Disquisiciones sobre la guerra (I)

Sin temor a exageraciones, para todos y cada uno de los integrantes de esta comunidad de seres humanos que tienen como lugar de asentamiento y tránsito el territorio de Venezuela, la inevitable materialidad de los riesgos a los cuales están expuestos, es a diario.

El asunto de la inseguridad pública, tema eminentemente político interno, tiene orígenes militares y ha escalado ya hacia estadios jamás conocidos en la historia de este país y que hoy se expresan en esas cifras impresionantes de asesinatos. Cifras sobre las cuales esto que llaman gobierno no tiene argumentos en descargo, menos aún, está en capacidad técnica para atender ni refutar.

Más de 150.000 asesinados en diez años, imponen una de las tasas relativas de asesinatos más altas del mundo: 50 asesinados por cada 100.000 en el territorio nacional y en la región capital del país, donde tienen su sede y despachan todos los responsables del poder público central, ya supera los 100 asesinados por cada 100.000 habitantes.

Precedente simétrico

Conocido que durante el Siglo XIX y principios del XX entre una u otra guerra convencional –desde el momento en que dos o más unidades de fuerzas armadas, equiparables en capacidad de acción y de destrucción, con o sin uniforme, a fines militares estructuradas, financiadas, pertrechadas, comandadas por múltiples estratos de mandos intermedios que respondían a un comando central y como tal, éste seleccionaba y aceptaba el excluyente camino de las armas como medio para alcanzar el poder político eliminando o pretendiendo eliminar físicamente al oponente para dominar e imponerse por las armas por sobre ellos y el resto del país– o de uno y otro alzamiento de caudillo regionales, zafarranchos, combates armados y masacres de civiles que causaron tantas muertes entre la población civil desarmada.

Pero esas muertes, mutilaciones y lesiones a civiles en la gran mayoría de los casos, fueron las consecuencias derivadas de los encuentros armados ocurridos en un eventual y/o seleccionado campo de batalla, entre los integrantes de los bandos armados y voluntariamente participantes en el conflicto. Civiles y militares, armados o no, mujeres y hombres, ancianos, niños y adultos unos más otros menos o por igual, estaban, en ese preciso campo de batalla, a merced de las balas –perdidas o no– que se intercambiaban los combatientes de uno y otro sector en una y otra circunstancia de la guerra interior en esos momentos en curso. Y aún así, ajenos a estos particulares combates, la cantidad de civiles no beligerantes y desarmados asesinados en esos eventos o por obra de individualidades y grupos ajenos a los intereses en conflicto, delincuentes o no, era bastante limitada.

Situacional

Hoy en día este conflicto armado –guerra, no declarada pero guerra al fín– al cual está enfrentada la población civil venezolana no beligerante y desarmada, difiere totalmente del citado y si se quiere simétrico precedente puesto que el conflicto de vida o muerte no es el equivalente a una guerra convencional, ni son los derivados de alzamientos de caudillos regionales; tampoco tiene el conflicto las características de una guerra irregular o no convencional al estilo de lo que la izquierda radical, pertrechada y con apoyo militar extranjero, intentara en los años sesenta.

La dinámica de ese conflicto armado no convencional ni irregular, ha impuesto y mantiene como campo de batalla todo el espacio físico del territorio nacional, incluidos en ello, sin aviso o alerta alguna, los espacios públicos y los espacios privados. Ningún centímetro del área física del territorio nacional está excluida de las balaceras en esta particular modalidad bélica.

Más aún, toda la población habitante regular o transeúnte en el territorio venezolano, sin distingo alguno de nacionalidad, condiciones, edades, sexos, creencias, intereses, voluntad o capacidad para su defensa y a todo lo largo y ancho del territorio, en cualquiera sea la actividad humana de la cual se trate, el lugar o momento de su vida, está enfrentada a diario –todas las horas y minutos del día–, dentro o fuera de su casa, de su cama o de su trabajo, de noche o de día, laboral o feriado, voluntaria o involuntariamente; enfrentado a una cada vez más evidente y expresa violencia letal impuesta por las armas, explosivos y demás equipamiento bélico bajo el control y en manos de los múltiples y diferenciados actores en este maxiteatro total de operaciones.

