiones, atracos, robos– cometidos por los subalternos bajo su mando, dirección y supervisión; desde la propia presidencia de la República –ayer y hoy– se diseñan las políticas, se emiten las órdenes y se dan las instrucciones.

Expresión y gráfico ejemplo, justo y suficiente, de esa máxima que con frecuencia citamos: “… Nadie está interesado en acabar con la maquinaria de represión de la cual ha de servirse si eventualmente llega al poder…” (Casamayor)

Ayer el partido en el gobierno, Acción Democrática, y a solicitud del presidente Jaime Lusinchi, designó el candidato solicitado, y es así como el abogado Iván Rincón Urdaneta viaja desde Maracaibo a Caracas. Ya en la ciudad, primero pasa por el bufete del seleccionador y consejero, el abogado David Morales Bello y luego directo a Miraflores donde se entrevista y recibe las instrucciones de la propia voz del presidente. Regresa a su ciudad y se juramenta como juez y de inmediato asume el caso de “Los Pozos de la Muerte” (“… Iván Rincón sólo habla con el Presidente cuando necesita plata…”, Sebastián de la Nuéz; Tal Cual 29/06/01).

Iván Rincón Urdaneta, quien llegaría en esta supuesta revolución a ocupar la Presidencia del TSJ, como premio a su devota y criminal sumisión –de ayer y de hoy–, jubilado ya del TJS, se desempeña ahora como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Santa Sede; otro premiado por su, también criminal devoción, Julián Isaías Rodríguez Díaz, creador y director de la tramoya que orquestó para encubrir el asesinato de su subalterno el Fiscal Danilo Ánderson; esa sumisión lo acreditó con suficiencia y hoy se desempeña como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España.

¿Alguna diferencia de ese ayer con el hoy?

“Los Pozos de la Muerte” precipitaron en el gobierno de entonces decisiones graves para silenciarlo; para poder cubrirse las espaldas y dejar impune a todos y cada uno de los autores de esos crímenes.

A la periodista que llevó adelante la investigación, amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, vigilancias, intercepciones telefónicas; llevaron a la cárcel al editor del Diario de Caracas y ante la imposibilidad de silenciarlo, ejercieron presión suficiente sobre los dueños del medio hasta sacarlo del cargo; entre otras acciones, cuando se trasladaba a su residencia, interceptar con motorizados y en plena vía pública el vehículo del presidente de la empresa, abrirle las puertas del carro y luego huir sin hacer más, demostrándole gráficamente cuan vulnerable estaba frente al poder de los pandilleros del gobierno. Paralelamente, impusieron y lograron la clausura del programa de opinión de ese directivo en RCTV.

Recomienda el ex gobernador Omar Barboza:

a) La “… ejecución con la mayor participación de los ciudadanos un plan concertado integral de seguridad ciudadana…”.

Tendrá esto que ver con la recién discutida Ley Sapo, o no será lo mismo de siempre, una forma de permitir la evasión de las responsabilidades de los funcionarios a cargo; en parecidas o iguales condiciones que en el pasado: Ausencia de rendición de cuentas.

b) “… llevar a cabo un plan de desarme de la población…”.

Pero, acaso el ex gobernador ignora o se le olvidó que el principal proveedor de armas, municiones, chalecos, bombas lacrimógenas, vehículos, bases de operaciones y afines, es el gobierno en función de una definida política de Estado: La inseguridad es un arma política destinada al control social.

c) “… atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad…”.

Pareciera que el ex gobernador vive en otro país o sufre de un lapsus: ¿Alguna vez intentó lo propio en momentos en que ejercía el cargo en el Zulia, no fue contraria a ello, su conducta?.

d) “… brindar apoyo a la justicia de paz…”.

Definitivamente, no vive en este país puesto que, la confrontación, la división del país en mitades irreconciliables, es la única posibilidad que tiene esto que llaman gobierno de perpetuarse en el poder.

e) “… el fortalecimiento de las policías municipales…”.

Definitivamente, quien así opina, debería abandonar la fantasía o declararse socio del gobierno; aterrice de una vez. Más fortaleza que la que han demostrado con el diario asesinato de tantos inocentes, uno de sus últimos crímenes, el de la psicóloga Ana Matilde Raimondi de Bellorín (10/06/09) y el proceso en curso, al estilo de antaño, para garantizar la impunidad de sus ejecutores.

Conclusión

Bien podrían quienes pretenden en una “Mesa” de “Unidad” y “Democrática” plantear, discutir, diseñar y enseñar caminos a seguir en materia de Políticas de Seguridad Pública, comenzar por releer la historia política reciente, recordar, estudiar, documentar hechos y circunstancias, y luego el auto examen y la autocrítica, para con ello quizás, hacer una mejor selección tanto de las recomendaciones como de los voceros, o de quienes en un momento deban representarlos y hacer pública las resultas de sus análisis, apreciaciones y/o recomendaciones puesto que en materia de seguridad pública, ha de tenerse muy presente y como queda bien sustentado, pareciera que en esa historia cotidiana los registros señalan quién es quién y nos han dicho, nos dicen y nos dirán siempre a los venezolanos, y cualquiera otro sea el interesado: Por qué estamos dónde y cómo estamos.