Dislocación jurídica
Llegará el día en el que los oficiantes y ex-oficiantes del régimen intentarán borrar de los anales aquellas decisiones administrativas y judiciales que bien lo caracterizan, por ejemplo, extraviando o pulverizando las ediciones de la Gaceta Oficial que trazan los senderos de sus más arbitrarias o caprichosas actuaciones. Habrá historiadores que pretenderán una versión idílica de los acontecimientos al lado de otros que extremarán su patetismo, sobresimplificando motivos, causas o razones, contaminada sagazmente la memoria colectiva, reacios al esfuerzo perenne de absolución al que tenderá a convertirse –diezmada- la política.
Las opiniones pública y especializada, probarán distintas perspectivas para abordar una etapa que –nuevamente- prometeremos no repetir. Densos ensayos, prolongados debates académicos, incansables búsquedas testimoniales, subrayarán las distintas profundidades del “chavismo”, nombre provisional para un fenómeno indestructiblemente ligado a la renta petrolera y a sus miles de diferimientos. Empero, las más modestas sentencias y providencias tribunalicias, con sus formatos esencialmente lógicos y lacónicos, por más incongruentes o absurdos que sean los casos, incluyendo la extensa amalgama de los actos administrativos de un ejecutivo agigantado, dirán más que todas las aventuras teóricas, epistemológicas o metodológicas de los tesistas.
A modo de ilustración, de la personal responsabilidad delictiva pasaremos a otra de carácter familiar, pues, como creemos ocurre bajo los regímenes totalitarios, padres, hijos, hermanos y hasta relacionados deberán responder por los actos ajenos que tengan implicaciones o demostraciones aún involuntariamente políticas. Cabe ya el delito del cacerolazo, instrumento que –por cierto- ayudó a protestar y defenestrar pacíficamente a un mandatario nacional, subestimando y hasta despreciando radicalmente la bondad de las soluciones institucionales que nos dimos años atrás: tendrá que soportar y forzar toda nuestra tradición penalista, creyendo innovarla al precisar una variedad de tipificaciones regresivas que traicionen su lenta, pero segura evolución.
Estimamos importantes las consideraciones hechas por Alberto Arteaga Sánchez respecto a la obstaculización de las vías públicas, acusación que apunta hacia los estudiantes que tomaron las calles, porque cada juez tendrá que configurarla definitivamente con una alteración del orden público o una situación de catástrofe interior, mas no con un desconocimiento al derecho de protesta, a menos que sincere la intención subyacente de la reforma del Código Penal de 2005. Obviamente, al apreciar cuán lejos llega el régimen con la destitución de jueces como los de los estados Zulia o Falcón, en todo caso el decisor titular o el reemplazante irremediablemente dejará documentada en forma sencilla, expedita y directa los motivos políticos que realmente le asisten.
Un régimen asediado día a día, incluso, más por los problemas que ha agravado y por su propia e intransferible incompetencia que por sus adversarios, dislocará toda interpretación jurídica en el intento de domesticar las circunstancias eminentemente políticas. Y, siendo así, proseguirá el rumbo que una vez advirtió Román Duque Corredor, al emplear el Estado de Derecho para destruirlo.
JHS
Un buen día de dos o cinco años atrás, encontré a Normando Bonalde, comunicador y humorista, quien me sorprendió con una pequeña noticia: en un diario de circulación nacional que había cargado todo el día conmigo, sin ocasión de leerlo, muy amablemente había respondido Jesús Sanoja Hernández a una modesta observación que le había hecho. Hicimos los comentarios del caso. Y, a finales de 2006, encontré de nuevo a Bonalde avisándome de la enfermedad de Sanoja, con quién únicamente me vinculé como lector. Hicimos también los comentarios del caso y nunca pudimos reunirnos los tres, como Bonalde se comprometió, pues se fue prematuramente de este mundo y, ahora, lo hace Sanoja. Una doble tristeza y, en el mejor estilo bonaldista, un tronco de embarque el que me propinaron ambos.