Protagonismos individualizados

Los oficiales: a) Funcionarios en uniforme o no, civiles o militares, adscritos a uno u otra dependencia del poder público, central, regional y/o local; b) los miembros, uniformados o no, del o los partidos políticos (PSUV) y de otros grupos que se identifican como afectos al gobierno (La Piedrita, Los Tupamaros).

Los oficiosos: c) Los miembros de los distintos grupos, nacionales y/o extranjeros que se identifican como irregulares o guerrilleros y que operan en las regiones fronterizas, en provincia y ciudades (FARC, ELN, FBL).

Los contratados: d) Las individualidades que habiendo desertado de uno u otro de los grupos citados, operan por su cuenta, con soporte y bajo contrato por uno u otro representante de grupos o intereses (Enanos o no, y afines).

Los asociados: e) Los miembros de organizaciones criminales dedicadas a las actividades de producción, tráfico y comercialización de drogas (Cártel del Sol); f) los miembros de organizaciones criminales dedicadas al secuestro, a la extorsión, al tráfico de seres humanos, al contrabando, a la piratería comercial y a otras tantas actividades comerciales ilícitas.

Los habilitados: g) Las individualidades y grupos organizados en barriadas y centros poblados marginales, dedicadas a múltiples actividades ilícitas; h) las individualidades y grupos que pudieren ser clasificados como delincuentes comunes, donde los primarios, los nuevos integrantes o novatos, comienzan su entrenamiento y aprenden generalidades y especialidades del oficio de la ilicitud, para luego, de acuerdo a sus capacidades y habilidades desarrolladas, incorporarse a uno u otro grupo de los ya citados, incluidos en especial los oficiales.

Expresión

Violencia letal específica y voluntariamente derivada definitivamente de una consistente política de Estado y que podemos identificar con precisión como una implementada, alimentada, concitada y especialmente evidenciada dinámica de la violencia: Terrorismo de Estado.

Esa violencia letal se impone y se ejecuta directa e indirectamente y a diario. Es más, en forma sostenida y permanente se reitera su vigencia en el hacer y, especialmente, en el decir de las individualidades y colectivos anclados en las posiciones de poder político del Estado. Se impulsa, se alimenta, se incita y se encamina tanto desde la cúspide de la pirámide jerárquica como por quienes electos o selectos, ocupan una y otra posición en los múltiples y distintos estamentos decisorias en uno y otro organismo oficial, y en los distintos órganos de ejecución material de esta definida y vigente política del Estado.

Esa violenta podemos perfectamente distinguirla, definirla y enunciarla en una conocida expresión que asumimos al efecto: En Venezuela “… El mayor crimen está ahora, no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar…” (José Ortega y Gasset)

Una guerra de nuevo cuño

Quizás en la historia de la humanidad existan muy pocos ejemplos sobre la eficacia de esa máxima del Siglo V AC: “… El arte más refinado de la guerra, es derrotar al enemigo sin tener que enfrentarlo en el campo de batalla…” (Sun Tzu). En este caso particular no se ha declarado oficialmente, no se declara ni se declarará esta guerra, ésta, sólo se ejecuta sobre la marcha.

Sin capacidad militar y económica para una guerra convencional, agotadas ya las habilidades, capacidades y oportunidades para una guerra no convencional; sin capacidad menos aún voluntad ni tiempo para asumir los riesgos derivados de las actividades y operaciones terroristas para el debilitamiento interno de un país y de la sociedad objetivo de la guerra y previo a su dominio, una variante bélica que no es simétrica, ni regular, no es irregular ni asimétrica, pero si, eficiente como los resultados a la vista, lo demuestran a cabalidad.

Esta pretendida revolución bolivariana con su muy particular cementerio aparte donde ya están sepultados más de 150.000 cadáveres, no lo es tal; no tiene nada de revolución, no es de izquierda, no es derecha, no es de centro, tampoco de medio lado, ni siquiera del otro lado, es simplemente una guerra de un Estado contra otro, aún cuando los ingenuos de uno y otro bando, civiles y militares, afecto o no, por ignorancia, cobardía y/o por oportunismo, nieguen la especie.

Una guerra donde su promotor, como hábil titiritero, se revistió en el tiempo de la necesaria paciencia para esperar su momento y hoy bien puede disfrutar de los beneficios de la máxima de Sun Tzu: a) Controla directamente todas las instancias de decisión política, militar, jurídica, económica y social de Venezuela; b) controla y dirige por interpuesta persona, la canalización del beneficio directo constante y sostenido de los rubros económicos que requiere su propio país y de las capacidades de producción del país sometido a su poder; c) desde su posición fuera del territorio, mantiene el control del poder de decisión política, sustentado en la continuada y sostenida anulación de toda resistencia posible que pudiere derivar de individualidades y de colectivos organizados, y de las cada vez más neutralizadas capacidades internas y externas, sean éstas políticas, militares, económicas y sociales.

Maquillaje bélico

Comienza bien atrás, desde la alborada de esta llamada revolución, cuando un viejo y curtido en esta lid y sus colaboradores, esbozan y acuerdan el programa de acción destinado a discriminar y desplazar por vías alternas, individualidades y colectivos con capacidad potencial para la reacción, la contención, la contestación y la también potencial emergente materialidad de una articulada resistencia a su viejo pero vigente proyecto político de conquista y de dominación del país, una de cuyas primeras debacles lo constituyeron las dos fracasadas invasiones militares combinadas de fuerzas militares nativas y extranjeras: Chichiriche y Machurucuto.

Ese riesgo latente debía y tenía que ser eliminado y para ello, no contando con el definitivo coraje necesario para la eliminación física de oponentes, sin las habilidades prácticas desarrolladas y capacidades de fuego sobre el terreno de los hechos y en impuesta e insuperable ausencia de los pelotones para el fusilamiento de opositores y de los campos de concentración al conocido y experimentado estilo de los inicios de los sesenta –difíciles sino imposible de reinstaurar dado el temor de los actores ante el sostenido desarrollo de las limitantes impuestas por los acuerdos internacionales vigentes–, otra vía de acción debía ser implementada en función de impulsar los necesarios e insustituibles desplazamientos de la población no afecta o contraria al proyecto.

Esa necesaria y dirigida desarticulación social, deberían entonces impulsarse mediando mecanismos indirectos precisos: Uno de ellos, desde el principio, crear las condiciones de inseguridad para toda posibilidad de vida humana y paz, y destinadas y dirigida a presionar sobre importantes sectores de la población autóctona hacia el abandono de su territorio de asentamiento, vivienda y actividad y hacia la emigración hacia otros países.

Quizás la primera expresión pública y oficial del asunto, sea aquella que retomamos: “… quien tiene hambre o tiene un hijo enfermo, tiene que robar…” (Paseo Los Próceres, Caracas 04/02/99)

De allí en adelante, en función de la revolución, el masivo reparto de armas, municiones, explosivos e instrumental bélico a la población civil bajo control o afectos a la izquierda radical y a los sectores más necesitados de la población, lumpenproletariat en especial, y el ulterior encuadramiento de esas masas afectas, en unidades centralizadas y adscritas al líder delegado del proceso.

Control de toda la maquinaria para la Administración de Justicia y en especial de todos y cada uno de los órganos de ejecución material de las medidas de policía, para imponer la justicia administrada y selectiva destinada en exclusivo, a la contención, amenaza y represión de las individualidades y de los colectivos no afectos, desafectos u opositores.

(Continua parte II)